Universidad Católica fue denunciada por Everton ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la ausencia de público visitante en el partido disputado el 14 de marzo en el estadio Claro Arena, correspondiente a la séptima fecha de la Liga de Primera.

Según supo El Deportivo, tras ser notificados, desde Cruzados mostraron sorpresa por la acción del club viñamarino. Argumentan que la determinación de no recibir hinchas visitantes fue informada previamente a la dirigencia del cuadro ruletero y que, en ese momento, la institución de la Quinta Región manifestó comprensión respecto de la medida. Apuntan a que fue un acuerdo entre clubes.

De esta forma, el compromiso entre ambos equipos se jugó sin presencia de seguidores de Everton en las tribunas. Ese día asistieron 17.705 personas al recinto, todos hinchas del cuadro local. El encuentro terminó igualado 2-2, luego de que el conjunto visitante se pusiera en ventaja en los primeros minutos del partido y que Universidad Católica lograra empatar.

El reglamento de la Liga de Primera establece que los clubes locales deben destinar al menos el 5% del aforo autorizado para público visitante en los partidos oficiales. En el caso del recinto de San Carlos de Apoquindo, ese porcentaje corresponde a cerca de mil espectadores. Esa obligación reglamentaria no se cumplió en la jornada mencionada, motivo por el cual el club decidió recurrir al Tribunal de Disciplina para que revise la situación y determine eventuales sanciones.

Ante ese escenario, desde Universidad Católica sostienen que la decisión se tomó considerando antecedentes de seguridad vinculados a comportamientos registrados en un partido anterior entre ambos equipos, disputado en 2025 en el estadio Sausalito.

En ese encuentro, un grupo de hinchas ingresó al terreno de juego. De hecho, Everton fue sancionado con jugar tres partidos a puertas cerradas. De acuerdo con la postura de la UC, ese antecedente fue uno de los elementos considerados. En el club estudiantil apuntan a que la medida fue comunicada, en el marco de la coordinación habitual que se realiza entre las instituciones y las autoridades antes de cada encuentro. Según su versión, la respuesta inicial fue de entendimiento frente a la determinación adoptada.

En caso de que el tribunal determine que existió incumplimiento, la sanción contemplada corresponde a una multa económica. De acuerdo con la normativa vigente, la penalidad podría alcanzar las 1.000 Unidades de Fomento, cifra que bordea los 40 millones de pesos.