Si bien el proyecto que busca bajar la tasa máxima convencional y el de consolidación de la información de deudores, se han posicionado como aquellos que más preocupan al sector financiero, existe otra iniciativa, que también les quita el sueño,  y que avanza mucho más rápido en el Congreso.

Se trata del proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (nueva ley de quiebras), el que ya fue aprobado por la comisión de Economía del Senado, así como en una primera instancia en la sala. En ambas ocasiones de manera unánime.

Mientras, tanto los actores de la banca como los del retail miran con recelo el proyecto.  Claudio Ortiz, gerente general del  Comité del Retail Financiero, señala que "es relevante plantear la inquietud respecto a la discusión simultánea de numerosas regulaciones que generan gran debate e inquietud respecto del sector financiero". Hoy, agrega, está en un proceso de estudio del proyecto, respecto del cual darán a conocer un análisis más acabado dentro de las próximas semanas.

En todo caso, tanto entre los actores de la banca como los del retail, se manejan dos puntos como los más inquietantes: por un lado, la facilitación para que personas naturales puedan declararse en quiebra, y por otro, la instancia de protección financiera concursal con el apoyo de acreedores.

"Una preocupación para la banca es que el sistema que se está proponiendo  favorece muchas veces al deudor y pone término rápido a las deudas pendientes a la fecha de declaración de quiebra", explica el abogado Juan Esteban Puga, socio de Puga, Ortiz & Cía.  y experto en  derecho concursal.

En términos particulares, en el caso de la quiebra de personas naturales, la iniciativa local busca facilitar dicho proceso. De este modo, las personas al declararse en quiebra accederían a liquidar sus bienes, pagar con ello lo que se alcance de la deuda, mientras el remanente queda eliminado.

Mientras, en el caso de las empresas, el punto que preocupa es el correspondiente al proceso de reorganización -etapa previa a la quiebra-, frente al cual el proyecto contempla entre 30 y 90 días de "protección financiera concursal con apoyo de acreedores", lo que incluye la suspensión de ejecuciones contra el deudor; asegura el suministro; y  considera la venta de activos y préstamos para el financiamiento. Y al mismo tiempo, considera medidas cautelares y de restricción para el deudor.

Garantías que para algunos actores debilitan los derechos de los acreedores, lugar en el cual se encuentran los oferentes de crédito.

El abogado Nelson Contador, miembro de la Comisión que redactó el proyecto y  profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile pone paños fríos al tema: "el proyecto no contempla ninguna disposición que pueda significar la pérdida de las preferencias asociadas al pago de un determinado crédito, muy por el contrario; cuando se regula la participación de acreedores garantizados en los acuerdos de reorganización, expresamente se señala que estos acreedores no pierden sus preferencias si votan favorablemente estos acuerdos".

En esa línea, el presidente de la comisión de Economía del Senado, Eugenio Tuma (PPD) señala que esos temores son infundados y que "el nuevo proyecto incluye que el acreedor que continúe preveyendo a la empresa, tendrá una categoría de preferente" .

De todos modos este es sólo el comienzo de la discusión. Según señala el propio senador Tuma, hasta el 25 de julio estará abierto el proceso de consultas, en el cual se contempla la invitación tanto a los representantes de la banca, como a los del retail financiero, para darles a conocer el proyecto y también recibir sus comentarios.

Debes saber

¿Qué ha pasado?
La comisión de Economía del Senado y la sala aprobaron en una primera instancia el proyecto de ley que busca renovar la actual Ley de Quiebra.

¿Cuál es la preocupación?  
La banca y el retail está inquieta porque el proyecto se suma a una serie de iniciativas que afectan al sector financiero.

¿Qué consecuencias tiene?
El proyecto busca por una parte acelerar el proceso de quiebra, y por otro generar la instancia de reorganización previa.