Abogada emitió 45 facturas a laboratorios por $ 215 millones mientras asesoraba a bancada de senadores en tramitación de ley de Fármacos 2

El 17 de enero de 2022 fue la última vez que la abogada Andrea Martones (49) asistió a la comisión mixta de “Fármacos 2″, instancia en la que se deben zanjar las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que busca “regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias”.

La iniciativa partió su tortuosa discusión el año 2015 y en marzo de 2020 llegó a la comisión mixta, donde se deben resolver temas polémicos para la industria como la bioequivalencia obligatoria de remedios y una eventual fijación de sus precios de venta.

La presencia de Martones en la comisión se había vuelto una costumbre. Hasta ese 17 de enero de 2022, la abogada había asistido en calidad de “asesora ad honorem”, es decir, sin contrato ni pago de por medio, a 23 de las 28 sesiones a petición de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC). Según los legisladores, la experiencia de Andrea Martones como jefa de asesoría jurídica del Instituto de Salud Pública y asesora en asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública en el segundo mandato de Michelle Bachelet, justificaban la necesidad de su colaboración.

Su activo rol en la tramitación del proyecto, desató una serie de acusaciones cruzadas de presiones y lobby que terminaron con una investigación penal por parte del Ministerio Público, en la que se investiga a Martones por los posibles delitos de cohecho y soborno. ¿La razón? Ese 17 de enero, se develó ante los integrantes de la comisión que al mismo tiempo en que Martones asesoraba a los senadores, mantenía vínculos comerciales con los laboratorios, uno de los actores de la industria que se busca regular con mayor fuerza a través de la ley.

De paso, quedó al descubierto el vacío legal en el que operan quienes asesoran sin pago ni contrato a los legisladores en la tramitación de los proyectos de ley, un espacio abierto para que diferentes intereses puedan ejercer alguna influencia burlando los registros obligatorios establecidos por la Ley del Lobby.

El 17 de enero de 2022, comenzó a circular en redes sociales la imagen de una factura de $16 millones emitida en junio de 2020 por Martones SpA, sociedad de Andrea Martones, por un servicio prestado a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), gremio que agrupa a 23 laboratorios internacionales con presencia en Chile. Ellos son, justamente, uno de los actores que la nueva ley busca regular con más fuerza.

“Cuando uno se entera que una de las personas que ha tenido una gran responsabilidad, que ha interactuado con los parlamentarios así como con el Ejecutivo, tenía una relación contractual o una relación comercial con uno de los actores más involucrados, yo la verdad es que lo dudo todo”, dijo el exdiputado y hoy jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD) al inicio de la sesión.

Otros miembros de la comisión, como los diputados Andrés Celis (RN) y Juan Luis Castro (PS) pidieron suspender la tramitación de la iniciativa, hasta que se aclarara la situación. Mientras que el exsenador Girardi, quien es uno de los autores del proyecto, acusó que la divulgación de la factura era “una operación política para impedir esta ley (...) aquí habría actores de alguna de las cadenas que estarían interesadas en que no haya ley”, sentenció el legislador, sin dar nombres específicos.

Luego, la misma Martones tomó la palabra. “Quiero señalar que cada vez que he estado tanto en la Comisión de Salud de la Cámara, como en el Senado, en las presentaciones oficiales que he hecho, he hecho manifiesta mi declaración de intereses, jamás he ocultado que he asesorado y asesoro a laboratorios en materia de acceso”, señaló la abogada. Y agregó que “ninguna de las materias en que yo asesoro tienen que ver ni remotamente con lo que está en el proyecto de fármacos y además, para claridad del diputado Crispi, toda mi opinión que he venido trabajando desde hace más de siete años, ha sido por cierto en contra de los intereses de la industria farmacéutica y de las farmacias”. Allí, Martones no detalló quiénes eran sus clientes ni qué servicios les había entregado.

Tras la sesión, el diputado Celis presentó una denuncia ante el Ministerio Público, mientras que la Asociación de Farmacias Independientes (AFII), gremio que también se vería afectado en sus márgenes de ganancia por la fijación de precios de la legislación, ingresó una querella en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de cohecho y soborno. A más de un año de su inicio, la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado nuevas luces de la estrecha relación que Martones ha mantenido con la industria farmacéutica.

La Tercera tuvo acceso a un oficio reservado del Servicio de Impuestos Internos (SII) que da cuenta de que entre enero de 2019 y enero de 2023, Martones SpA, sociedad de Andrea Martones, emitió 92 facturas por servicios prestados a 10 laboratorios por un total de $ 446 millones.

De todos esos pagos, $ 215 millones corresponden a documentos tributarios emitidos a empresas farmacéuticas entre marzo de 2020 y enero de 2022, periodo en que la abogada asesoró de manera gratuita e ininterrumpida a los senadores de oposición de la época en un proyecto de ley que nació con la promesa de bajar el precio de los medicamentos y endurecer la regulación de la industria de los remedios en Chile.

