SEÑOR DIRECTOR:

Durante estas últimas semanas, el gobierno ha comenzado a materializar la implementación del Plan de Seguridad Pública, liderado por el ministro Martín Arrau. Se trata de 65 medidas que constituyen una señal relevante frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Si bien el desafío que representa el crimen organizado exige respuestas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo; lo cierto es que tan importante como el diseño de las medidas es preguntarse si el Estado cuenta con las condiciones materiales necesarias para hacerlas efectivas.

Un ejemplo de ello es el sistema penitenciario. La creación de módulos de alta seguridad o el fortalecimiento del control sobre organizaciones criminales privadas de libertad son objetivos ampliamente compartidos. Sin embargo, esas medidas difícilmente podrán cumplir su propósito si las cárceles continúan operando bajo las actuales condiciones.

En ese sentido, urge que este tipo de reformas vayan acompañadas de inversiones concretas de infraestructura, tecnología y dotación de personal.

Por otro lado, un aspecto que merece una reflexión especial, dice relación con las policías. El debate sobre el uso de la fuerza, responsabilidad de los funcionarios policiales y los mecanismos de control institucional, no pueden ser ignorados al momento de diseñar una política de seguridad.

Con todo, ninguna estrategia de seguridad será exitosa si las condiciones materiales hacen imposible o dificultan su ejecución. La eficacia de una política pública depende, también, de la capacidad efectiva del Estado para llevarlos a la práctica.

Loreto Hoyos

Socia grupo penal, az.