El destierro del fiscal Moya: Los detalles de sus días lejos de Rancagua

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El 18 de marzo, la fiscalía deberá transparentar ante la justicia si formalizará o no al fiscal Sergio Moya por obstrucción a la investigación por sus intervenciones en el montaje contra dirigentes mapuches en la denominada Operación Huracán. Mientras tanto, pasa sus días relegado en Santiago investigando homicidios y secuestros.


En la antigua Roma se le denominaba  "relegación" a una pena de destierro, pero que tenía carácter  temporal y no perpetuo. El castigo no privaba al ciudadano de sus derechos civiles y consistía en enviarlo a una isla o archipiélago en donde podía seguir desempeñando su profesión u oficio, pero bajo la vigilancia de una autoridad. En la actualidad, el exjefe de Alta Complejidad de O'Higgins -y quien fuera durante cuatro años el fiscal del caso Caval- Sergio Moya Domke se encuentra cumpliendo una especie de relegación. Desde hace tres semanas, Moya está en la Fiscalía Occidente,  a 84 km de la VI Región, el lugar que lo llevó a estar en uno de los mayores escándalos del Ministerio Público.

Moya es uno de los protagonistas de una disputa que se activó el 19 de abril de 2019,  cuando él decidió denunciar hechos que -a su juicio- podían revestir carácter de delitos de corrupción en contra de su examigo y entonces jefe, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Al quiebre de la dupla Moya-Arias se sumó luego una profunda crisis en Rancagua, que repercutió también en el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien hace un mes sufrió una dura derrota en la Corte Suprema, cuando -por 11 votos a tres- el máximo tribunal rechazó remover a Arias de su cargo, tal y como la máxima autoridad de la fiscalía lo había pedido.

Con el éxito en el bolsillo, Arias retomó  sus labores en Rancagua el 31 de enero pasado, tras ocho meses suspendido. Moya -quien también fue alejado de sus funciones como medida preventiva- había solicitado al fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien tramita un sumario en su contra, el alzamiento de su suspensión. Fue entonces cuando se decidió su traslado. Con el retorno de Arias a O'Higgins no había cabida para ambos en el mismo edificio. Así, tras tantear qué fiscal regional podía recibirlo, se decidió que llegara a la Occidente. Eso, porque ahí está la fiscalía local de San Bernardo que -dentro de todo- es  la repartición del Ministerio Público más cercana a la VI Región en la que aún viven Moya y su esposa. Cercanos a este último aseguran que él estaba dispuesto a seguir sus funciones en O'Higgins y -a diferencia de su exjefe, quien al volver a trabajar dijo que "esto no puede ser  borrón y cuenta nueva"-, el exfiscal del caso Caval sí sentía que en su retorno "estaba escribiendo un nuevo libro" y no era una "vuelta de página", pese a que está pendiente una importante decisión de otro fiscal: ahora, del regional de Aysén, Carlos Palma. Este deberá decidir si lo formaliza por una acusación que Arias le devolvió poco después de que Moya lo denunciara: el 8 de mayo entregó a la fiscalía un correo que vincularía a Moya con los oficiales de inteligencia imputados por un montaje contra dirigentes mapuches en la denominada Operación Huracán. Así, la casa y oficina de Moya fueron allanadas y desde ahí está latente una formalización por el eventual rol que habría jugado en la investigación sobre fabricación de pruebas falsas en La Araucanía.

El incómodo Moya

"Así con el compañerito nuevo". Era 3 de febrero cuando la fiscal de San Bernardo, Andrea Rocha, escribió esa frase en su muro de Facebook citando una nota periodística en que se develaban chats entre Sergio Moya y la fiscal de Rancagua, Marcia Allendes. Ese mismo lunes, Moya  había llegado como parte del equipo de investigadores a San Bernardo. Se le asignó una compleja causa que involucraba un ajuste de cuentas en que resultaron dos personas muertas y cuatro heridos; balacera entre bandas rivales. Otro día, tuvo que tomar 40 controles de detención. Pese a que sus nuevas funciones se alejaban de las causas de corrupción  que estaba acostumbrado a tramitar, quienes lo conocen aseguran que Moya estaba feliz de volver al trabajo en el Ministerio Público, en el que lleva ya 20 años. Sin embargo, al cabo de una semana recibió un llamado. Su presencia en el lugar había ocasionado una especie de rebelión de algunos fiscales de esa zona, liderados por Andrea Rocha, quien -en chats internos- amenazaba con pedir cambio de fiscalía si Moya continuaba en el lugar.

