SEÑOR DIRECTOR:

Hace algo más de 20 días fui víctima de un robo. Ingresaron a mi departamento ubicado en el quinto piso y se llevaron cosas de valor. Se hizo la correspondiente denuncia en la web del Ministerio Público; sólo el día siete tenía orden de investigar. Presenté una querella el día 15 para que no cerraran mi caso. El día 13 entraron al mismo edificio, al segundo piso. Hasta la fecha el Min. Público y las policías brillan por su ausencia. Si había huellas, no deben estar y si alguna cámara del barrio registró algo, en la nube ya no deben estar las imágenes.

En paralelo el gobierno, construye zanjas sobre las cuales se hacen puentes. Luego, como gran medida se proyecta una ley para registrar a los vándalos a fin de castigar nuestro mal comportamiento. Ninguna es una medida dirigida a controlar la seguridad interna: es imponer orden en la ciudad.

Los delincuentes saben que el ambiente es propicio a su giro. Que, al decidir no investigar estos casos, los entes persecutores han derogado de facto el delito de robo cuando no lo descubren en flagrancia. Saben que el orden no causa la seguridad y que no hay un plan contra ellos. Se deben reír cuando escuchan a los alcaldes decir que, con la rebaja del presupuesto municipal, la poca vigilancia local que teníamos se eliminará. Los delincuentes tienen claridad absoluta de que no serán objeto de persecución, salvo que maten, violen, secuestren o que alguna de las víctimas sean niños.

En este escenario los ciudadanos nos batimos solos. Como profesora de Derecho Civil mi recomendación sería recurrir al Derecho de Seguros para no perder lo poco que nos queda, pues el Derecho Penal nos ha abandonado.

Gissella López Rivera

Académica U. Diego Portales y U. de Chile