Cargos públicos
30 DICIEMBRE
Actualmente son 392 las profesionales que dirigen servicios o tienen cargos de jefaturas regionales o de división a lo largo del país. Pese a los esfuerzos, la mayoría de las postulaciones y de los nombramientos aún recae en hombres.
Mujeres en cargos de jefatura por concurso público representan el 37% de los puestos nombrados en Chile
18 NOVIEMBRE
La norma, que retornó a comisión por ser objeto de modificaciones, reforma el artículo 8° de la Constitución, para determinar que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública, incluso cuando el cargo sea de elección popular.
Por unanimidad: Cámara aprueba reforma constitucional que fija inhabilidad para ejercer cargos públicos por delitos contra la probidad
11 DICIEMBRE
06 OCTUBRE
"La nostalgia por la formalidad en el comportamiento de los altos cargos de nuestro país no es ser conservador ni retrógrado, es respetar la imagen de nuestra tradiciones, de nuestras instituciones y de nuestro Chile, tanto frente a la sociedad civil como a los demás países."
Columna de Pedro Pellegrini: De las Corbatas y Zapatos … ¿leseras?
24 AGOSTO
04 AGOSTO
08 MARZO
14 MARZO
Tras la entrada en vigencia de la ley que perfecciona el sistema de Alta Dirección Pública, el próximo gobierno será el primero que no podrá nombrar altos directivos "transitorios" para que luego sean ratificados en las jefaturas.
Los más de 100 altos cargos que Sebastián Piñera no podrá designar en marzo
14 MARZO
18 FEBRERO
15 FEBRERO
Si bien algunos de los postulantes estuvieron en la cárcel por tráfico de drogas e incluso terrorismo, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, no hay ninguna cláusula legal que impida que una persona que haya pagado condena se postule a algún cargo regional o municipal.
Perú: más de 2.000 candidatos a cargos públicos han debido pagar condenas judiciales
15 FEBREROLa moción impulsada por los diputados Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI) incorpora prohibiciones a la intervención de autoridades y funcionarios públicos en asuntos en que tengan interés su cónyuge, parientes o socios.
Alianza presenta proyecto para terminar con los conflictos de interés en organismos públicos
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