La comisión de clubes de la ANFP, que ha seguido de cerca la tramitación del proyecto que modifica la Ley SADP, envió a las demás instituciones un documento en el que fija su posición frente a la iniciativa aprobada por el Senado. El grupo está compuesto por Juan Tagle, Aníbal Mosa, Pablo Ramírez, René Rosas, Andrés Sánchez, Felipe Muñoz, Jorge Fistonic y Jorge Sánchez.

El texto, al que tuvo acceso El Deportivo, fue visado y hecho por iniciativa del presidente de Cruzados. Será uno de los antecedentes que se discutirán en el próximo Consejo de Presidentes, programado para el martes a las 17 horas.

Los reparos al proyecto

En el documento llamado Lo positivo y negativo del texto que aprobó el Senado, los clubes detallan una serie de observaciones, que en su mayoría son muy críticas del proyecto. Esta mirada está dirigida a dos estructuras principales: la Liga Deportiva Profesional (LDP) y la Federación Deportiva Nacional de Fútbol.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere al régimen jurídico de las instituciones deportivas. En cuanto a la LDP, el texto plantea como negativo el “sometimiento forzoso para constituirse como una sociedad anónima cerrada o especial”.

También se reclama la falta de regulación detallada para la liga: “Nada dice el proyecto de cómo se constituye, estructura y funciona”. Otro punto es la responsabilidad que se le asigna en materia de fiscalización de la multipropiedad. El informe menciona que el proyecto establece el delito de elusión o incumplimiento de las prohibiciones de multipropiedad y la ocultación de información, con penas de presidio menor: “Se le traslada una responsabilidad para la cual no tiene herramientas legales de investigación”.

Los clubes también consideran que es poco el tiempo para adaptar la estructura del fútbol profesional al nuevo marco legal. El texto señala que el proyecto establece un “plazo de adecuación insuficiente: 18 meses para transitar desde la ANFP a la Liga Deportiva Profesional”.

En cuanto a lo federativo, los reparos apuntan a la obligación de estructurar el sistema bajo el modelo de Federación Deportiva Nacional: “Es un mal vehículo atendida la realidad del fútbol”.

Los clubes plantean posibles conflictos con los entes que rigen la actividad en el mundo: “La regulación nueva está reñida con los estatutos de FIFA y Conmebol, al menos en cuanto a la reestructuración de los socios, sistemas de votaciones y de justicia, afectando los principios de autonomía e independencia”. Se cuestiona la creación de órganos obligatorios en la federación, como una comisión técnica y una de deportistas.

El documento también advierte sobre las facultades que se entregan al IND respecto de la organización federativa. Los clubes mencionan riesgos de judicialización derivados de la falta de reconocimiento de órganos jurisdiccionales propios del fútbol, y de eventuales inconsistencias en la técnica legislativa del proyecto.

Se menciona, por ejemplo, que no se derogó una disposición de la Ley del Deporte que excluye desde 2014 a la Federación de Fútbol de Chile de las federaciones deportivas nacionales.

También critica que el “régimen de incompatibilidades e inhabilidades para dirigentes resulta excesivo para el desarrollo de la actividad”, así como los “requisitos para ser Director dejan fuera a personas preparadas y que pueden aportar” a la eventual nueva Federación.

Los aspectos valorados

Entre los elementos que el texto considera favorables aparece la eliminación de la multipropiedad y el fortalecimiento de los mecanismos de control. También se destaca la incorporación de nuevos organismos de supervisión.

Otro punto que los clubes destacan es la regulación sobre los representantes de futbolistas. “Prohíbe que agentes de jugadores tengan propiedad o cargos directivos en los clubes, garantizando que el desarrollo deportivo no esté supeditado a intereses de representación económica”, destacan.

En esa línea, la normativa establece nuevas exigencias para directores y accionistas: “Implementa un régimen estricto de inhabilidades para directores y accionistas, obligando a declarar intereses cruzados para asegurar que cada decisión administrativa priorice el patrimonio del club”.

El informe resalta los estándares de transparencia financiera. “La normativa introduce obligaciones de reporte financiero semestral y la acreditación del origen lícito de los fondos, lo que garantiza que la propiedad de los clubes sea trazable y pública”, señala. Agrega que exigir que el beneficiario final sea “siempre una persona natural identificable” elimina estructuras que oculten la propiedad.

Destaca a las SADP dentro del sistema de prevención del lavado de activos. Además, se menciona el cambio en el organismo encargado de la supervisión administrativa. El documento indica que la fiscalización “pasa del Ministerio de Justicia al Ministerio del Deporte, a través del IND, entidad con mayor especialización”.

El documento se analizará en el Consejo de este martes 17.