SEÑOR DIRECTOR:

Hace años, el abuso de licencias médicas ha afectado al sistema de salud chileno hasta convertirse en un fraude abierto. La Contraloría General de la República lo evidenció al denunciar que más de 26.000 trabajadores públicos viajaron al extranjero con licencias falsas. Ahora, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha tomado la posta y, por fin, está ejerciendo su rol. Felicitaciones a la actual superintendenta: demostró que con las atribuciones vigentes se podía haber enfrentado antes este problema.

El nuevo informe reveló que, de 2,8 millones de trabajadores del sector privado, más de 80.000 viajaron fuera del país estando con licencia médica; el 83% pertenece a Fonasa.

Se estima que el exceso de gasto por licencias médicas en 2024 alcanza entre US$ 500 y 800 millones. Este monto ha sido defraudado por cerca de 100.000 personas, sin recibir sanciones morales ni legales. A ello se suma una tasa de ausentismo laboral superior al 20%, con un impacto directo en la productividad nacional. Este fenómeno tiene causas profundas. En lo moral, se ha relativizado la responsabilidad individual y la sanción social: en muchas instituciones se conoce a quienes usan licencias falsas, sin consecuencias. En lo técnico, el subsidio por incapacidad laboral está mal diseñado, ya que premia licencias largas y otorga el 100% de la renta imponible. Además, la fiscalización es débil y descoordinada, con organismos permisivos.

Pese a ello, hay avances. Tras la denuncia de la Contraloría, la tasa de licencias bajó cerca de 20%, efecto que probablemente continuará gracias a un mayor control. Sin embargo, aún faltan reformas legales de fondo. Es necesario reducir la tasa de reemplazo al promedio de la OCDE (75–80%) y transformar el subsidio en un seguro financiado por trabajadores y empleadores, involucrando a estos últimos en la fiscalización. También debe crearse un sistema único de control de licencias médicas para Fonasa, Isapres e Incapacidad Laboral, con recursos, protocolos claros y una cultura de control gradual, considerando sus efectos económicos.

Hay momentos en que se abren oportunidades históricas. Este es uno: la ciudadanía está indignada y el país vive un ciclo electoral. Es el momento de acelerar las reformas legales que erradiquen este flagelo que amenaza la seguridad social y la fe pública.

Héctor Sánchez

Director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB