SEÑOR DIRECTOR:

Una iniciativa que podría agregar un nuevo capítulo a la “permisología ambiental” avanza silenciosamente en el Congreso. Se trata de un proyecto de ley —en tercer trámite constitucional— que modifica los recursos que proceden contra las sentencias de los tribunales ambientales. En lo esencial, se amplían los casos en que se puede recurrir ante la Corte Suprema, permitiendo impugnar una amplia gama de resoluciones judiciales.

La Corte Suprema ya manifestó su oposición a la iniciativa. En un oficio enviado al Congreso, el máximo tribunal explicó que llevar a dicha instancia todos los conflictos ambientales tornaría en irrelevante nuestra robusta institucionalidad ambiental, lo que es incompatible con la idea de una justicia especializada.

Por otro lado, la iniciativa incentiva una mayor litigación, que podría aumentar la incertidumbre y los retrasos que genera la judicialización de proyectos sometidos a evaluación ambiental.

Si se quiere dar mayor certeza a la inversión, el camino debiera ser el contrario: simplificar y ordenar los mecanismos de impugnación, no expandirlos. Es urgente que el nuevo gobierno ponga este tema en su agenda económica y así evite que sus esfuerzos por agilizar inversiones queden empantanados en la justicia.

Tomás Espinosa

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