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La organización estudiantil comunicó su decisión a través de una declaración, donde se comprometió a hacer entrega de las dependencias ocupadas a los trabajadores del organismo, luego de llegar a una acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“Desde el primer día de la toma optamos por la vía del diálogo para destrabar esta situación. Sin embargo, los innumerables esfuerzos no tuvieron una respuesta positiva por parte de los ocupantes”, señaló el director del organismo tras realizar la solicitud. La delegada Constanza Martínez (CS) debería concretarlo antes del 5 de abril, fecha tope que estableció la Contraloría.

Durante esta tarde se filtró un oficio donde Sergio Micco solicitaba el "auxilio de la fuerza pública" para recuperar los inmuebles que se encuentran tomados hace más de ocho meses. Desde el organismo aseguraron que el documento "fue despachado sin que existiera la instrucción de realizarlo" y se solicitó dejarlo sin efecto.

El director del organismo le exigió la semana pasada a los ocupantes que debían abandonar el edificio antes de las 15.00 de este lunes 7 de marzo. Pese a la petición, los jóvenes decidieron que no levantarán la toma y están preparados para que llegue Carabineros en cualquier momento. El jefe de la institución se resiste a pedir el desalojo y, pese a los fracasos previos, volverá a insistir ante el consejo por la opción del diálogo. Esto ya lo hizo hace una semana y no logró tener el apoyo del resto de los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Al interior del organismo las autoridades afirman que han propuesto mesas de trabajo a los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), pero que ellos se han negado, y les han dejado claro que parte de sus peticiones son medidas que debe tomar el Ejecutivo, como el indulto a presos del estallido social. Una de las cosas que preocupan es que al interior del recinto hay documentos clave para los procesos que llevan adelante.

Policías resguardará las cajas con las pruebas hasta que estas sean abiertas y los test entregados a los alumnos. No se permitirá el ingreso de mochilas, todos deberán portar carnet y no habrá reconocimiento de sala. Además, los alumnos recibirán por correo, el colegio donde tendrán que ir a rendir el examen.

"Tenemos claro que ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas ni con sus amenazas de muerte van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos", dijo su vocero Víctor Chanfreau.

Según el escrito presentado por Ministerio del Interior a la Fiscalía Nacional, "el balance es que producto de desordenes, riñas, cacerolazos, interrupciones del tránsito y tomas de colegios, 147 sedes de rendición de la PSU en todo el país debieron paralizar el proceso por verse impedido de llevarlo a cabo en razón de estas acciones violentas por parte de la ACES".

En el marco de esta manifestación, desde la Aces hicieron un llamado a adherir al paro nacional convocado para mañana jueves, bajo la consigna: "¡No más zonas de sacrificio!"

La manifestación, como ya habían adelantado desde la Aces, dice relación con la respuesta que ha dado el gobierno a la situación que se vive en la zona.

Asegurando que el proyecto no se hace cargo del fondo del conflicto, y que solo se busca criminalizar al movimiento estudiantil, Cones y Aces llamaron a una concentración para este jueves a las 18.00 horas.

En medio de la movilización, tres de los manifestantes subieron a una señalética en altura y desplegaron un lienzo. En medio del procedimiento realizado por Carabineros, fueron detenidos.

Desde la Asamblea de Estudiantes Secundarios evalúan acciones concretas para impedir la aprobación del proyecto, pues consideran que será utilizado solo para desarticularlos.

Karla Rubilar indicó que según las estimaciones de la intendencia, alrededor de 30 mil personas se hicieron parte de esta primera marcha del año, la que en su mayoría se desarrolló de manera pacífica.