La cadena que asfixia al ciclismo

Ciclista en sombras.

El deporte del pedal está en caída libre, en medio de una guerra de acusaciones, intrigas y numerosos casos de dopaje. Mucha de la culpa de esto se le atribuye a una red de técnicos, empresarios, abogados, masajistas, jueces deportivos y deportistas. Denuncias que van de ida y de vuelta.




“¡Nos quieren cagar! ¡Esas sustancias no son nuestras! ¡Fue el Topo (Miguel) Droguett y Gonzalo Garrido, ellos nos denunciaron y nos quieren cagar!”. Desesperado, Antonio Cabrera decidió llamar desde el aeropuerto José María Córdova, de Medellín, a las autoridades olímpicas chilenas para comunicarles personalmente del control de equipaje al que fue sometido junto a Felipe Peñaloza. Fue el 24 de junio de 2019, a casi un mes de iniciarse los Juegos Panamericanos de Lima. La comunicación dejó perplejo al COCh, que veía complicados a dos de los deportistas con proyección de oro en la cita continental. Lo guardaron como un secreto. De hecho, la antigua ministra del deporte, Pauline Kantor, solo se enteró de esto cuando se hizo público. “Es que no era materia del ministerio”, se excusó el secretario ejecutivo de Plan Olímpico, Marcelo Ubal, por no dar aviso.

El informe del subintendente Óscar Ochoa, a cargo de la operación, detalló solo la presencia de altas dosis de clonazepam: dos sobres de comprimidos y tres botellas del compuesto líquido (de “uso institucional”, según su rotulación), suficientes para que una persona duerma sin pausas por tres meses. Sin embargo, contactado un mes después por La Tercera, el policía explicó que solo informó del ansiolítico por un tema legal. “Portaban mucho clonazepam, jarabe y pastillas, además de unos sobres de testosterona y unas ampollas. Con las leyes colombianas, lo único que pudimos definir como algo prohibido fue el clonazepam... Esas ampollas con líquido transparente... Eran frascos de vidrio sin nombre y su contenido no se pudo verificar”, aseguró el uniformado, que sí fotografió todo lo que portaban. Su declaración fue desestimada para iniciar una investigación y nunca lo contactaron, ni siquiera para rectificarla.

Simultáneamente, pero en Chile, dos miembros de la selección de ciclismo de pista presentaban resultados analíticos adversos. Primero fue Constanza Paredes, que marcó por EPO; luego Andrés Silva, por androsterona. Todos los ciclistas nombrados hasta aquí, en el papel, pupilos de Pilar Gallardo y Rafael Aravena, que pese a quedar muy cuestionados, igual fueron como técnicos a cargo de la pista y ruta chilena en Lima. "Si Pilar Gallardo no va, nos bajamos de Lima”, fue la amenaza de Cabrera, el más experimentado de los seleccionados, ante la posibilidad de que quitaran a la entrenadora. Ante el peligro de un escándalo mayor, sumado al caos federativo que por años vive este deporte, el COCh decidió actuar rápida y drásticamente, eliminándolos de sus afiliados y dejando en el aire, hasta hoy, el futuro del pedal nacional.

Todo unido

Para entender la compleja situación del ciclismo chileno es necesario resumir sus últimos escándalos: ya lidiaron con dos federaciones en 2012; en 2014, bajo extrañas circunstancias, no informaron del positivo por EPO de Adrián Alvarado, hermano de Fernando, el secretario general de la Federación de la época. Así pudo disputar pruebas oficiales en Chile e incluso integrar la Selección en la Vuelta a Río Grande do Sul, la Vuelta a México y el Panamericano, todos en 2015; desde 2017 figuran como federación bloqueada para recibir dineros del IND, por una deuda que hasta ahora se extiende en cientos de millones de pesos; el mismo año, debieron recurrir a la UCI para pagar los premios de la austera Copa del Mundo de Pista realizada en Peñalolén, cuenta aún impaga; y año a año, sus cartas nacionales han sido castigados por dopaje o posesión de sustancias, con 32 casos desde 2011 a la fecha.

Con esa decadencia, un cambio radical al rumbo del pedal se hizo una necesidad. Y enarbolándola como su bandera de lucha, dirigentes y entrenadores comenzaron a trabajar para ello. Así, tras confusas elecciones, Germain Pérez llegó a ser presidente de la Fecichile. “Inicialmente, yo iba al cargo de vicepresidente, pero al no haber un candidato a la presidencia, las elecciones iban a ser impugnadas, por lo que muchas federaciones me pidieron postular”, cuenta.

