Una nueva discusión se instaló en el panorama nacional sobre el desarrollo sostenible en Chile, luego de que el centro de estudios Horizontal presentara este miércoles 11 de junio el documento “Con permiso para crecer: 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile”, que, en más de 70 páginas, plantea una hoja de ruta para reformar la tramitación de permisos sectoriales y ambientales, buscando hacer más eficiente el sistema, reducir la judicialización y acelerar la ejecución de proyectos, principalmente aquellos ligados a la transición energética.

El documento, elaborado por un grupo de 14 expertos, propone medidas que permitan mayor eficiencia en el proceso de regulación como la creación de una nueva Agencia de Evaluación Ambiental, la priorización presidencial de proyectos estratégicos, la invariabilidad regulatoria, la digitalización completa de permisos y una revisión profunda del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Desde la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile), su director ejecutivo Marcos Kulka señala que el documento plantea una hoja de ruta modernizadora y seria. “Propuestas como la priorización de proyectos estratégicos, la invariabilidad regulatoria, la reducción de judicialización e instancias recursivas y finalmente la digitalización total para capturar en el proceso todos los aprendizajes, apuntan en la dirección correcta: reducir incertidumbre, acelerar los proyectos transformacionales, sin rebajar estándares”, indicó.

Kulka destaca también la necesidad de profesionalizar al documento público, incorporando incentivos positivos para los funcionarios encargados de tramitar permisos. “Hoy en muchos servicios no existen incentivos reales para reconocer un trabajo ágil y riguroso. Bonos por cumplimiento de metas, mecanismos de rendición, junto con formación técnica constante, resultan claves para fortalecer una cultura pública profesional y orientada a resultados”, explicó.

Sin embargo, también reconoce que la implementación no será inmediata y plantea una transición institucional así como una reforma estructural. También hace un llamado a complementar las medidas con legitimidad territorial y social. “Creemos fundamental incorporar medidas complementarias para fortalecer la legitimidad social y ambiental, mejorar los protocolos de diálogo anticipado con comunidades, observatorios territoriales de impactos y fondos de beneficio compartido”, concluyó.

Críticas desde el mundo ambiental

Desde la otra vereda, la Fundación Terram observa con preocupación lo planteado en el documento. Su directora ejecutiva, Flavia Liberona, cuestiona la idea de que estas reformas busquen un verdadero equilibrio entre desarrollo y protección ambiental. “No me parece que las propuestas que allí se consignan vayan en el sentido de generar un equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente. Más bien están orientadas a promover la inversión con menores exigencias ambientales”, indicó. Junto con esto, explicó que “en varias de las 30 propuestas se plantea algún grado de regresión en materia ambiental y en otras se propone que las decisiones sobre los proyectos sean políticas y no técnicas, lo cual sería muy complejo, ya que abriría espacios de discrecionalidad”.

En esta misma línea, una de las propuestas que el mundo ambientalista difiere de Horizontal, según la experta, es otorgar al Presidente de la República la facultad de priorizar proyectos estratégicos. Para Terram, “esto significa un retroceso en materia ambiental, pondría una presión a los funcionarios que tienen que evaluar proyectos y abriría espacios para tráfico de influencia y/o corrupción”, advirtió Liberona.

También cuestiona que se apunte a acelerar el SEIA sin hacerse cargo de los problemas de fondo. “Hay que mejorar mucho los procesos de admisibilidad de los proyectos. Si esto se cumpliera, se reducirían los tiempos de tramitación, ya que las observaciones serían muchas menos. En ese sentido, los titulares tienen la responsabilidad de presentar la mejor información disponible”, explicó.

Finalmente, la directora de la fundación hace un llamado de atención en el nombre del documento presentado por Horizontal, “Con permiso para crecer”, con la similitud a su propio informe publicado este año, “Con permiso para destruir”, asegurando que “podrá ser alcance de nombres o una referencia directa. Lo dejamos a su criterio”.

Una mirada jurídica a las propuestas

Desde el ámbito legal, el experto ambiental, socio fundador de VGC Abogados, Javier Vergara aprecia que el documento intente abordar una “situación compleja”, como lo es la excesiva duración de los procesos de evaluación. “La propuesta pretende hacerse cargo de la prolongación excesiva que se ha ido generando, y propone mecanismos apropiados para acortar los plazos”, explicó. A su juicio, parte del problema también se debe a la “excesiva generación de guías y criterios que en diversas ocasiones incluso han ido más allá de la ley”, agregó.

Aseguró también que las propuestas “no pretenden ni permiten disminuir las garantías legales de protección ambiental y la participación ciudadana”. Es más, en algunos casos claramente las simplifican”. En este sentido, destacó que se acotan los plazos y se unifican las vías para impugnar decisiones, evitando procesos paralelos que hoy dificultan tanto la tramitación como el acceso a la justicia.

Respecto de la creación de una Agencia de Evaluación Ambiental, el experto reconoce que se trata de una apuesta compleja y que existe el riesgo de afectar contrapesos. “Entrega enorme poder a un organismo unipersonal (…) pero se funda en que los órganos políticos quieren evadir la responsabilidad de ser parte de la evaluación ambiental”, señala. Sin embargo, considera que “no existe ley que pueda regular un procedimiento en todos sus detalles, y todas las posibles soluciones. Si el sistema permite una adecuada justificación de las decisiones, podría ser mejor que el actual”.

Finalmente, sobre la eliminación de ciertas vías de reclamación, como la solicitud de invalidación administrativa, Vergara plantea que esta reforma “busca una solución razonable” a la actual dualidad de procedimientos que, según él, ha derivado en mayores tiempos sin mejorar la protección ambiental. “Se amplía el plazo para reclamar, no obliga a agotar la vía administrativa, pero no elimina la posibilidad de ejercerla. Es una medida de orden que evita reclamaciones y solicitudes de invalidación en paralelo”, concluyó.