En los próximos días el país conmemorará un nuevo aniversario del llamado 18-O, seis años desde que tuvieron lugar los hechos que desencadenarían una revuelta social cuyas causas e implicancias hasta la fecha siguen siendo objeto de debate en la sociedad y la academia.

Al mirar lo que fue la etapa más álgida de ese período, baste recordar que en apenas dos meses hubo más de 2.500 hechos de violencia grave -con niveles inusitados de destrucción de infraestructura pública y privada, incluyendo la quema o destrozo de decenas de estaciones de Metro-, más de 1.300 civiles heridos o lesionados, mientras que en el caso de policías y Fuerzas Armadas el número superó los 3 mil. Varios informes internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos, tuvo lugar una marcha que congregó a más de un millón de personas en Santiago -cientos de miles más se movilizarían en regiones-, el país estuvo bajo toque de queda y la gravedad de los hechos motivó a que la mayor parte de las fuerzas políticas tuvieran que confluir de emergencia en un acuerdo por la Paz y Nueva Constitución.

Casi seis años después, el “octubrismo” es visto ahora con distancia por la mayor parte de la población -un estudio de Cadem de octubre del año pasado fue revelador en cuanto a que el 68% pensaba que el estallido había traído consecuencias negativas para el país-, el plebiscito constitucional de 2022 sepultó los afanes refundacionales, y demandas sociales como mejores pensiones o las consignas antilucro -que en 2019 constituían algunas de las principales banderas- han sido reemplazadas por el clamor de mayor seguridad, el cierre de fronteras y el combate al crimen organizado.

Un vistazo a los principales programas de gobierno parecería sugerir que se ha asentado un amplio consenso político respecto de estas materias, toda vez que el orden público y el crecimiento aparecen ahora como puntales programáticos, y en los debates se ha intentado transmitir esta misma sintonía. Lo cierto es que, a pesar de ello, sigue habiendo señales de ambigüedad en algunos sectores, que hacen dudar de que los aprendizajes se hayan asumido debidamente pese a los años transcurridos. En efecto, sigue habiendo núcleos dentro del espectro político que amenazan con la posibilidad de un nuevo estallido, advirtiendo que bajo determinadas condiciones “la calle” podría reactivarse y con ello poner en serio riesgo la paz social, porque se podría abrir la puerta para que regresen la violencia como también las movilizaciones masivas, apelando otra vez a la exacerbación.

Si bien parece poco realista que eventuales movilizaciones deriven en algo tan masivo como lo que vimos en octubre de 2019, y en cambio sean más bien acotadas -esto porque luego de tan traumática experiencia parece improbable que la ciudadanía apoye tan inocentemente a estos movimientos-, aun así preocupa que siga habiendo sectores que festinen con la posibilidad de volver a la violencia. De allí que esta campaña presidencial debería ser precisamente la instancia para recuperar mínimos comunes que resultan indispensables en nuestra democracia, lo que ante todo supone un diagnóstico compartido de que la violencia política debe ser desterrada definitivamente y que las diferencias que surjan han de ser resueltas dentro de los marcos institucionales y las reglas propias de la democracia, evitando que la protesta ciudadana termine transformándose en una herramienta de extorsión.

Tampoco puede ser motivo de ambigüedades la voluntad de restituir el orden público con toda la fuerza del Estado de Derecho, lo que por de pronto supone un claro respaldo a las policías. Pero ocurre que esta misma semana la exministra del Interior y exabanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, advirtió en París que “hay dos tentaciones muy difíciles de resistir para un gobierno progresista en el tema de la seguridad: una es el populismo penal, y dos, los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley”, lo que ha vuelto a reabrir el debate sobre hasta dónde en sectores de izquierda esta voluntad de usar la fuerza es una convicción auténtica o responde a una impostura.

Parte del problema sin duda responde a que todavía no se han hecho los suficientes reconocimientos de los graves errores de diagnóstico cometidos durante el llamado estallido social, donde por ejemplo se insistía en que el modelo debía ser cambiado radicalmente, o que la violencia era la vía para presionar por los cambios sociales. En ese sentido, el Presidente Gabriel Boric ha hecho a lo largo de su gestión una serie de mea culpa, en uno de los cuales mencionó que “hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre de 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. El 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas, y en cambio lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que ya pensábamos desde antes”.

Si bien es valioso que el Mandatario intente dar muestras de que varias de las convicciones que él mismo sostuvo con intensidad ahora está dispuesto a revisarlas o las ve como un error, claramente en su propio sector este proceso de reflexión no se ha dado con igual intensidad, lo que arriesga a que se insista en fórmulas o visiones que para el país resultaron altamente costosas. Debe preocupar, por ejemplo, que otra vez se estén reactivando las tomas en liceos -en algunos casos muy violentas- y ahora último también en algunas universidades públicas, sin que la autoridad haya sido enérgica para rechazarlas, lo que lamentablemente no hace sino naturalizarlas.

De allí que resulte fundamental que las distintas candidaturas sean interpeladas en todas las instancias de debate que aún restan para que transparenten frente a la ciudadanía sus propios aprendizajes frente al 18-O, y con qué grado de convicción están dispuestos a construir estos mínimos comunes que para el país son fundamentales. En muchos ámbitos el país no está mejor respecto de la realidad que se vivía hace seis años, y posiblemente el que más se ha deteriorado sea lo relacionado con la delincuencia y el crimen organizado. Es muy peligroso permitir que esto siga tal cual o incluso empeore, como también consentir en legitimar la violencia política, porque ello crea condiciones de desorden y anomia profundamente dañinas, que a la larga impiden avanzar con normalidad en el resto de la agenda.