La ruta hacia el 2030

Sudamérica se convulsiona con la idea de un Mundial organizado en conjunto por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Incluso Bolivia ha aparecido con alguna opción de sumarse al ambicioso proyecto. Los gobiernos se hacen parte de la idea. El presidente Sebastián Piñera se anima hasta a proyectar una semifinal en el Nacional. Pero para eso falta. Y mucho.

En la FIFA miran esta efervescencia como muy preliminar. Se han enterado de ella a través de distintos canales, pero no la consideran oficial y no van a opinar acerca de ella. Ni siquiera está definida la fecha para iniciar la postulación.

Mientras, Chile se sumó formalmente a la candidatura. La federación, encabezada por Sebastián Moreno, y el gobierno, representado por la ministra Pauline Kantor, participaron de una reunión en Buenos Aires, el lunes 8. La próxima cita será en Santiago, el 22 de mayo. En ella, se entregarán los parámetros para definir las ciudades que servirán como subsedes. También se le comenzará a dar estructura al Comité Organizador Local, que funcionará como un órgano centralizado, pero que tendrá responsables en cada país. Por el momento, la única definición es que buscarán personas de perfil ejecutivo para encabezarlos.

Organizar un Mundial implica cumplir altas exigencias. La referencia son las que garantizaron Estados Unidos, México y Canadá, que albergarán el certamen de 2026. Este último proceso partió el 14 de octubre de 2016 y la asignación se realizó recién el 13 de junio de 2018.

A la FIFA le importan varios aspectos. La Guía sobre la Selección del Organizador de la Copa Mundial de 2026, que puede considerarse como base para la próxima elección, entrega los conceptos elementales. El primero es la transparencia. Cada paso será público y a lo largo de todo el procedimiento se conocerán los votos individuales. Se incluye una auditoría independiente. El segundo es la participación: el Congreso de la FIFA, que agrupa a las 211 asociaciones afiliadas, es el que adopta la decisión; el tercero, el compromiso con los derechos humanos y laborales, y la sustentabilidad; y el cuarto, la objetividad en el análisis de las candidaturas.

La guía también explica que la evaluación es encomendada a un grupo de expertos que deben informar sobre la evaluación de cumplimientos y el análisis de los riesgos. Todos esos aspectos están sujetos a una auditoría externa. Las candidaturas que pasan esos filtros son las que se llevan al Consejo de la FIFA.

La evaluación está dividida en dos ítems: la infraestructura y los aspectos comerciales. El primero habla de estadios, hoteles, instalaciones para las selecciones, transporte, informática, telecomunicaciones y espacios para fan fests. El segundo es comercial: presupuesto de gastos, estimación de ingresos por entradas y paquetes de servicios preferentes, y estimación de ingresos por derechos de marketing y audiovisuales. Cada uno tiene porcentajes asignados. El más alto son los estadios, con un 35%. Asimismo, está prohibido que las partes involucradas den o reciban regalos inapropiados. "La FIFA se reserva el derecho a rescindir cualquier acuerdo si detecta una conducta contraria a los principios éticos", consigna el documento.

Uno de los conceptos que más se refuerza es el de 'legado'. Es decir, de los beneficios que las inversiones y obras para recibir el campeonato deben significarles los países anfitriones después del certamen.

Un Mundial para 48 equipos, como será el de 2026 y se presume el de 2030, contempla estadios con capacidad más que importantes (ver infografía). En Chile, hoy, el Estadio Nacional solo cumpliría con la capacidad para albergar cuartos de final, sin considerar su modernización. Entre los actuales recintos de los países que integran la postulación solo uno cumpliría los requisitos para albergar un partido de cuartos de final: el Mario Kempes de Córdoba (Argentina).

En función del 'legado' que propone la FIFA, las primeras líneas de trabajo hablan de la construcción de recintos funcionales para la sociedad, que no se transformen en 'elefantes blancos'. Es decir, en construcciones difíciles de mantener. En Brasil 2014, por ejemplo, se recurrió a estructuras mecano que fueron desarmadas después de la Copa.

La hotelería es otro desafío, pues exige 72 opciones y todas con instalaciones de entrenamiento, entre otros requerimientos.

El apoyo gubernamental debe expresarse en compromisos concretos, como eximir de visado o simplificarle el ingreso de los miembros de la organización; conceder permisos de trabajo sin restricción; otorgar exención tributaria limitada a la FIFA y a terceros relacionados con la competición; responsabilizarse de la seguridad; reconocer la propiedad ilimitada e inclusiva de los derechos comerciales de la competición a la FIFA y comprometerse en la lucha contra la discriminación.