Denuncia del gobierno por boicot a PSU: "Fue 'subversivamente eficiente'"

Secundarios se toman el Liceo República de Siria en Ñuñoa, sede de la PSU.

El 6 y 7 de enero, las protestas de escolares contra la PSU inhabilitaron decenas de locales.

Según el escrito presentado por Ministerio del Interior a la Fiscalía Nacional, "el balance es que producto de desordenes, riñas, cacerolazos, interrupciones del tránsito y tomas de colegios, 147 sedes de rendición de la PSU en todo el país debieron paralizar el proceso por verse impedido de llevarlo a cabo en razón de estas acciones violentas por parte de la ACES".




Esta mañana, el fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció que será un fiscal regional el que asumirá la investigación por el llamado "boicot" a la PSU. Esto, luego de que el Ministerio del Interior ingresara una denuncia en la principal sede del Ministerio Público.

En la denuncia enviada por el gobierno a la Fiscalía Nacional, se relatan las conferencias de prensa que dio el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces),Víctor Chanfreau, el 6 de enero, cuando sostuvo que "se van a intensificar de todas maneras las movilizaciones"; y la del 7 de enero, a cargo de la dirigenta Aylén Salgado, quien sostuvo que el que se haya cancelado la PSU "no es un triunfo solamente para los estudiantes secundarios, sino que para el pueblo en su conjunto".

Para el gobierno, ambos, tienen responsabilidad penal en los llamados a movilizarse, según el artículo 6, letra c) de la Ley de Seguridad del Estado. "Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elemento", dice la norma invocada por el Ejecutivo.

Según la denuncia del gobierno, hasta ayer, "el balance es que producto de desordenes, riñas, cacerolazos, interrupciones del tránsito y tomas de colegios, 147 sedes de rendición de la PSU en todo el país debieron paralizar el proceso por verse impedido de llevarlo a cabo en razón de estas acciones violentas por parte de la ACES, tanto directamente, como a través de la incitación a terceros  a realizar dichas acciones".

Sobre la filtración de la prueba de Historia, Interior relata en la denuncia que "dado el contexto de incitación al boicot de la PSU, este acto perfectamente se enmarca en esa lógica. De hecho, fue 'subversivamente eficiente', pues consiguió el objeto tantas veces anunciado públicamente, y ratificado ayer mismo en conferencia de prensa de Víctor Chanfreau, en orden a impedir o suspender la realización de la PSU a nivel nacional. Ese propósito se alcanzó respecto de la PSU Historia".

El gobierno, en su denuncia, además, sugiere a la fiscalía que oficie al Demre para que se entregue el detalle de la cantidad de locales en los que se suspendió el proceso de rendición de la PSU, como asimismo el número de personas inscritas en cada local.

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