Al contar con la aprobación de asociaciones y deportistas, solo debió presentarse. Al comienzo lo hizo sin pertenecer a ninguna lista, pero para que su mandato se garantizase, debió asociarse a una. Allí apareció Francisco Quezada. El abogado, con participación en varios directorios de la Fecichile y parte de los nombres que están en un proceso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo del COCh, es quien comenzó a trabajar en la captación de votos. Le ofreció una lista en la que trabajaría junto a Sirinio Saavedra -el entrenador con más positivos de Chile (4) y actual gerente técnico de la Federación de Hockey y Patín Carrera- como vicepresidente, además de un grupo ya conformado para los distintos cargos. “Todos estaban supuestamente alineados con las reformas que debían hacerse, por eso acepté”, se excusa Pérez. Así, fue elegido en mayo de 2018 con 12 de los 15 votos disponibles.

Pero los problemas comenzaron de inmediato. “Ya en la presidencia me di cuenta de varias irregularidades que cometían mis directores, tesorera y vicepresidente. Por ejemplo, no llamaban en tiempo y forma a los selectivos, tenían una nula información contable, mal utilizaron mi firma digital, realizando certificados y autorizaciones sin mi consentimiento, entre muchas otras cosas”, denuncia.

Lo que desató el quiebre definitivo entre él y su directorio fue la petición de quitar a Pilar Gallardo (cónyuge de Saavedra) y Rafael Aravena como técnicos en Lima 2019, debido a las dudas generadas por sus recientes positivos. Por su petición y manifestarse a favor de la desafiliación del COCh, fue deshabilitado como presidente en el Tribunal de Honor de la federación. “Al final, pienso que todo esto estaba planeado. Me necesitaban a mí para tener credibilidad ante el IND o el COCh”, reflexiona ahora.

Quienes conocen a Saavedra y Gallardo aseguran que trabajan en base a “cofradías”. “O estás con ellos o no estás”, dice Aranza Villalón. La pedalera del equipo Avinal-GW-Carmen de Viboral es la chilena que más destaca en la actualidad y una de las pocas de su generación que no ha marcado positivo. Debió soportar una marginación que casi la deja fuera de Lima 2019 por no estar de acuerdo en la forma en que ambos trabajaban en la Fecichile. “Mi técnico era el que debía ir a Lima, porque en las bases fijaron que el mejor tiempo en la clasificación llevaría a su entrenador, pero no lo respetaron”, acusa. Paola Muñoz, Gonzalo Garrido y Khamila Sepúlveda (actual campeona sub 23 en la contrarreloj) fueron pupilos de ambos en distintos períodos y coinciden en esta definición. Ese modelo sectario, aseguran, fue montado dentro de la federación, gobernando para su conveniencia y favoreciendo a sus deportistas.

Cuesta explicar el enredo. Sirinio Saavedra es dueño del centro de entrenamiento Profitting 2122 (ex BikeFit), una casa en Santiago Centro que desde hace más de una década trabaja con deportistas, la misma en que el desaparecido equipo Clos de Pirque-Trek entrenó. Algunos de sus miembros, incluso, llegaron a vivir ahí. Pilar Gallardo (que no quiso participar de este reportaje) es la gerenta general y Emilio Aravena, miembro del Tribunal de Honor de la Fecichile, es coordinador. Saavedra también es team manager del equipo continental de pista La Pintana Sobre Ruedas-Grottes, en el que Aravena es su asistente y Gallardo es la secretaria. El CEO de ese equipo es el presidente del Tribunal de Honor de la Fecichile, Rodrigo Cuevas (su hijo homónimo, cercano al ciclismo, fue detectado con posesión de anfetaminas hace algunos años).

Isabel Velásquez, la secretaria de la federación, según denuncias, entregó a ADO una cotización de materiales para Lima 2019 un 30% más cara que en cualquier otro lugar por la tienda Bike New, de la que su esposo, Ricardo Hazbún, es dueño. “Me llamaron del COCh para pedirme explicaciones por esto. Están todos los correos de respaldo”, asegura Pérez.

La tesorera de la federación, Mirna López, no está ligada directamente a ellos. Sin embargo, su rol en el orden de las finanzas tiene a la federación aún sin rendir al IND $ 701 millones recibidos por proyectos el año pasado. “No hizo ni el informe del pago de las licencias UCI. Teníamos una cuenta bipersonal, pero ella retiró muchas veces dinero sin mi consentimiento”, acusa el defenestrado presidente.

Francisco Quezada, tercer director de la federación, es uno de los articuladores políticos dentro del grupo. Como abogado, ha defendido a Antonio Cabrera en varias causas, la última fue por amenazas graves contra Gonzalo Garrido y Paola Muñoz, donde perdió. “Él fue quien no hizo nada cuando Antonio Cabrera me agredió junto a su familia por no incluirlo en la selección de ruta. Era el presidente del Tribunal de Honor, presenté mi constatación de lesiones, pero ni lo amonestó”, denuncia Daniel Bretti, exseleccionador de ruta. Quezada vive en La Florida, pero representa en la Federación a una pequeña asociación de la Región de Los Lagos.

