SEÑOR DIRECTOR:

Proteger es lo primero que una sociedad debe hacer cuando alguien enfrenta una situación que no escogió. Ninguna mujer elige que su vida peligre por un embarazo, nadie espera un diagnóstico de inviabilidad fetal y una niña no decide quedar embarazada tras una violación. Las tres causales existen para responder a esas situaciones sin que el Estado añada una nueva violencia.

El proyecto “Escucha su corazón” invierte ese deber: antes de una interrupción, el médico deberá informar sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecer escucharla; si la mujer declina, deberá negarle el procedimiento. No es información para cuidar, sino una prueba de obediencia que convierte al equipo de salud en custodio de una doctrina y amenaza el ejercicio libre de la medicina.

La crueldad se vuelve nítida al abandonar las abstracciones: en la causal de violación, los 13 años son la edad que concentra el mayor número de casos. Obligar a esas niñas a escuchar la actividad cardíaca del embarazo no repara la vida vulnerada; prolonga sobre ellas la voluntad de otros, ahora revestida con la autoridad del Estado.

La sociedad chilena comprendió esa diferencia: un 86% acepta el aborto al menos bajo alguna circunstancia y dos tercios rechazan este mecanismo. No hay una mayoría silenciada que rescatar, sino una minoría que pretende utilizar el sistema sanitario para imponer su moral.

Una democracia puede albergar convicciones distintas sobre el aborto. Lo que no puede admitir es que una de ellas convierta la medicina en castigo y el sufrimiento en una oportunidad para mandar. Proteger no es exigir obediencia a quien sufre, sino impedir que el poder se aproveche de su sufrimiento.

Antonia Orellana

Víctor Ramos