En las últimas dos semanas, el debate ambiental ha estado marcado por dos frentes. Por un lado, las recomendaciones Iniciales del Ministerio de Hacienda de recortar 142 programas por $5,4 billones de cara al Presupuesto 2027. Por otro, el avance del Plan de Reconstrucción Nacional, que en materia ambiental introduce cambios relevantes a la Ley 19.300 y al funcionamiento del SEIA para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.

En cuanto a la primera iniciativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó al Presidente de la República, un paquete de ajustes que incluye la posible eliminación o reducción de presupuestos de estos programas ambientales, aunque las decisiones finales no se han tomado. Montos menores dentro del presupuesto global, pero que, según expertas, cumplen un rol estructural en la prevención de daños ambientales y sociales de alto costo futuro.

Para la economista, socia de Karungen y directora de Espacio Público, Annie Dufey, de concretarse esta decisión “es una contradicción sin sentido económico y va en contra de lo que dice la ciencia”, afirmó. Para Dufey, se trata de instalar una falsa dicotomía entre protección del medio ambiente y crecimiento económico. Asegura que el capital natural es la base productiva del país y que eliminar estos programas solo agudizaría problemas como la crisis hídrica, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad climática, generando un costo fiscal mucho mayor. La experta destaca además que los cinco programas cuestionados suman apenas $1.305 millones, cifra marginal frente a los costos de incendios, inundaciones o intoxicaciones por suelos contaminados.

En la misma línea, la profesora de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y exdirectora del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, advierte que Chile ha construido durante mas de 30 años una política de Estado sólida en materia ambiental, apostando por el multilateralismo y destacando internacionalmente “como un país consistente y confiable, razonable mente ambicioso en sus compromisos en materia climática, en la protección de la biodiversidad y la promoción del Acuerdo de Escazú”.

Por eso, explica Durán, la inserción de Chile en el comercio internacional ha tenido como uno de sus pilares el fortalecimiento y cumplimiento de sus estándares ambientales. La ciencia económica ya ha concluido que el costo de la inacción ambiental es mayor que el costo de la acción climática.

El Plan de Reconstrucción

En paralelo a las recomendaciones de recortes presupuestarios, el Ejecutivo impulsa en el Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional con el fin de generar empleo y crecimiento, iniciativa que introduce modificaciones profundas a la Ley 19.300 y al funcionamiento del SEIA para fomentar la inversión.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha defendido la iniciativa, relevando que su objetivo es “dar mayor certeza al sistema ambiental, reducir los tiempos de espera y ordenar las reclamaciones pendientes, sin alterar el criterio técnico de las decisiones”.

En el marco de su participación ante el Congreso esta semana, Toledo explicó que el proyecto busca que el Estado, en cierta medida, comparta parte del riesgo de la inversión, estableciendo compensaciones económicas cuando una RCA (Resolución de Calificación Ambiental) sea anulada por sentencia judicial firme. “El SEA va a seguir funcionando con el criterio técnico de siempre”, aseguró Toledo, en respuesta a quienes advierten que las reformas debilitan la evaluación ambiental. Además, anunció una señal administrativa: ”Vamos a citar al Comité de Ministros al menos una vez al mes, para resolver el stock de 51 proyectos con reclamaciones pendientes".

Sobre los recortes sugeridos por Hacienda, para la ministra, “el porcentaje del gasto público en gestión y protección ambiental es un indicador de desarrollo. Hay consenso en que la protección ambiental no es una barrera al desarrollo sino una condición del desarrollo sostenible”.

Durán, por su parte, advirtió: “En la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión, la falta de definiciones territoriales y ambientales genera mayor incerteza porque le da mayor discrecionalidad al SEA y a los servicios”.

Mirada de los abogados ambientales

Estas modificaciones fueron analizadas en un seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde hubo acuerdos en el diagnóstico sobre la necesidad de agilizar procesos, pero también advertencias claras sobre sus efectos.

El abogado y exministro Luis Cordero Vega planteó que el problema del SEIA es de diseño institucional y que eliminar la invalidación administrativa no reducirá la judicialización, sino que puede trasladara al recurso de protección. Cordero sostuvo que existe una “obsesión por conciliar rapidez con calidad mediante ajustes de plazos, cuando el problema de fondo es estructural”.

Además, explica que hoy se le exige a la evaluación ambiental cumplir demasiados roles a la vez: operar como ventanilla única, asegurar calidad técnica y absorber conflictos que lucgo se judicializan, haciéndose cargo además de problemas que debieran estar mejor resueltos por los propios titu lares de los proyectos y por la coordinación sectorial previa.

La profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, Dominique Hervé, fue aún más crítica y calificó las reformas del Plan de Reconstrucción como “asistemáticas”, alertando sobre una posible vulneración del principio de no regresión ambiental. Según explico, permitir que ciertas modificaciones de proyectos no ingresen al SEIA puede “eludir la evaluación y acumular impactos no evaluados”.