La nueva batalla del CDE: Organismo se opondrá al abreviado pactado por la Fiscalía y defensas en el caso Penta

El organismo acordó oponerse al procedimiento abreviado que se discutirá el martes 3 en el caso Penta y en el que la fiscalía pretende suprimir el delito de cohecho y soborno imputado en 2014 a los dueños del holding y al exsubsecretario Pablo Wagner. Esta es la segunda vez que el CDE se enfrenta al Ministerio Público en casos de platas políticas. La primera batalla, en el caso SQM, la perdió.




El próximo martes 3, en el Centro de Justicia de Santiago se sellará el principal acuerdo que busca poner fin al denominado caso Penta, una de las investigaciones emblemáticas por el financiamiento ilegal de campañas políticas descubierto en Chile.

La audiencia -sin embargo- tendrá un protagonista inesperado, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió esta semana oponerse al acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.

La discusión

El debate fue intenso la tarde del martes 26 en el primer piso del edificio de calle Agustinas N°1687, donde sesiona el pleno del CDE. Como siempre sucede, hubo análisis diversos, pero al finalizar ya había una decisión de consenso: los consejeros acordaron que el organismo se opondrá al procedimiento abreviado que la fiscalía pretende sellar con los principales imputados del caso Penta. ¿Su convicción? La gravedad y relevancia del caso no estaba compensada en el acuerdo impulsado por el Ministerio Público.

Fue en enero de 2015 que el CDE, encargado de defender los intereses del Fisco y de perseguir penalmente a funcionarios que cometan delitos como cohecho, decidió querellarse y hacerse parte en esta investigación. Los consejeros en esa oportunidad hicieron un estudio de los antecedentes recopilados por la fiscalía, tras lo cual emprendieron la acción criminal contra los dueños del holding por soborno. Dos meses antes lo habían hecho contra Wagner por cohecho.

En una entrevista a Reportajes en abril de este año, el expresidente del CDE Juan Ignacio Piña -quien encabezó la discusión que originó la querella del organismo- no quiso referirse a la decisión del Ministerio Público de renunciar al cargo de cohecho, pues en ese minuto no estaba oficializado, aunque intentó explicar que el interés de los inculpados por acordar esta salida tenía que ver con que "todos los imputados quieren escapar de ser condenados por cohecho, que es el delito de corrupción por antonomasia, y eso tiene una pena muy baja, pero un contenido simbólico muy alto".

Piña recordó, además, que cuando el CDE en 2015 decidió querellarse, "estábamos absolutamente convencidos de que los hechos ameritaban la calificación de cohecho, eso está absolutamente claro".

La postura del expresidente de la institución resonó en las paredes del Consejo esta semana. Y algunos de los integrantes del CDE, incluso aquellos considerados como defensores de posturas más conservadoras, argumentaron que debían oponerse justamente respetando el estudio de antecedentes que el organismo hizo en esa época y que no ha cambiado durante la tramitación del caso. Fuentes que conocen el tema sostienen que también existe molestia al interior del CDE con "la poca deferencia" con que actuó la fiscalía en el caso Penta, donde no se les advirtió del acuerdo al que había llegado con las defensas, rompiendo una tradición que incluso -recuerdan fuentes del caso- respetó el jefe del equipo que investiga el caso SQM, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, con quien también el CDE tuvo diferencias.

La batalla

El 26 de enero de este año, el CDE comenzó a librar su primera batalla, oponiéndose a la postura de la fiscalía en los llamados casos de "platas políticas". En ese primer intento, sin embargo, el representante del Fisco perdió.

La dupla compuesta por la consejera y miembro del Comité Penal, María Inés Horvitz, junto a la jefa de litigación del CDE, Luppy Aguirre, se opusieron ante el Octavo Juzgado de Garantía a la salida alternativa que el Ministerio Público ofreció a la empresa SQM. En una de sus intervenciones, Horvitz hizo una pregunta retórica ante el Octavo Juzgado de Garantía que fue muy comentada, en días posteriores, al interior del Ministerio Público: "¿Qué mensaje está comunicando la fiscalía? (...) Que se puede cooptar a toda la clase política mediante pagos ilegales y sobornos (...) y salir indemne?".

El juez Luis Avilés, no obstante, terminó por dar curso a la suspensión condicional respecto de la responsabilidad jurídica de la empresa, cuya responsabilidad se investigaba por los supuestos sobornos que se le imputan al exgerente general de la minera no metálica realizados al exsenador UDI Pablo Longueira en el marco de la tramitación del royalty minero.

En caso de haberse comprobado la existencia de un ilícito, la empresa SQM podría haber enfrentado penas que van desde multas y restricciones para suscribir contratos con el Estado hasta, en el caso extremo, su disolución. Pero la derrota del CDE en este caso luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Es probable que este martes 3, la dupla Horvitz-Aguirre pueda repetirse esta vez en el marco del caso Penta.

La estrategia

Para arribar al acuerdo de cierre del caso Penta, el fiscal Guerra decidió eliminar el cargo de cohecho que imputó el exfiscal nacional Sabas Chahuán en marzo de 2015 a Pablo Wagner y los actos de sobornos por lo que se ha investigado a Délano y Lavín.

Para concretar el pacto, el Ministerio Público debe reformalizar al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner y, en el relato de hechos ante el juez, no mencionar los correos incautados durante la investigación. Estos, según se formalizó, dan cuenta de supuestos actos que la exautoridad habría realizado a favor de los controladores (reuniones con el yerno de Délano por el proyecto Dominga y supuestas gestiones para proponer a Lavín al directorio de Codelco) y enmarcar que los 14 pagos bimensuales por $ 42 millones que recibió del holding -entre marzo de 2010 y octubre de 2012- configuran un delito de enriquecimiento ilícito y no pagos a cambio de actos de corrupción.

Pero el CDE -y también el representante del Partido Socialista- buscará calificar los hechos en otro tipo penal y presentará una acusación particular igualmente por el delito de cohecho. El problema es que el querellante no puede sumar hechos distintos a los relatados por la fiscalía al momento de formalizar y acusar.

Hace unos días, Guerra sostuvo una disputa con la Fiscalía Nacional luego de que esta le sugiriera llevar el caso como acordó con las defensas por el tipo penal de enriquecimiento ilícito, pero que no dejara fuera de su relato los correos entre Wagner y los controladores de Penta, para que así fuera el juez y no la fiscalía quien determine cuál es el delito que se indagó. La sugerencia generó la molestia del titular de la Zona Oriente, quien terminó pidiéndole la venia al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien lo apoyó, aunque también le recordó que está inhabilitado de conocer detalles del caso.

Reportajes intentó sin éxito ubicar a la defensa de Penta.

El relato de los hechos en la audiencia del martes 3 será el principal escollo que deberá librar el CDE, cuyos consejeros -en todo caso- acordaron un pacto de silencio para no adelantar la estrategia judicial de una batalla que no quieren volver a perder.

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