Italia aprobó esta semana la construcción de una de las obras de ingeniería más desafiantes de Europa: el puente colgante más largo del mundo, que conectará la isla de Sicilia con la región de Calabria, en el extremo sur de la península.

El anuncio marca el inicio de un megaproyecto que ha sido postergado durante décadas y que ahora cuenta con respaldo político, militar y económico.

Cómo será el puente colgante

La estructura cruzará el estrecho de Messina y tendrá entre 3 y 3,7 kilómetros de longitud, según distintas estimaciones oficiales.

Para resistir los fuertes vientos y las corrientes de una de las zonas más sísmicas del Mediterráneo, el puente será sostenido por dos torres de acero de 400 metros de altura, eliminando la necesidad de soportes en el mar.

Contará con seis carriles para autos y dos líneas férreas en el centro, lo que permitirá el paso de trenes sin necesidad del actual traslado en ferry.

El costo del proyecto se estima en 13.500 millones de euros (unos US$ 15.600 millones) y estará a cargo del consorcio Eurolink, liderado por la empresa italiana Webuild, que ha trabajado en proyectos como la ampliación del Canal de Panamá.

También participan la española Sacyr y la japonesa IHI, especializada en puentes colgantes. Según los planes, el puente estará operativo a principios de la década de 2030.

El gobierno de Giorgia Meloni ha defendido el proyecto como una inversión estratégica para el sur del país. “Disfrutamos los retos difíciles cuando tienen sentido”, dijo la primera ministra.

Además de mejorar la conectividad, el Ejecutivo busca clasificar la obra como gasto militar para que cuente en sus compromisos con la OTAN, en línea con su meta de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.

De hecho, el ministro de Infraestructura y viceprimer ministro, Matteo Salvini, destacó que el puente permitiría una movilización más rápida de tropas hacia este punto estratégico del Mediterráneo.

Dudas y críticas del puente

Pero no todo es entusiasmo. Desde que se propuso por primera vez en el siglo XIX, la idea de un puente en el estrecho ha enfrentado múltiples cancelaciones por razones de costos, impacto ambiental y sospechas de corrupción.

Críticos temen que el proyecto facilite la infiltración de mafias en los contratos de construcción y acusan al gobierno de desviar fondos que podrían destinarse a servicios básicos como transporte local, salud o educación.

Grupos ciudadanos y asociaciones ecologistas ya presentaron reclamos ante la Unión Europea por los potenciales daños al ecosistema local.

Además, algunos residentes de las zonas aledañas han comenzado a organizarse para oponerse a las expropiaciones de terrenos y exigir mayor transparencia en el proceso.

A pesar de ello, el gobierno estima que el proyecto generará entre 100.000 y 120.000 puestos de trabajo anuales y traerá un impulso económico clave a Sicilia y Calabria, dos de las regiones más pobres de Europa.