La crisis por los shows en Chile del grupo coreano BTS entran en su fase definitoria. Luego que el Instituto Nacional del Deporte (IND) decidiera no autorizar el Estadio Nacional para los recitales del conjunto los días 14, 16 y 17 de octubre, este fin de semana le entidad emitió un comunicado en que anunció que abría la puerta a que las fechas finalmente sí se realizaran en Ñuñoa, luego que la productora DG Medios presentara una nueva planificación técnica.

Eso sí, el texto informaba en su último tramo de una importante novedad que destapó fuertemente las alertas entre las productoras de conciertos en el país: “Durante los próximos días, el Mindep (Ministerio del Deporte) presentará un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, de modo que también sean incorporados explícitamente en el flujo de aprobación de la Delegación Presidencial, estableciendo multas para todas aquellas productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes”.

Al respecto, las compañías de música en vivo en el país -agrupadas en Agepec (Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura)- respondieron a través de una declaración pública: “Nos preocupa especialmente el sentido de este anuncio, porque transmite una mirada parcial sobre cómo funciona la industria de los espectáculos en vivo y vuelve a situar sobre las productoras la carga de una incertidumbre que, muchas veces, se origina precisamente en la falta de reglas claras, plazos ciertos, criterios homogéneos y coordinación oportuna entre las instituciones públicas involucradas. En una industria cuya programación internacional se construye con 12, 18 o incluso más meses de anticipación, reducir la discusión a sanciones desconoce la complejidad de un sector que opera sobre la base de compromisos, calendarios globales, evaluación técnica de recintos y múltiples validaciones sucesivas”.

También hicieron foco sobre una de las declaraciones más ásperas que ha realizado la ministra del deporte, Natalia Duco, con respecto al caso; cuando la semana pasada en el canal 24 horas afirmó que habitualmente las empresas dedicadas al rubro salen a vender un recital sin tener cerrado el contrato de arriendo. “Se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, cosa que pagan los fans, como es ahora las Army”, lanzó Duco.

Agepec respondió: “Como gremio, queremos ser claros: las productoras no anuncian ni ponen a la venta espectáculos de manera irresponsable. Lo hacen sobre la base de procesos extensos de negociación, contratación y coordinación con artistas, managers, recintos, operadores y autoridades. En los espectáculos de gran escala existe, además, un trabajo permanente con el Estadio Nacional y los otros recintos del país, cuyos equipos y autoridades conocen la lógica con que operan las giras internacionales y sus tiempos de programación. No todos los elementos de una producción se cierran con la misma antelación, pero ello no implica improvisación, sino una forma de operación propia de una industria altamente técnica”.

Luego siguen: “Cualquier modificación normativa debe partir por reconocer la realidad económica de esta actividad y la alta carga de costos, tributos, obligaciones y riesgos que ya asume el sector. De manera referencial, la producción de espectáculos en vivo y su contenido artístico involucran una estructura de costos compleja, que considera tributos, obligaciones autorales, arriendos de recintos y porcentajes de recaudación, plataformas y medios de pago, además de múltiples compromisos operativos y contractuales”.

Con respecto a las anunciadas multas, calificaron el anuncio de “desproporcionado”. “En ese escenario, anunciar nuevas multas sin abordar al mismo tiempo la incerteza institucional, la fragilidad contractual de los recintos públicos, la ausencia de una política de infraestructura para espectáculos masivos y la sobrecarga regulatoria que enfrenta el sector resulta desproporcionado”, puntualizaron.

También entregaron cifras: “La industria moviliza entre 2 y 3 millones de asistentes al año —más que el fútbol profesional, entre otros eventos masivos—, genera más de 160 mil puestos de trabajo a través de más de 800 pymes y facturó $115.049 millones en 2024″.

Finalmente, el texto culmina con una advertencia: “De persistir esta lógica, el riesgo es evidente: Chile dejará de ser una plaza competitiva para el concierto internacional. Y con ello no solo perderemos actividad económica, empleos, turismo y recaudación; también se verá afectada la proyección cultural del país y la posibilidad de fortalecer una verdadera diplomacia cultural”.