La AFA comparece ante la justicia argentina. El ente rector del fútbol transandino, comandado por Claudio Tapia, acudió a los tribunales del Juzgado Nacional en lo Penal Económico con contexto de la causa por una supuesta retención indebida de $19 mil millones (más de 122 mil millones de pesos chilenos).

Las declaraciones del timonel cierra las indagatorias en la investigación. También pasaron por la sede de justicia el gerente general Gustavo Lorenzo; Cristian Malaspina y Víctor Blanco, actual y exsecretario general de la entidad; y el tesorero Pablo Troviggino. Este último es considerado como la mano derecha de Chiqui Tapia. Todos testimoniaron ante el juez Diego Amarante.

El escándalo de la AFA

El directorio de la AFA fue citado a declarar luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizara una denuncia a fines del año pasado, acusando al organismo de retener impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El dinero no habría sido depositado dentro de los plazos legales. En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85. Es decir, poco menos de 14 millones de dólares.

En ese contexto, Tapia llegó a la sede de tribunales para comparecer. Abordó en una camioneta ante un gran tumulto de periodistas y público en general. “Buenos días, no nos agolpemos”, señaló sin mucho éxito. “Por favor, por favor, me dejan pasar”, continuó. Pese al amplio operativo policial, el alboroto no pudo ser evitado. El timonel no dio declaraciones oficiales.

Chiqui se presentó junto a su abogado Luis Charró, quien asumió su defensa la semana pasada tras la salida de su exdefensor, Lucio Simonetti. Este último había presentado un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento, pero fue rechazado.

Tapia debía ser el primero en declarar ante el juez Amarante, pero su cambio de abogado le permitió pedir una prórroga y pasó de abrir a cerrar el listado de los acusados.

El delito que se le está imputando al presidente de la AFA, en el que ARCA es querellante del caso, tiene una pena de entre dos a seis años de prisión efectiva.