En el marco del proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa -actualmente tramitándose en el Senado-, el gobierno presentó una indicación conforme la cual todo órgano de administración del Estado -público o privado- deberá informar a la autoridad migratoria y a la autoridad contralora los antecedentes que estas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personas que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación.

Si bien el Ejecutivo ha señalado que esta indicación responde a petitorios que le han solicitado organismos como la PDI, sobre todo para efectos de poder facilitar los procesos de notificación de quienes se encuentran en situación irregular, diversos estamentos han presentado objeciones a dicha indicación, haciendo ver que con ello se podría producir un desincentivo a que muchos migrantes desistan de asistir a sus controles médicos, o de enviar a sus hijos al colegio, además de sentirla como una exigencia descomedida, que podría vulnerar principios éticos o revelar información que podría estar protegida.

Pese a las intenciones del gobierno de hacer cumplir la ley, es claro que la modificación propuesta está encontrando fuertes resistencias, y por de pronto cabe preguntarse hasta dónde se podría establecer una exigencia de esta naturaleza cuando el ingreso irregular al país actualmente no se considera un delito. Además, es altamente probable que de prosperar esta norma muchas personas dejen de asistir a los establecimientos de salud o no envíen a sus hijos a los colegios, lo que claramente terminaría perjudicando al conjunto de la sociedad. No podría ser de otro modo si adultos o menores dejan de recibir sus vacunas, o si los niños dejan de asistir a clases, con lo cual aumenta el riesgo de deserción y caer en tempranas carreras delictuales.

Si el objetivo del gobierno es agilizar las notificaciones, posiblemente hay otras fórmulas que podrían ser más efectivas, por lo que el Ejecutivo haría bien en revisarla.

Al margen de ello, es evidente que esta controversia responde a un problema mayor, relativo al enorme volumen de personas en situación irregular y a las dificultades objetivas para poder expulsarlas. Recientemente el Presidente Kast abrió una polémica cuando señaló que la expulsión de 300 mil personas el primer día de mandato era una “metáfora” -luego diría que en realidad era una hipérbole”-, en tanto que desde el gobierno se ha insistido que la meta de expulsar a toda esa cantidad de personas sigue vigente, aunque el propio director de migraciones señaló que “nadie está obligado a lo imposible”.

Ahora que el propio Mandatario ha reconocido que esa meta fue una frase de campaña y se admite las dificultades de las expulsiones masivas, cabe preguntarse si en vez de seguir manteniendo en pie una promesa imposible de cumplir, lo razonable sería que el gobierno busque mecanismos de regularización de modo que los migrantes ya asentados puedan legalizarse, y las expulsiones se centren en aquellos que han cometido delitos o incurran en conductas gravísimas. Bajo el gobierno del Presidente Piñera, en 2018 se llevó a cabo un proceso de regularización masiva -más de 131 mil solicitudes fueron acogidas favorablemente-, lo cual sería más realista y evitaría tener que estar ensayando fórmulas complejas y altamente costosas.