El coronavirus y la medicina social en Chile, los médicos también hablan de economía

Conventillo de Valparaíso, 1900.



Uno de los aspectos que ha develado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es lo que los expertos llaman determinantes sociales de la salud. Es decir, el reconocimiento de que la condición sanitaria de un paciente o de una población determinada no solo depende de los aspectos epidemiológicos propios de la enfermedad, sino también del nivel socioeconómico.

El Banco Central y organismos internacionales, como la Cepal, han señalado que la economía chilena se va a contraer el año 2020 cerca de un 7%, por lo cual las capacidades del país para enfrentar futuras pandemias se ven complejas.

¿Cuáles fueron las propuestas que ofreció la medicina social para enfrentar las condicionantes socioeconómicas de la salud? ¿Cómo los médicos emblemáticos de nuestra historia de Chile –Eduardo Cruz-Coke y Salvador Allende– abordaron el problema de la medicina social, en un momento en que campeaban pandemias como el tifus, cólera y tuberculosis?

A mediados del siglo XIX Chile tuvo avances significativos en la profesionalización de la medicina, a partir del fortalecimiento de la cátedra de medicina en la recién creada Universidad de Chile (1842) y el control del ejercicio profesional a través de las primeras sociedades médicas. El Estado apoyó el desarrollo de la medicina estableciendo el marco institucional y reglamentario para su ejercicio, además de la creación de una primera infraestructura hospitalaria a cargo de la Junta Central de Beneficencia. Es en este contexto que nace y se forma profesionalmente una primera generación de médicos que participa activamente del debate sanitario de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El deterioro de los indicadores biomédicos producto del proceso de urbanización e industrialización de fines del siglo XIX y comienzos del XX, así como los efectos de la crisis económica de 1929 y la posterior Gran Depresión, mostraron la relación evidente entre condiciones socioeconómicas y sanitarias. De acuerdo con el censo de 1930 la mortalidad infantil era de 240 por cada mil nacidos; la esperanza de vida de las mujeres alcanzaba solo los 41 años y de los hombres 39; y morían cerca de 10 mil personas al año solo por tuberculosis, mismo número de fallecidos que mueren hoy por todas las enfermedades respiratorias.

Diversos estudios y estadísticas de la época mostraban que muchas enfermedades eran sociales, no solo porque tenían trascendencia en un grupo importante de la población en cuanto a su mortalidad, sino también porque se originaban en las deplorables condiciones en que vivían las familias de escasos recursos. Es así como el ideario de la nueva medicina social se avino muy bien con un campo discursivo que agrupó a higienistas, médicos, abogados y urbanistas, entre otros sectores, interesados en el mejoramiento biológico de la población, la reducción de las tasas de mortalidad infantil y la recuperación de la capacidad productiva de los trabajadores.

Existe en la historia de Chile un buen ejemplo de una política sanitaria que buscó identificar, trazar y aislar a los pacientes enfermos. Nos referimos a la Ley de Medicina Preventiva de 1938 que promovió el médico Eduardo Cruz-Coke, la cual siguió los principios presentes en su obra titulada Medicina preventiva y medicina dirigida (1938).

En esta obra, Cruz-Coke expuso los principios orientadores de una medicina social, basada en el concepto de previsión biológica, interesada en “impedir que la enfermedad se desarrolle, que la invalidez y la vejez se presenten prematuramente, para que así la muerte aparezca al fin como una consecuencia lógica y a su hora”.

Este giro –realmente copernicano– suponía poner énfasis en los esfuerzos y acciones conducentes a anticiparse a la ocurrencia de la enfermedad, priorizando la pronta recuperación del paciente, asegurando su capacidad productiva y contributiva a la sociedad. En este sentido, el concepto de medicina preventiva iba mucho más allá de una simple oposición a la medicina curativa, como se la entiende comúnmente, incorporando una concepción donde el Estado era el responsable de asegurar a la población frente a la ocurrencia de riesgos presentes y futuros, ayudando de paso a garantizar la viabilidad financiera del sistema sanitario y el aumento de la productividad de los trabajadores.

La ley reconocía tres etapas importantes en la atención del paciente: el examen, el reposo y la encuesta social. Esta última herramienta –a cargo de una visitadora social– buscaba establecer las características que presentaban los componentes del grupo familiar, en especial el monto de sus ingresos y el número de cargas que dependían del asegurado, cuidando en garantizar la correcta alimentación de cada uno de sus miembros de acuerdo con los coeficientes de consumo por edad. Además, se debían evaluar las condiciones que presentaba la vivienda del asegurado, para establecer si se podía realizar en ella el reposo preventivo, junto con las condiciones morales del encuestado para determinar si debía hacer uso del subsidio o debía ser otorgado a la familia. Estos antecedentes, de acuerdo con la Ley, estaban a disposición de los médicos.

