SEÑOR DIRECTOR:

La reciente detención de Alberto Larraín, exdirector de la Fundación Procultura, y de los demás miembros de la cúpula administrativa de dicha entidad viene en confirmar que la decisión de la aseguradora de no pagar las pólizas de garantía fue jurídicamente correcta, responsable y prudente.

Las garantías emitidas en favor del Gobierno Regional Metropolitano tenían por objeto respaldar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Procultura para la implementación de programas de prevención del suicidio “Quédate”. Hoy, el incumplimiento de dichas obligaciones está bajo investigación penal, sus principales responsables sujetos a medidas cautelares y los ciudadanos beneficiarios de estos programas de auxilio abandonados en sus padecimientos de salud mental.

Pretender, en este contexto, el pago inmediato de las pólizas equivale a exigir que el seguro opere aun cuando todo indica la existencia de un delito que afecta las arcas fiscales y también a la ciudadanía en general es un sinsentido.

Las pólizas de garantía no son un cheque en blanco ni un mecanismo para socializar pérdidas derivadas de actos administrativos defectuosos, producto de relaciones impropias entre autoridades y corporaciones privadas. Convertir el seguro en una suerte de financiamiento del riesgo político desconoce su función, erosiona la legalidad y debilita la confianza en el sistema económico.

Resulta preocupante, entonces, que el Gobierno Regional Metropolitano insista en exigir el cobro íntegro e inmediato de dichas pólizas aun cuando los convenios que las sustentan están bajo investigación penal y que existan resoluciones judiciales vigentes que ordenan suspender esos pagos.

Dejemos que las instituciones funcionen. Serán los tribunales los que determinen si los incumplimientos de Procultura son exigibles, y solo entonces podrá discutirse si corresponde -o no- que la aseguradora los cubra.

Ramiro Mendoza Zúñiga

Abogado de Aseguradora Porvenir S.A.