La semana distrital -y regional en el caso del Senado- abrió una pausa en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Pero lejos de significar un paréntesis legislativo, en La Moneda los últimos días han estado marcados por una discusión que es cada vez más explícita: si el gobierno debe apostar por construir un acuerdo amplio en el Senado o, derechamente, conformarse con aprobar la reforma por la cuenta mínima.

La interrogante comenzó a instalarse luego de que el Ejecutivo constatara que el escenario en la Cámara Alta será considerablemente más complejo que el que enfrentó en la Cámara de Diputados. Allí, el gobierno logró sacar adelante el proyecto gracias a votos clave del Partido de la Gente (PDG). En el Senado, sin embargo, esa colectividad no tiene representación, lo que -en teoría- obligaría al oficialismo a explorar acuerdos amplios con sectores del Socialismo Democrático y con senadores independientes.

En paralelo, también se ha ido flexibilizando uno de los principales objetivos políticos que se había autoimpuesto el jefe de Hacienda, Jorge Quiroz: despachar la iniciativa antes de fines de junio. El primero en sincerarlo fue el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, hoy consolidado como la figura de mayor peso político del gabinete tras el reciente ajuste ministerial.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el domingo pasado, Alvarado bajó las expectativas respecto de los plazos y abrió explícitamente la puerta a una negociación más extensa.

“Los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, afirmó.

Sin embargo, pese a que públicamente el Ejecutivo mantiene abierto el discurso de los acuerdos, en La Moneda reconocen que la estrategia que se ha ido imponiendo responde más al pragmatismo que a la búsqueda de consensos amplios.

La tesis es sencilla: si el proyecto puede aprobarse por un voto, ese escenario también sirve.

La idea quedó expuesta este martes por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en Radio Duna transparentó la lógica que hoy predomina en el oficialismo. “Si es que se gana por un voto, feliz igual”, señaló al ser consultado por la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

La frase respondía directamente a una inquietud que el día anterior había planteado el senador Manuel José Ossandón (RN) en Desde la Redacción de La Tercera. “Me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto, porque esta es una megarreforma para el futuro de Chile”, advirtió el parlamentario.

Pero en Palacio la reflexión dominante parece ir en otra dirección. En el gobierno asumen que incluso si la reforma fuera aprobada con un respaldo transversal, eso no garantiza estabilidad futura. El diagnóstico que circula en sectores del oficialismo es que, si en cuatro años más el sector no logra proyectarse políticamente más allá de la administración de José Antonio Kast, cualquier nueva mayoría terminará igualmente introduciendo cambios al plan.

Bajo esa lógica, la tesis de un acuerdo amplio pierde peso y pasa a convertirse más bien en una señal política deseable, pero no indispensable. Por lo mismo, el esquema que se abre paso en La Moneda apunta al viejo pero efectivo “pirquineo” de votos: negociar caso a caso, senador por senador, para alcanzar la mayoría necesaria.

El propio Alvarado reforzó este martes esa línea argumental. “Yo he sido claro en orden a que si hay voluntad, hay disposición seria a conversar por parte de la oposición, nosotros siempre vamos a estar disponibles a escuchar y atender proposiciones y propuestas”, sostuvo.

Y luego agregó: “Ahora, al final del día, un proyecto se puede aprobar por un voto o por un margen superior de voto. Indudable que mientras más consenso exista, bienvenido sea. Y si no hay disposición al diálogo, a encontrar soluciones comunes para mejorar el proyecto… bueno, contaremos con cuantos votos sean de los 50 que existen (en el Senado) para la aprobación”.

El problema para el Ejecutivo es que incluso esa estrategia de mínimos aparece hoy cuesta arriba. Y no solo por la oposición.

Para llegar a los 26 votos, no solo para aprobar la idea de legislar, sino también para el corazón del megaproyecto, el Ejecutivo debe asegurar el respaldo de otros senadores aliados, pero que no se declaran necesariamente oficialistas, como Matías Walker (Ind. ex-Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Ind.), Vanessa Kaiser (libertaria) y Alejandro Kusanovic (Ind.).

Durante los últimos días comenzaron a surgir señales de incomodidad dentro de los propios sectores afines al gobierno. El senador Kusanovic, por ejemplo, le puso condiciones explícitas a su respaldo luego de acusar que no ha sido considerado en las conversaciones del Ejecutivo con parlamentarios. El representante de Magallanes pidió medidas específicas para su región y dejó entrever que su voto no está garantizado.

En la misma línea, la senadora RN María José Gatica cuestionó duramente el manejo político del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En declaraciones a La Segunda, aseguró que el secretario de Estado “ha puesto en riesgo el capital político del Presidente Kast” y advirtió que “el Senado no es un buzón”.

Por el contrario, sí cuenta con el voto del senador de Demócratas -partido disuelto- Matías Walker, quien ha sincerado que “lo ideal es lograr un acuerdo amplio, como lo hicimos en materia de pensiones (...). Si eso no es posible, no tengo problema en ser el voto dirimente, porque me tocó aprobar la reforma tributaria del año 2014 y llevamos 12 creciendo a una tasa del 2%, con cerca de un millón de personas buscando trabajo”.

El riesgo de la estrategia del gobierno está en que una aprobación estrecha de la idea de legislar podría derivar después en un escenario aún más complejo en la discusión en particular. Especialmente en normas sensibles para el corazón económico de la reforma, como la reducción del impuesto corporativo o las disposiciones de invariabilidad tributaria.

En paralelo, desde la oposición algunos senadores han mostrado disposición a conversar, aunque sin comprometer todavía sus votos. El senador PPD Pedro Araya -a diferencia de la postura más dura que sostuvo su hermano Jaime Araya en la Cámara- ha transmitido apertura a discutir la iniciativa, aunque su voto para la aprobación de la idea de legislar no está asegurado. Algo similar ocurre con Karim Bianchi, quien ha condicionado cualquier eventual respaldo a incorporar medidas específicas para beneficiar a las pymes en el nuevo esquema tributario -y no solo a las grandes empresas- y a las zonas extremas.