Rafael Aravena, el Mono, es un histórico formador del Club Chacabuco. Siempre ha estado ligado al ciclismo, sobre todo con los niños, pues tiene a cargo la escuela CER Metropolitana. Cuenta con discípulos sancionados por dopaje y el último gran corredor formado y actualmente entrenado por él fue el “Anfeta”, apodo con el que se conoce en el ciclismo a Felipe Peñaloza, actual campeón panamericano y sudamericano en la madison.

Excluyendo a los deportistas, los últimos eslabones de esta cadena son Jaime Rojas e Iván Muñoz. Rojas, más conocido como Sapete, ha sido el masajista de la selección durante años y es acusado por Nicolás González (positivo por EPO) de ser quien compraba y transportaba las drogas y sustancias en la selección nacional entre 2015 y 2017.

Muñoz, en cambio, es un histórico juez de ciclismo y también miembro del Tribunal de Honor. Se enemistó con el expresidente luego de que no fuese considerado como juez para la Vuelta a Chiloé de 2019. “Su método de trabajo siempre ha sido suspender a los otros jueces para estar él presente en todas las carreras”, asegura Garrido. “También es mentiroso”, dice Paola Muñoz, esposa de Garrido, quien denuncia que en el nacional de ruta del año pasado, al que la Federación citó con apenas tres días de anticipación, sufrió una “clavada” en sus frenos por parte de Denisse Ahumada, quien fue formada por Rafael Aravena y fue castigada por cuatro años por posesión de EPO, descubierta en su habitación en el hotel del CAR en 2016. “Ella clavó mis frenos, algo antideportivo y superpeligroso, porque íbamos corriendo a 50 kilómetros por hora y nos hubiésemos podido caer todas. Un juez la vio y la amonestó, pero este caballero nunca levantó un informe de ello”.

La carta con la que el COCh anunció a la UCI que investigaría y sancionaría a las tres últimos directorios de la Fecichile.

Daniel Bretti es tajante. “Son un grupo que está coludido para dopar, para extorsionar o agredir a quienes no estén de acuerdo con ellos”, recalca. Pero lo cierto es que las acusaciones dentro del ciclismo vienen de todos lados, y van en todas direcciones. A tal nivel que las hacen públicas a través de las redes sociales e involucran a la mayoría de los mencionados hasta aquí, con amenazas incluidas en contra de Nicolás González tras su cruda confesión de dopaje, o acusaciones contra el propio Germaín Pérez (“Te doy la razón, en la época mía de ciclista cometí un error y me pillaron con anfetaminas. Pero tú eres un ladrón y cafiche y ni eso reconoces”, le escribió en Facebook Rodrigo Cuevas). La más pública fue la realizada por Sapete (Jaime Rojas) contra González: “Jugaste con fuego y el fuego quema. Nos vemos en la ruta o pista”.

Captura de la publicación que Jaime Rojas, Sapete, colgó en sus redes sociales y poseriormente eliminó.

Manos atadas

El presidente del Tribunal de Expertos en Dopaje, Cristián Ramírez, reconoció en una entrevista a La Tercera la existencia de mafias dentro de las federaciones, sin referirse exclusivamente al ciclismo. Más tarde, en una carta dirigida al presidente del COCh, reafirmó sus dichos: “Es mi experiencia de varios años en instancias de juzgamiento del dopaje en el deporte chileno, la que me ha permitido postular, también, la existencia de grupos que practican dicha cultura, cuya puesta en evidencia se ve dificultada, justamente, por prácticas propias de dichas organizaciones (pactos de silencio, aislamiento y amedrentamiento de testigos, principalmente)”.

Todas estas situaciones fueron investigadas en agosto de 2019 por el vicepresidente de la UCI y director de su programa antidopaje, Artur Lopes. “Hay muchos conflictos de interés dentro de la federación (...) Eso no permitirá nunca mejorar al país. También tienen un problema grave de dopaje, con muchos casos de deportistas castigados o con resultados analíticos adversos, demasiados para lo pequeño que es Chile”. Su conclusión más dura fue que “en Chile hay una cultura que avala este tipo de prácticas de dopaje”. Todo acabó con la desafiliación de la Fecichile de la UCI, en octubre pasado.

La carta con que el presidente de la UCI, David Lappartient, pide rectificar el nombre de Germain Pérez en la lista de inhabilitados dada por el COCh, y agregar la de Iván Muñoz. Todo, a raíz de la investigación que la UCI realizó en agosto de 2019.

Pese a las diversas denuncias por dopaje, posesión de sustancias dopantes, malversación de fondos y faltas a la ética, todas recopiladas por el propio Lopes, no es mucho lo que en Chile se pueda hacer. Tampoco se sabe qué ocurrirá con el pedal nacional, porque la pausa por el coronavirus frenó un procedimiento en contra del último directorio de la Fecichile en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, dependiente del COCh.

“Francamente, la situación es desalentadora. Estoy desde 2013 en la Selección y nunca habíamos estado tan mal”, se lamenta Villalón desde Colombia. “Solo queda irse afuera, porque en Chile ya no hay nada”.

Los nombres que la UCI exigió incluir al COCh para su investigación.

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