De acuerdo al oficio del SII, los $ 215 millones fueron pagados mediante 45 facturas por diferentes servicios, en su mayoría catalogados como “asesoría jurídica”. Entre los clientes de Martones SpA en la misma época en que asesoraba a los senadores, están: PTC Therapeutics, Pfizer, CSL Behring, Laboratorio Chile, Novartis, Roche, Abbvie, Merck, Takeda y Boehring Ingelheim, todos laboratorios que son socios de la Cámara de Innovación Farmacéutica.

Entre los servicios más onerosos se encuentra el prestado a CSL Behring con 16 facturas por un total de $54 millones. Le siguen PTC Therapeutics con 3 facturas por un total de $ 53 millones y Takeda con 7 facturas por un monto acumulado de $ 36 millones.

Mientras que los laboratorios con la facturación menos cuantiosa son Merck, con un solo documento por $ 663 mil bajo el ítem “Charla fármacos 2″ y Novartis, también con una sola factura por $ 1.365.525 bajo la glosa “Simposio nacional en cáncer de mama”.

Además de los laboratorios, en el periodo en que Martones fue asesora de los senadores también aparece una factura por $ 464 mil emitida a Socofar S.A., sociedad matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde, por el ítem “Jornada perspectivas de cambio en Ley de Medicamentos”.

Consultado por La Tercera, el hoy senador Juan Luis Castro (PS), quien como diputado fue parte de la comisión mixta, aseguró que la información da cuenta de “una inhabilidad del porte de una catedral. Estos antecedentes son de suma gravedad respecto de datos esenciales y que influyeron probablemente en las opiniones porque ella incluso interlocutaba con el gobierno en esa época”.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien también fue parte de la comisión mixta, expresó que “frente a estos nuevos antecedentes y para dar la transparencia que materias como éstas requieren, es bueno que todavía no se haya convertido en ley porque permite clarificar y despejar cualquier duda y volver a revisar temas que pudieran verse como en una nebulosa”.

Así como los conocimientos de Andrea Martones sobre la futura ley eran requeridos para conferencias y charlas en el mundo privado, al interior de la comisión mixta también era escuchada por todos los senadores. “Respecto a las dudas que tiene el ministro, me gustaría que le diéramos la palabra a Andrea Martones, que ha estado trabajando con nosotros, para que pudiera opinar un poco más respecto a esas dudas”, señaló el exsenador Girardi tras la exposición que realizó el entonces ministro de Salud, Enrique Paris, en la sesión del 3 de septiembre de 2020.

Allí, Martones explicó y argumentó una propuesta de los senadores de oposición para destrabar las normas y los plazos bajo los que se busca obligar a los laboratorios a presentar estudios de bioequivalencia para un listado de medicamentos que será definido por el Instituto de Salud Pública. El exministro Paris no estuvo disponible para contestar preguntas sobre la interacción que la cartera que lideró tuvo con la asesora.

La calidad en la que la abogada estuvo presente en la comisión mixta también fue motivo de polémica al interior de la instancia. Ello ocurrió porque en 11 de las sesiones su asistencia quedó oficialmente registrada como “asesora del senador Girardi”. Luego, en octubre de 2020, Girardi aclaró que no era su asesora sino que sólo se consignó su apellido para los trámites de ingreso al Senado. Desde ese día en adelante, Martones participó como “experta en legislación sobre fármacos y dispositivos médicos”.

El vínculo de Martones con Girardi también quedó de manifiesto el 28 de mayo de 2021, cuando ambos realizaron una declaración conjunta por video en la que el exsenador acusó “un fuerte lobby” de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) en el que con “presiones y falsedades” buscaban trabar el avance de la ley de Fármacos 2. Asilfa es otro de los actores de la industria que se verán afectados por la ley, ya que sus asociados producen medicamentos genéricos, genéricos de marca y bioequivalentes.

“A Andrea Martones la conocí porque yo era presidente de la comisión de salud del Senado cuando presenté la ley de Fármacos 2 y ella era la representante del Ministerio de Salud. Yo diría que ella es una de las expertas chilenas que tiene más competencia en materia regulatoria en salud en general, y cuando vino la discusión todos los senadores de oposición de la comisión mixta le solicitamos ayudar a opinar como experta”, señala hoy Girardi.

Pero la respuesta a un oficio de fiscalización del diputado Andrés Celis, cuenta una historia diferente. El documento, firmado el 22 de agosto de 2022 por la exministra de Salud, Begoña Yarza, señala que ante el Ministerio de Salud “la Sra. Andrea Martones fue presentada como la asesora del exsenador de la República, Guido Girardi, para los temas referidos a la tramitación del proyecto de ley mencionado”.

En el currículum de Andrea Martones destaca su desempeño en diferentes cargos públicos vinculados al mundo de la salud, tanto en hospitales como en el gobierno central entre 2002 y 2011. Luego, en enero de 2015 regresó al gobierno como asesora jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública, donde participó en el debate legislativo de la ley Ricarte Soto y en el inicio de la tramitación de la misma ley de Fármacos 2. Pero con el cambio de gobierno y con Jaime Mañalich a la cabeza de Salud, se le pidió la renuncia.

