La Fiscalía Nacional Económica (FNE) estimó que no correspondía el cobro de una tarifa básica de seguridad en el servicio de transferencia de carga aplicado a importadores y exportadores por parte de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW). De esta forma, la FNE pidió que la tarifa se elimine y también se sancione a las empresas por haber realizado el cobro.

Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la FNE pidió que sancione a estos tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio “por haber incurrido en un abuso de posición dominante mediante el cobro injustificado” de la tarifa de seguridad.

Según explicó la FNE, el cobro comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, un año después lo aplicó STI y en febrero de 2021 lo hizo DPW.

“Los cobros por tarifas de seguridad son injustificados porque se efectúan a usuarios que no mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios, y porque se refieren a actividades que ya han sido cobradas a las empresas navieras en la tarifa por servicios básicos de transferencia de carga, además de no encontrar respaldo en gastos o inversiones extraordinarias”, dijo la FNE en su requerimiento.

En detalle, la FNE pidió al TDLC que aplique a las empresas portuarias multas que totalizan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 25,1 millones. De este monto, 10.812 UTA (US$ 10,1 millones) corresponden a TPS; 11.047 UTA (US$ 10,3 millones) a STI; y 5.038 UTA (US$ 4,7 millones) a DPW.

En los alegatos realizados ayer en el TDLC, en el marco del proceso originado con motivo del requerimiento presentado en marzo de 2024 por la FNE, el coordinador de la división de litigios de la institución, Adolfo Weber, expuso, según detalló la FNE en un comunicado, los antecedentes que acreditan la posición dominante que poseen los terminales requeridos y el carácter abusivo del cobro de la tarifa de seguridad aplicado a usuarios cautivos que no pueden evitar su pago.

En este sentido, precisó que los importadores y exportadores afectados carecen de la capacidad, o enfrentan serias dificultades, para sustituir el frente de atraque por el cual movilizan su carga, debido a los relevantes costos de cambio que ello implicaría.

El abogado de la FNE señaló ante el TDLC que el caso presentado por la Fiscalía constituye un “abuso de posición dominante explotativo que permitió a las requeridas percibir injustificadamente ingresos adicionales cuya obtención se encontraba previamente limitada por la presión competitiva que ejercen las empresas navieras y el poder de negociación de estas”.

Weber explicó que, al aplicar el cobro de la tarifa de seguridad a importadores y exportadores, los terminales acusados lograron aumentar sus ingresos, ya que no modificaron las tarifas efectivas pagadas por las navieras por la transferencia de la carga, que ya incluían actividades de seguridad.