SEÑOR DIRECTOR:

Dadas las discusiones fiscales recientes, una primera pregunta es si el Estado chileno está quebrado financieramente. La respuesta es un no categórico. La deuda bruta del Gobierno Central cerró 2025 en 41,7% del PIB, todavía por debajo del nivel prudente de 45%. Los activos del Tesoro equivalían a 4,1% del PIB, por lo que la posición financiera neta se ubicó en -37,6% del PIB. El FEES, además, mantenía US$3.889 millones al cierre de diciembre de 2025. Chile, por lo mismo, conserva grado de inversión —A2/A-/A según Moody’s, Fitch y S&P— y se mantiene entre las economías mejor evaluadas crediticiamente de América Latina.

Pero de ello no se sigue que la situación heredada haya sido sana o comparable a la de períodos anteriores. Minimizar el deterioro sería tan equivocado como exagerarlo. El Balance Estructural cerró 2025 en -3,6% del PIB, con un desvío de 2,5 puntos del PIB respecto de la meta original y de 2,0 puntos respecto de la meta vigente. El propio CFA calificó ese desvío como elevado en términos históricos para un año comparable. Fue, además, el tercer incumplimiento consecutivo de la meta estructural, tras 2023 (-2,7%) y 2024 (-3,3%), en años también sin crisis ni eventos extraordinarios.

El problema, además, no fue solo el dato final, sino su composición. El CFA atribuyó el desvío a errores de proyección, cambios en los ajustes cíclicos, baja efectividad del plan correctivo y mayor gasto. Y advirtió que la estabilización de la deuda en 2025 obedeció más a factores transitorios que a una consolidación fiscal real.

Por eso, la conclusión seria no es hablar de “quiebra”, pero tampoco de normalidad. Lo que deja la administración anterior es un cuadro de estrechez fiscal: menos holgura, una regla fiscal dañada y una credibilidad debilitada. La actual administración no recibió un país insolvente, pero sí uno con bastante menos margen para enfrentar un shock externo como el reciente encarecimiento del petróleo asociado al conflicto en Irán.

En este contexto, una menor amortiguación vía Mepco es coherente con la restricción fiscal vigente. Si el alza de los combustibles responde a un shock externo, prolongar su contención solo posterga un ajuste inevitable y presiona unas cuentas fiscales ya estrechas. Chile no enfrenta insolvencia, pero sí una fragilidad que exige prudencia y credibilidad.

Mauricio Villena

Decano Facultad de Administración y Economía UDP