Comisión de la Convención Constitucional aprueba en general iniciativa que establece imprescriptibilidad de delitos que causen daño al medioambiente

La norma propuesta por nueve convencionales fue visada con 14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones en la Comisión de Medio Ambiente. En el marco de la discusión, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) planteó que la iniciativa tiene un carácter más “legal” y no "constitucional", precisando que su discusión “no parece tan necesaria” dada la existencia de la Ley 19.300, la que establece que las acciones emanadas de los daños ambientales prescribirán en un plazo de cinco años después de manifestados estos.


A las 9.30 de este martes la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional continuó con las deliberaciones y votaciones, en general, de iniciativas de norma ingresadas por constituyentes relacionadas -entre otras materias- a justicia ambiental en zonas de sacrificio, el reconocimiento de las semillas como patrimonio cultural y a la protección y bienestar de los animales.

Tras el cierre de la etapa de recepción de iniciativas populares de norma y de iniciativas de convencionales -el cual culminó el 20 de enero y 1 de febrero, respectivamente-, se dio inicio a la discusión en las distintas instancias. Son 947 propuestas de convencionales, 78 iniciativas populares y más de 250 propuestas de escaños reservados las que se debieron dividir entre las comisiones del órgano redactor.

En ese marco, este martes fue aprobada por 14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la norma que regula el “daño ambiental, justicia ambiental y reparación de las zonas de sacrificio”.

La iniciativa fue patrocinada por los constituyentes Camila Zárate -coordinadora de la comisión-, Manuela Royo, Tania Madariaga, Francisco Caamaño, César Uribe, Jaime Bassa, Carolina Vilches, Mariela Serey y Cristóbal Andrade, en respaldo de la iniciativa de norma popular Nº 8.410 promovida por el movimiento Un Parque para Las Salinas.

En detalle, la propuesta de articulado establece que los delitos que causen daño al medioambiente serán siempre imprescriptibles.

El artículo 63 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente -que rige actualmente- estipula que “la acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño”.

Debido a eso, uno de los cuestionamientos que surgió hacia la iniciativa -en medio del debate en la comisión- fue precisamente el plazo de prescripción que estipula hoy la ley y el ámbito de discusión de ésta. El convencional Pablo Toloza (UDI), quien optó por no votar, planteó que la norma corresponde a una “modificación legal, más que a un tema constitucional”, puesto que la Ley 19.300 ya “estableció una modificación legal” respecto a la prescripción.

Por su parte Bernardo Fontaine (Vamos por Chile), quien se abstuvo en la votación, también planteó que la norma en discusión tiene un carácter más “legal” y no de “Constitución”, por lo que “no parece tan necesaria”, haciendo alusión a la legislación actual y a los cinco años de plazo de prescripción.

Fundamentos de la norma

La propuesta, en concreto, plantea que “la nueva Constitución debe decretar la imprescriptibilidad de los delitos por daño ambiental, causados sobre la naturaleza y las personas”, para “hacer justicia ambiental por todas estas graves violaciones a los derechos humanos y derechos de la naturaleza”.

También, se establece la necesidad de “conseguir la justa restauración a su estado In Natura de las matrices ambientales dañadas y/o contaminadas de la forma técnicamente menos onerosa para la población afectada, además de poder resarcir las posibles afectaciones a la salud de las personas vulneradas”.

Sobre esto último, además incluye que “la responsabilidad de la restauración y reparación de los elementos dañados y previamente mencionadas queden en manos de los responsables del daño generado de forma dolosa o culposa”.

Si la iniciativa fuese aprobada en particular, continuará su discusión y votación en el pleno de la Convención. En caso de conseguir los 2/3, podría ser parte de la nueva Constitución.

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