En Brasil surge la alerta después de que el Gobierno de Río de Janeiro comenzara a evaluar vender el estadio Maracaná en medio de una serie de medidas que buscan reducir el gasto público del distrito.

De esta manera, el histórico coliseo deportivo podría tener nuevos dueños después de más de 70 años a cargo de las autoridades locales. Esta idea surge desde un plan en el que se pretende desprenderse de bienes públicos para así reducir el déficit fiscal.

Rodrigo Amorim, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, explicó: “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento del Maracaná, unos 160.000 euros por partido”. Una cifra que comienza a crear problemas para tenerlo en las condiciones que exige un coliseo de esta magnitud.

Desde su inauguración para el Mundial de 1950, siendo el torneo en donde se inmortalizó el “Maracanazo” de Uruguay, el estadio siempre ha estado siendo administrado por el estadio de Río, asumiendo los costos de construcción, remodelación y mantenimiento.

El proyecto liderado por Cláudio Castro busca desprenderse de 30 propiedades estatales. Así, la venta del estadio podría generar un ingreso de unos 373 millones de dólares. Aunque insistió en que esta fórmula no busca generar ganancias, sino evitar pérdidas por obras abandonadas.

El punto crítico es que el Estado de Río de Janeiro mantiene una deuda de 1.890 millones de euros con el Gobierno Federal, que debe saldarse antes de 2026, conforme al programa de reestructuración nacional.

Claro que no será simple desprenderse del Maracaná, pues este forma parte de una concesión vigente hasta 2044 otorgada al consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, cuyos dirigentes ya adelantaron que el contrato se cumplirá hasta el final.

Ante esto, Castro presentó el Proyecto de Ley Complementario 40/2025, que establece que el Gobierno podrá vender inmuebles públicos, incluso aquellos actualmente concesionados al sector privado, mediante un proceso de licitación.

Este proceso es similar a lo que ya ocurrió en 2011 cuando Eike Batista mostró interés en comprar el estadio en la previa del Mundial de 2014 para tenerlo listo de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, el multimillonario empresario no consiguió llegar a un acuerdo con el Estado.