No es un secreto al interior del Ministerio Público la cercanía entre la investigadora y el rival de Moya, Emiliano Arias. De hecho, el día en que la Corte Suprema rechazó la petición de remoción de Abbott, el jefe de O'Higgins y la fiscal estuvieron festejando el triunfo. "Welcome back boss!" escribió la profesional el 31 de enero, tras citar una nota periodística que hablaba sobre el retorno de Arias a Rancagua.Territorio ajenoAntes de ser fiscal regional de O'Higgins, Arias y su pareja, la abogada Marisa Navarrete, trabajaron durante varios años en la Zona Metropolitana Occidente. Ella en San Bernardo y él como jefe de la fiscalía local de Pudahuel.  "Son enclaves de Arias, Moya vino a pisar el suelo ajeno y era muy probable que esto pasara", dice un fiscal de esa repartición en alusión a la trayectoria de los abogados. Fue entonces cuando el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, tuvo que tomar cartas en el asunto, adelantándose a la posibilidad de que la revuelta en San Bernardo se profundizara. Hace dos semanas, Moya tuvo que venirse a SantiagoCentro -al edificio institucional de la Fiscalía Occidente-  y ponerse a disposición del fiscal Pablo Sabaj, de la Unidad de Alta Complejidad Occidente. Cercanos a Moya, que ya no son muchos, dicen que está contento. Si bien supo después de ser redestinado sobre la molestia de algunos fiscales de San Bernardo -algunos de los cuales no le respondían ni los saludos-, ha sostenido que el venirse a la capital le da la posibilidad de volver a investigar los casos que más le gustan. Actualmente está a cargo de indagatorias por homicidio, tráfico de armas y secuestros extorsivos, el tipo de casos que se tramitan en ese lugar.

El mito de los lentes espía

Pese a los traslados, Moya es poco lo que comenta entre sus pares. Continúa con su estilo reservado y refugiado en su esposa y sus dos hijos. Antes tenía amigos ejecutivos en la Fiscalía Nacional y otros tantos en su zona, sin embargo, ahora -dicen quienes han hablado con él- prefiere estar solo y a la espera de la decisión de Palma, quien tiene en sus manos su futuro laboral y judicial.Una de las situaciones que relativamente ya tiene despejada el Ministerio Público es qué tenían  los famosos lentes espía que fueron incautados a Sergio Moya en el allanamiento en su casa. Muchos especularon que el dispositivo podría haber sido ocupado para grabar conversaciones con abogados, sin embargo, los peritajes concluyeron que "no contenían información alguna". De hecho, la historia en torno a esos lentes y según el propio Moya ha declarado ante la justicia, es mucho más simple. Según el registro de Mercado Libre, el entonces jefe de Alta Complejidad compró el 2 de febrero de 2019 un dispositivo de grabación espía (lentes) a $ 11.900. El objetivo, según su versión, era que su hijo, quien participaba en ese entonces en marchas ambientalistas, pudiera llevar pancartas y grabar las manifestaciones. Sin embargo, cuando el adminículo llegó a su casa -según declaró Moya- estaba malo y nunca fue utilizado.

Cercanos al fiscal advierten que no es raro verlo con distintos tipos de lentes, lo que generó aún mayores suspicacias sobre el uso que el persecutor podría haber estado dándole a los lentes. Pero él tendría otra explicación: las varillas de sus lentes se vencen cada cierto tiempo, y cuando comienzan a caerse, ha tenido como hábito cambiar los anteojos. Aun así, si bien la fiscalía no ha dado luces del destino que tendrá Moya, no pocos aventuran una próxima formalización. La defensora del fiscal, Andrea Reyes, ya puso presión para que el Ministerio Público se pronuncie  al pedir  una cautela de garantías que tendrá lugar el 18 de marzo. Así, un juez de garantía tendría que preguntar  a los fiscales del caso Huracán si están investigando o no a Sergio Moya y fijar un plazo para que si la respuesta es afirmativa, lo formalicen.

En varias investigaciones administrativas Moya ha recibido sanciones. Cuenta una "censura por escrito" por haber dado entrevistas a medios de comunicación denunciando a su superior jerárquico, Emiliano Arias, tras lo cual se desprendió una de las denuncias más graves que pesan sobre el retornado jefe de O'Higgins: la acusación de supuesto tráfico de influencias que hoy el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, tramita en una arista separada. En ella hay chats extraídos desde el celular del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, en que el exministro del Interior Andrés Chadwick sostiene que "sería bueno un apoyo al fiscal (Arias)", luego de que la Fiscalía Nacional lo sancionara por sus dichos en el caso de los incendios forestales que afectaron en 2017 a esa región. Otra de las sanciones administrativas contra Moya es la "multa de 20% por un mes" por las instrucciones que aparece dando al mayor (R) de Carabineros Patricio Marín, acusado en el caso Huracán, el 13 de diciembre de 2017. En dicha comunicación Moya sugiere que los peritajes a los teléfonos incautados a los dirigentes mapuches sean periciados por Carabineros y no por la PDI. Esto, en medio de las acciones de supuesto montaje por parte de personal de Inteligencia de Carabineros. "Lo más probable es que lo pericien, por lo que hay que sugerir que se pericien por Labocar para no revelar la técnica investigativa, pues si se revisan por PDI se entregará a Cibercrimen, los que informarán que no es posible pinchar WhatsApp, y así se termina la investigación", sostuvo.

Eso sumado a antecedentes que aún permanecen reservados sostendrían una imputación en su contra por obstrucción a la investigación. Cercanos a Moya aseguran que, de ser formalizado, apostará por un juicio oral para luchar por su absolución. A diferencia de Arias, quien ha deslindado que es posible que una vez que se resuelva su situación judicial (está formalizado por revelar antecedentes de una causa de drogas) podría irse del Ministerio Público, Moya no tendría entre sus planes abandonar la institución. "Estoy enamorado de mi trabajo en el Ministerio Público, preferiría morir antes que irme", le comentó hace algunos meses a un amigo. Al mismo que le ha repetido aquella frase de uno de sus profesores de Derecho: "Juicio ganado, juicio perdido, juicio olvidado".

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