Los números son elocuentes. Según el último Informe Anual de Productividad de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), la productividad total de factores, que mide la eficiencia con la que una economía transforma insumos -capital y trabajo- en producción, se contrajo entre 3,4% y 3,6% en 2022, y entre 1,8% y 2,4% en 2023. En 2024, la variación fue apenas entre -0,2% y 0,1%. Hubo una interrupción de las caídas, pero no una recuperación estructural. Mirando un horizonte más largo, la productividad laboral, que crecía por sobre el 4% anual entre 1990 y 2000, se ha estabilizado en torno al 1% desde 2011. Estamos, en términos simples, produciendo prácticamente lo mismo con cada vez más recursos.

Buena parte del debate público atribuye este estancamiento al exceso de trámites, a la baja inversión o al ciclo minero. Todo eso es cierto, pero falta otro ángulo que analizar. La propia CNEP ha sido explícita en señalar que, entre las causas estructurales, el desempeño deficiente del sistema educativo en la formación de competencias.

Formación continua de trabajadores

Y aquí llega la dificultad que el sistema educativo todavía no termina de asumir. No vamos a resolver un déficit de competencias formando únicamente a los jóvenes que entran al sistema de educación superior. La aritmética demográfica lo impide. Chile tiene una esperanza de vida al nacer cercana a los 82 años (una de las más altas de América Latina) y cada vez menos jóvenes están ingresando a la fuerza laboral. Las trayectorias laborales serán más largas, con menos reemplazo generacional y con un entorno productivo que muta a una velocidad que el sistema educativo tradicional no alcanza a seguir. El reskilling y el upskilling del trabajador adulto dejan de ser, en este contexto, una opción institucional: son un imperativo nacional.

Es en este punto donde la educación superior técnico profesional tiene una responsabilidad, y una oportunidad, que todavía no se le reconoce con la claridad que amerita. El 41% de los más de 1,45 millones de estudiantes de educación superior en Chile cursa estudios en institutos profesionales o centros de formación técnica. No es un segmento marginal. Es, en los hechos, la principal puerta de entrada y de reentrada al sistema formal para quienes necesitan actualizar competencias sin detener su trayectoria laboral. Y tiene una propiedad que los sistemas más tradicionales no tienen con la misma agilidad: la capacidad de ajustar currículums a la velocidad a la que cambia la demanda productiva.

Esa agilidad requiere vínculos de largo plazo con la industria, docentes con un pie en el aula y otro en el sector productivo, incorporar inteligencia artificial en la formación -AIEP fue la primera institución de educación superior en integrarla a su modelo educativo-, y reconocer que el adulto trabajador trae consigo aprendizajes previos que el sistema debe saber leer y acreditar.

La paradoja chilena es que tenemos una fuerza laboral con retornos sobre la media de la OCDE, uno de los desempleos más bajos entre egresados de educación superior, y al mismo tiempo un estancamiento productivo que ya suma casi dos décadas. Esa contradicción sugiere que el problema no está en el valor individual de formarse, sino en la capacidad agregada del sistema para formar al ritmo que el país necesita, y a las personas que el país necesita formar.

La educación técnico profesional debe ser reconocida como la pieza crítica que habilita esa transformación. Porque la productividad de Chile no se va a recuperar solo desde la inversión en capital. Se va a recuperar, también, desde cada aula donde un trabajador adulto adquiere una competencia nueva que ayer no tenía, y que mañana el país va a necesitar.

*Christian Haeberle, rector de AIEP.