Para el médico Salvador Allende, en su obra La realidad médico-social chilena (1939), la mantención del salario era una condición necesaria para la recuperación del paciente enfermo, asegurando la capacidad de consumo de la familia durante el reposo.

Las propuestas económicas de los médicos

Provocó un cierto escozor en algunos economistas que los médicos se decidieran a hablar de economía en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las discusiones sobre las condicionantes sociales de la salud son de larga data en Chile y se plantearon en distintos congresos de medicina desde comienzos del siglo XX. El Primer Congreso de Alimentación Popular de 1931, organizado por el Colegio Médico de Valparaíso, discutió sobre el papel que tenía la alimentación y el salario como factores que limitaban la acción de una política sanitaria en el país.

Desde entonces los médicos participaron en la promoción de políticas alimentarias, las que buscaban mejorar la producción, distribución y acceso a los alimentos por parte de los sectores más pobres. Por ejemplo, a partir de 1936 se promovió por los municipios y el Estado la creación de Restaurantes populares, locales que llegaron a distribuirse a lo largo del país buscando ofrecer menús baratos y nutritivos, sirviendo de paso en la educación nutricional de la población. Se destaca el primer restaurante creado por la alcaldesa de Providencia Alicia Cañas en agosto de 1936, que estaba ubicado en la intersección de la avda. José Miguel Infante con Las Lilas (hoy Eleodoro Yáñez).

Por su parte, la alcaldesa socialista de Santiago, Graciela Contreras, favoreció la creación en 1939 de las Ferias libres, ubicadas en puntos estratégicos del municipio para acercar los alimentos a la población y reducir el monopolio del Mercado y Vega Central. Estaban ubicadas estas ferias en: Santa Lucía, Vivaceta, Av. Matta, Av. 10 de Julio, Martínez de Rosas y en la Alameda.

En 1940, el ministro de Salubridad promovió los Bares lácteos, locales distribuidos en distintas partes de la ciudad destinados a promover el consumo de leche, luego de la recién implementada ley de pasteurización de la leche, y evitar la promoción del alcoholismo.

Sin embargo, un aspecto era central. No servía mucho acercar los alimentos a las personas si éstas no podían comprarlos por la fuerte inflación y bajos salarios. Es así como los médicos participaron de la discusión sobre el establecimiento del salario vital y familiar que se dio a mediados de la década de 1930. Para ello establecieron una ingesta calórica diaria de 3.000 calorías a un costo de $3 pesos de la época.

El salario vital debía cubrir el salario, el vestuario y la alimentación, mientras que el familiar estaba destinado a proteger el conjunto de la familia. En 1934 (Ley N°5350) la industria salitrera fue pionera en la fijación de un salario que debía cubrir las necesidades fundamentales y en 1937 se aprobó la Ley N°6020 que estableció el salario vital para los empleados particulares. Posteriormente las comisiones mixtas de salario de diversas ramas industriales comenzaron a fijar sus propios montos de salarios vitales.

De esta forma, no tiene nada de excepcional el hecho de que los médicos participen de la discusión sobre las condicionantes sociales que presenta la población para cumplir efectivamente con las medidas sanitarias. Por el contrario, las políticas de salud pública deben, necesariamente, incorporar variables como ingreso, número de integrantes por familia, nivel de hacinamiento y años de escolaridad, junto con los factores de morbilidad.

En la actualidad, el escenario económico en el corto y mediano plazo se ve complejo, y afectará los indicadores sociales y sanitarios del país. Sería importante que los médicos tuvieran un mayor protagonismo a la hora de discutir, por ejemplo, un salario mínimo que garantice junto con la alimentación y la vivienda, aquel bienestar necesario para enfrentar los riesgos sanitarios de la vida moderna. Al menos hay antecedentes históricos que muestran que con efectivas políticas públicas se pudo derrotar flagelos como la desnutrición, la tuberculosis y la mortalidad infantil.

* Autor del libro: Gobernar es alimentar. Discursos, legislación y políticas de alimentación popular. Chile, 1900-1950 (América en Movimiento, 2018). Doctor en Historia, académico de la Universidad de Valparaíso y Director alterno del Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales de la Universidad de Valparaíso.

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