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La Fiscalía Nacional Económica pidió al TDLC que aplique a Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,5 millones y de 5.200 UTA, unos US$ 4,3 millones, a Inaer por su actuar entre 2009 y 2012.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, sostuvo que un articulo del borrador de la nueva Constitución "podría significar que, respecto de quienes ya hayan accedido o accedan a la delación compensada, podría iniciarse, o incluso terminar, un proceso penal por colusión sin que haya existido la instancia procesal que exige la ley actual para que se reconozca su exención de responsabilidad penal".

El presidente de la CPC apuntó que el alza en el valor de los productos se explica por factores como la pandemia, la invasión a Ucrania y la inflación.

La Fiscalía Nacional Económica lleva adelante dos investigaciones: una presunta colusión en los mercados de centolla en la Región de Magallanes y otra contra cuatro empresas por una licitación de cuotas de merluza común en las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La primera indagatoria comenzó a fines del año pasado. En el caso de la merluza, iniciada en 2019, la controversia entre la fiscalía y una pesquera llegó a la Corte de Apelaciones.

Esto en el marco de la acusación realizada por la FNE en octubre de 2021 apuntando a las tres mayores empresas locales de transporte de valores -Brink’s, Prosegur y Loomis-, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018.

Los argumentos de la FNE fueron expuestos este miércoles ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia convocada para resolver la admisibilidad del recurso.

“Esta decisión del Tribunal acredita la existencia de un acuerdo que afectó a un mercado tan sensible como el combate aéreo de incendios forestales desarrollado mediante aviones”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

La Corte Suprema mantiene abiertos tres procedimientos de ayuda internacional a las jurisdicciones de España, Portugal y Uruguay a solicitud del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia por las dificultades que ha reconocido la Fiscalía Nacional Económica en la notificación del requerimiento a ejecutivos acusados.

En referencia a los casos emblemáticos de colusión que ha vivido el país, Ricardo Riesco dijo que incumplimientos de este tipo, por el efecto mediático, "pueden llevar a la quiebra de las compañías involucradas”.

La resolución del regulador hispano daba cuenta de que ambas compañías utilizaron diversas estrategias para repartirse el mercado.

“Por supuesto. Si la legislación lo permite y los méritos de los hechos (lo respaldan y), así lo consideran los tribunales y los jueces, se tiene que aplicar de esa manera”, dijo Juan Sutil, presidente de la CPC. Desde la Sofofa y la CNC también hubo fuertes críticas.

Desde Brink’s señalaron que “nos ponemos a total disposición de la autoridad", mientras que en Prosegur indicaron que “Prosegur Cash ha colaborado con la Fiscalía Nacional Económica desde el inicio de la investigación que se llevó a cabo en este proceso”,

El último caso conocido es el del cartel en el mercado del trasnporte de valores.

“Todo este tipo de colusión siempre el consumidor es el que paga los platos rotos”, dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.

La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de Libre Competencia contra Brink’s, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Además, pidió multar a los tres gerentes generales de las empresas y dos ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brink´s y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón de 2018.