Entre los hitos que marcaron el camino de la educación de las chilenas, pocos resultan tan decisivos como el Decreto Amunátegui (6 de febrero de 1877). Con lenguaje sobrio, abrió una grieta en un muro cultural: por primera vez, el Estado estableció que las mujeres debían ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, bajo las mismas disposiciones que los hombres; esto quiere decir que por primera vez en la historia de Chile pudieron ingresar a cursar estudios en la universidad.

El decreto lleva el nombre de Miguel Luis Amunátegui, ministro del presidente Aníbal Pinto. Sus considerandos fueron pragmáticos y, por eso, modernos: estimular “estudios serios y sólidos”, reconocer que las mujeres podían ejercer profesiones científicas y facilitarles medios para ganar la subsistencia por sí mismas. Pero si el texto quedó asociado a un apellido masculino, su empuje tuvo rostro femenino: la persistencia de Antonia Tarragó y muy especialmente de Isabel Le Brun de Pinochet, educadoras, fundadoras y dueñas de colegios que empujaron la validación de exámenes para sus alumnas hasta volverla una causa pública.

Los efectos se vieron pronto. En medicina, Eloísa Díaz se convirtió en la primera médica cirujana de Chile y Sudamérica (1887) y luego desarrolló una trayectoria clave en salud pública e higiene escolar, llegando a ejercer funciones de inspección médica escolar por décadas.

Solo días después, Ernestina Pérez obtuvo su título (enero de 1887) y destacó por su trabajo en salud femenina, ginecología y puericultura, además de su proyección internacional. En derecho, Matilde Throup abrió camino al obtener su Licenciatura en Leyes en 1892, antecedente mayor para la presencia femenina en profesiones jurídicas. En ciencias, Griselda Hinojosa se tituló farmacéutica en 1899, un hito temprano de profesionalización femenina en un campo científico. Y en ingeniería, Justicia Espada Acuña se tituló ingeniera civil en 1919, rompiendo otro bastión históricamente masculinizado.

Hoy en día el acceso es mayoritariamente femenino: el 52,9% de la matrícula de primer año en pregrado (2025) son mujeres. Pero persiste la segregación: ellas se concentran en educación, salud y ciencias sociales; y en STEM, la matrícula femenina ronda una de cada cinco. Además, el “acceso formal” no asegura igualdad: en 2024, el ingreso mediano fue $555.362 para mujeres vs $698.255 para hombres (INE).

Por eso, resaltar hoy el Decreto Amunátegui es indispensable: no sólo para celebrar una puerta abierta, sino para medir cuánto falta por ensanchar el umbral. Con miras a los 150 años en 2027, ese espíritu inspira Decretadas, iniciativa de la Universidad San Sebastián, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Adolfo Ibáñez, para articular una conmemoración pública y académica que conecte historia, datos y desafíos presentes.

La puerta que abrió el Decreto Amunátegui y los desafíos pendientes

*Investigadora y académica de la U. SanSebastián, codirectora proyecto Decretadas