Enorme revuelo ha generado en el mundo político la inconsulta decisión del gobierno de reducir el pago por voto que recibirán los candidatos y los partidos políticos en las elecciones generales que tendrán lugar en algunos días más. Dicho cambio, contenido en el proyecto de Ley de Presupuestos que el Ejecutivo presentó ante el Congreso, tomó por sorpresa a los propios parlamentarios, lo que naturalmente ha despertado una molestia transversal.

El gobierno estima que, dado que estas elecciones serán con voto obligatorio, está garantizado que el volumen de electores será considerablemente mayor, con lo cual aumentará el pago por sufragio que recibirán partidos y candidatos. Para evitar que ello se traduzca en un mayor desembolso fiscal, el Ejecutivo propuso reducir el monto que se pagará por cada voto, y a su vez asegurar un cierto piso; con ello se lograría un efecto neutro.

Siendo válido que se pueda plantear esta discusión, resulta irresponsable que una reforma de esta envergadura se pretenda zanjar improvisadamente en la Ley de Presupuestos, cuando solo restan un par de semanas para las elecciones. Quizás había margen para reducir los desembolsos a la política, pero el hecho de que se esté legislando en la antesala de una elección hace difícil un acuerdo, entre otras razones porque resulta evidente que cuando varios parlamentarios ya han comprometido créditos o garantías contra el reembolso que esperaban recibir, es poco realista suponer que en esta fase aceptarán fórmulas de este tipo.

Seguramente se argumentará que, dado que partidos y candidatos seguirían recibiendo una cantidad similar a lo que hoy perciben, entonces esta improvisada reforma no supone mayores complicaciones. Pero tal predicamento resulta aventurado, porque aquella está construida sobre bases inciertas, toda vez que no hay ninguna certeza de cómo se comportarán estos votantes adicionales, sin que quepa descartar que una parte de ellos pueda sufragar en blanco o anular.

Más allá de los pros y contra de los cambios que propone el gobierno, lo cierto es que nuevamente se están modificando sobre la marcha las reglas electorales, justo en la antesala de una elección, producto de reformas improvisadas o por criterios discrecionales de la autoridad, lo cual ciertamente supone un enorme riesgo no solo para la salud de nuestra democracia -no puede considerarse como algo sano que ad portas de los comicios todavía estemos definiendo el monto que será reembolsado a candidatos y partidos-, sino también para la solvencia institucional, donde un factor fundamental es asegurar la estabilidad de las reglas y la debida certeza.

El escaso cuidado del Ejecutivo con la estabilidad de las reglas electorales y la pulsión por legislar sobre la marcha ya lo habíamos visto con ocasión de la reforma recientemente aprobada para introducir sanciones a quienes no voten en estos comicios, como también en la moneda de cambio que se utilizó para lograr su aprobación, que fue una improvisada reforma a la Constitución destinada a restringir el voto de los extranjeros.

A pesar de que resulta evidente que de no haber multa entonces el voto en los hechos pasaría a ser voluntario -contraviniendo el mandato constitucional en cuanto a su obligatoriedad-, aun así el gobierno y sectores oficialistas dilataron de forma irresponsable la ley que establece las multas. No importó que con esta indefinición se pusiera en entredicho el número de electores con que contaría el padrón electoral, a solo meses de la elección, cuestión que recién se zanjó a fines de septiembre, cuando el Congreso aprobó la ley que incluyó las multas y la modificación a la Carta Fundamental respecto del voto de los extranjeros.

Si ya estos cambios improvisados y sobre la marcha a las normas electorales deterioran la imagen de nuestra institucionalidad, los cuestionables criterios adoptados recientemente por el Servel en relación con la publicación del listado de quienes fueron elegidos como vocales de mesa incurren en el mismo vicio. Esto produce enorme decepción e incertidumbre, tomando en cuenta que dicha institución había dado hasta aquí muestras de un actuar riguroso y apegado a la ley, atributo que ciertamente resulta fundamental cuando se trata de generar confianza en la supervisión de todo el proceso electoral.

Una indicación introducida a último momento en el proyecto de ley sobre multas por no votar, estableció que “el Servicio Electoral publicará en su página web la nómina completa de los vocales de mesa receptora de sufragios y miembros de colegios escrutadores”. El Ejecutivo publicó la ley el pasado jueves 23 de octubre -pudiendo haberlo hecho en los siguientes días-, cuando solo faltaban dos días para que distintos medios de comunicación del país -entre ellos La Tercera- distribuyeran estas nóminas en sus periódicos. La consecuencia es que el Servel decidió instruir ese mismo jueves a las Juntas Electorales no seguir adelante con el proceso de publicación de estas nóminas, ello a pesar de que durante días, tal como ha hecho ver un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), “los diarios trabajaron de buena fe y en estricto cumplimiento de las órdenes de publicación emanadas de las Juntas Electorales que, como instancias locales, están encargadas del acto de notificación a quienes actuarán como vocales en las próximas elecciones”.

Pese a esta instrucción del Servel, las Juntas Electorales decidieron seguir adelante con la publicación, haciendo ver -acertadamente- que no podían echar pie atrás con procesos ya en curso, ante lo cual la respuesta del Servel fue que no pagará por estas publicaciones. La ANP puntualiza que “esta acción no solo es una muestra de profunda desorganización, sino que constituye un acto que vulnera la confianza legítima, y el cumplimiento de contratos válidamente celebrados bajo una ley vigente. Si el Servel desconociera el trabajo realizado, incurriría en un enriquecimiento injusto a costa de los medios de comunicación y desautorizando a las propias Juntas”.

Además de que resulta desconcertante que un organismo del Estado pretenda desconocer obligaciones ya contraídas amparándose en un sorpresivo cambio legal, la caprichosa determinación del Servel incurre en el mismo patrón de alterar las reglas del juego cuando el proceso electoral está en plena marcha, apartándose de la línea que hasta aquí había seguido este organismo.

Ciertamente que también cabe lamentar que los propios parlamentarios se hayan prestado para aprobar una norma que puede ser altamente perjudicial para los medios de comunicación -sobre todo para los medios regionales de menor tamaño-, algo que justo se hace cuando la industria atraviesa por momentos difíciles para poder solventar su actividad.