La semana pasada se dio inicio a la aplicación del SIMCE 2025, partiendo por los estudiantes de 8° básico. Más adelante, en noviembre, se evaluará a los de 4° básico y II° medio. La jornada, no obstante, se vio empañada por la no concurrencia de los examinadores en colegios de comunas como Santiago y San Bernardo, lo que impidió poder llevar a cabo la evaluación. En gran parte de los casos, los examinadores tampoco habían asistido a la visita previa, lo que pudo ser un augurio del incumplimiento posterior.

Según lo informado, la prueba se aplicó de forma normal en más del 97% de los casos, lo que a priori parece una cifra dentro del rango normal. Corresponde ahora que el Ministerio de Educación investigue lo sucedido y la Agencia de la Calidad, organismo a cargo de la medición, aplique las sanciones que correspondan a la empresa ejecutora, asegurando la reprogramación de la prueba para los colegios donde se produjo el imprevisto. Este es un procedimiento regular, que se realiza cada año ante hechos de similar naturaleza.

Si bien se vieron afectados algo más de 150 establecimientos en la Región Metropolitana, lo ocurrido no debe ser minimizado, por los precedentes que todo esto genera. Desde luego, la situación provocó fuerte malestar en las comunidades educativas afectadas, también en la Asociación Chilena de Municipalidades, y por supuesto causó desconcierto en la ciudadanía, ante lo insólito de la situación.

Cabe esperar que esto no altere la validez de los resultados de la medición, algo que deberá ser comprobado posteriormente. El SIMCE es una herramienta que ha logrado mantenerse libre de intervención y politización, y que ha permitido evaluar el desempeño del sistema educativo de forma prácticamente continua desde 1990, con la sola excepción del periodo entre el llamado estallido social y la pandemia. Se trata de una medición censal, esto es, que rinden todos los estudiantes de los niveles evaluados, que posibilita el seguimiento y la comparación entre escuelas. Así también, permite identificar los sectores específicos donde se encuentran los mayores retos de aprendizaje y determinar los efectos de políticas públicas u otros eventos que afectan el quehacer educativo. En definitiva, la prueba es clave para monitorear de forma objetiva y fidedigna los aprendizajes, y con ello gestionar adecuadamente la enseñanza.

Resulta por ello imprescindible que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para subsanar y evitar que este tipo de sucesos se repitan en el futuro. De igual modo, resulta necesario que los organismos públicos involucrados -incluyendo el Ministerio de Educación- y las empresas contratadas para su aplicación le tomen el peso a la responsabilidad que tienen en cuidar este valioso instrumento, cuya continuidad –recordemos- ya fue puesta en duda por las propias autoridades al comienzo del gobierno, pero que, a la larga, se fue fortaleciendo por sus evidentes méritos. Prueba de ello es que en los últimos años incluso se adelantó la publicación de sus resultados, avance muy apreciado por los colegios debido al valor de la información que proporciona para la planificación desde el comienzo del año escolar.