La Corte de Apelaciones de La Serena -conociendo de un recurso de protección que presentaron familiares de uno de los trabajadores fallecidos recientemente en un accidente en la mina El Teniente- dictó una orden de no innovar conforme la cual instruyó a la comediante Natalia Valdebenito que, mientras se tramita el fondo del recurso, se abstenga de realizar mofas o rutinas de humor en espectáculos públicos que utilicen como base la tragedia ocurrida en El Teniente, que sean del mismo tenor a las que son objeto del recurso. Como se recordará, en uno de sus espectáculos la comediante señaló que “puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”.

Ciertamente el uso de esa frase resultó muy desafortunado -aun cuando se dijo en un contexto particular inevitablemente hirió los sentimientos de los familiares que murieron en esta tragedia-, de allí que no debe sorprender que la comediante haya sido objeto de duras críticas, ante lo cual se vio obligada a ofrecer disculpas públicas por sus dichos. Y si bien el caso podría haber concluido ahí, el hecho de que la Corte de La Serena haya instruido una prohibición para el uso de determinadas frases abre una dimensión especialmente compleja, porque es evidente que la orden de no innovar dictada en estos términos constituye un acto de censura, lesionando severamente la libertad de expresión y sentando precedentes muy complejos para la sociedad.

La libertad de expresión es una garantía fundamental que tienen los ciudadanos para que puedan expresarse y emitir opiniones libremente, constituyendo una piedra angular de cualquier democracia que se precie de tal, pues no solo es la garantía para poder criticar y fiscalizar al poder, o incluso cuestionar el statu quo, sino también porque es a través de la deliberación pública como una sociedad zanja los más diversos asuntos. Tampoco se debe olvidar que gracias a la libertad para poder expresarse es que se asegura que la creatividad -esencial en el campo artístico y cultural- así como el conocimiento puedan desarrollarse y fluir. Por ello resulta particularmente complejo cuando una corte se atribuye el poder para determinar sobre qué pueden hablar los ciudadanos y en qué términos deben hacerlo, abriendo una puerta para que por la vía de acciones judiciales se puedan acallar o censurar opiniones que para algunos resulten incómodas o fuera de lugar.

Aun si se trata de opiniones incómodas o de mal gusto, es la ciudadanía la que en primer lugar es la llamada a evaluar su pertinencia, siendo la esfera pública donde aquellas precisamente deberán ser confrontadas. Si alguien se siente ofendido por determinados dichos, existen las herramientas legales para demandar una reparación o exigir las rectificaciones del caso -es lo que se debió haber hecho en el asunto que ha involucrado a esta comediante-, pero dar pie a la censura solo debe quedar reservado para casos objetivamente gravísimos y excepcionales. En la misma raíz se instalan los intentos por censurar bajo el pretexto del “negacionismo”, ya que no es otra cosa que buscar imponer a la sociedad determinadas verdades, acallando la disidencia y restando espacio a la diversidad de pensamiento.