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Los abogados de la comunidad Pu Wapi aseguran que en el duro revés sufrido este jueves en la comisión regional de Aysén se usaron "argumentos racistas" y sostienen que el efecto práctico de la votación inhabilita de manera a los integrantes de dichas comunidades para presentar nuevas solicitudes para administrar los espacios costeros marinos.

El desestimiento de dos de las cuatro comunidades que originalmente levantaron las peticiones de ECMPO “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscaban administrar poco más de 621 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén, acusando nunca haber conocido de ellas, además de la extensión del territorio marítimo solicitado y la falta de armonía con los diversos usos, fueron los principales argumentos de los delegados del gobierno, así como de los seremis y directores regionales de servicios con competencia. Todos los alcaldes y representantes de los pescadores artesanales se sumaron al rechazo.

“Cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, si es que se llegaran a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantía. Entonces, por eso es que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces, por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge.

Organizaciones sociales, trabajadores y sindicatos también se plegaron a la manifestación pacífica que busca influir en la votación de este jueves y que podría entregar más de 600 mil hectáreas de mar a 38 personas de comunidades indígenas.

Los mayores críticos apuntan a que la normativa suspende y supedita los proyectos a la espera de una respuesta de la Conadi, que puede tardar años. Desde el sector privado aseguran que sólo en la Región de Los Lagos, la inversión paralizada por esta iniciativa se acerca a los US$4 millones.

Norma, que rige desde 2009, resguarda los derechos de las comunidades indígenas respecto del borde costero, lo que ha complicado el desarrollo de algunas actividades.

Norma, que rige desde 2009, resguarda los derechos de las comunidades indígenas respecto del borde costero, lo que ha complicado el desarrollo de algunas actividades.