Tras su despido, Martones decidió demandar al Estado acusando que su desvinculación había sido por razones políticas, ya que “pese a no estar militando activamente en ninguna organización ni partido político, mi imagen era asociada a la Nueva Mayoría”, señala el escrito. En la acción judicial, agregó que “en efecto, en mi juventud comencé a militar en el Partido Socialista, sin embargo, al momento del refichaje no me presenté por lo que mi militancia quedó sin efecto”. El caso terminó con un acuerdo extrajudicial y el pago de $ 10 millones de pesos a favor de la abogada.

En abril de 2018, tras su despido del Minsal, la profesional creó la sociedad Martones SpA, empresa que hoy es investigada por el Ministerio Público por los diversos servicios que prestó a laboratorios en medio de la tramitación de la ley de Fármacos 2. Hoy, Martones tiene la calidad de imputada en la indagatoria y requerida su declaración por la Brigada Anticorrupción de la PDI, se acogió a su derecho a guardar silencio.

Para la senadora Luz Ebensperger, miembro de la comisión mixta, se debe aclarar en detalle qué servicios prestó Martones a los laboratorios. “Sería importante conocer y que el Ministerio Público o quien corresponda solicite a los diferentes laboratorios a quien ella prestó asesorías, que adjunten a la investigación los informes o las materias sobre las que versaron esas asesorías”, señaló la legisladora.

El rol de la abogada en el mundo privado, antes de su participación como asesora parlamentaria ad honorem, también quedó consignado en el oficio reservado que el SII envió a la Fiscalía. Según el documento, entre enero de 2019 y febrero de 2020, periodo en que Martones aún no asesoraba a los senadores en el trámite de la ley, la empresa Martones SpA emitió otras 32 facturas por un monto total de $ 155 millones. Mientras que después su participación como asesora legislativa, la empresa emitió 16 documentos tributarios por un total de $ 95 millones.

Consultada por las múltiples asesorías prestadas a sus asociados, la Cámara de Innovación Farmacéutica se limitó a señalar por escrito que “la consultora Martones SpA es experta en materias de tecnologías sanitarias en las que concentra su asesoría privada desde 2018. Considerando su especialización, diferentes laboratorios han requerido de su asesoría en esas materias”.

Los vínculos de Martones tampoco han sido impedimento para que, tras su salida del Minsal en 2018, haya sido invitada como experta en la tramitación de otros proyectos de ley relacionados a temas de salud. Al menos en tres oportunidades, la profesional mencionó al comienzo de sus exposiciones que tenía “un estudio jurídico que, entre sus clientes, tiene a laboratorios farmacéuticos”. Allí también agregó que “mi relación comercial no afecta mi independencia en la exposición que entregaré”.

Pero en su rol como asesora en la tramitación de la ley de Fármacos 2, no existen registros de que se haya realizado ese ejercicio de transparencia ante los senadores y diputados antes de que se revelara la primera factura en marzo de 2022.

Girardi defiende el rol de Martones y asegura que todas las intervenciones que escuchó de la abogada “eran para que la ley fuera más dura, más exigente, que diera más garantías para las personas”. Al mismo tiempo, agrega que “ninguno de nosotros conocía los proyectos o las asesorías que ella estaba haciendo, no nos competía a nosotros conocer de eso. Quizás lo único que hubiera sido importante es que, en algún momento, ella hubiera podido señalar que hacía esas asesorías”.

Ni Andrea Martones ni su abogado contestaron las solicitudes de entrevista enviadas para este reportaje.

“Esta comisión se ha formado la convicción que no ha existido falta o deber ético por parte del ex senador, Guido Girardi Lavín, razón por la que estima que la denuncia no debe prosperar”. Bajo esos términos, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado desestimó la denuncia que la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI) realizó por las eventuales irregularidades en la asesoría ad honorem de Andrea Martones en la comisión mixta de Fármacos 2.

Para la comisión de Ética sólo existió un error de registro en la asistencia de la profesional, porque su asesoría era a todos los senadores de oposición de la época. Además, al no existir contrato con el Senado, no había ninguna prohibición para su asesoría ni ninguna obligación de informar sus actividades privadas.

La directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, sostiene que la resolución del Senado no consideró el espíritu de sus propias reglas internas. “La normativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias ha establecido que para los asesores parlamentarios hay una incompatibilidad entre ser asesor parlamentario y ser lobbista”, apunta Jaraquemada. En efecto, Martones no está en el registro de lobbistas del Senado, pero sí aparece haciendo lobby a favor de laboratorios en 13 reuniones con la Cenabast, el ISP y la Subsecretaría de Salud Pública.

Pero los desencuentros de la AFFI y en particular de su presidente, Héctor Rojas, con el exsenador Girardi, no son nuevos. De hecho, el año 2015 Rojas también presentó una querella acusando pagos de los laboratorios al senador. La acción terminó con un sobreseimiento definitivo por falta de antecedentes y porque, a juicio del juez, los proyectos “en los que ha intervenido el señor Girardi fueron en directo perjuicio de la actividad farmacéutica”. En ese momento, la investigación cayó en manos del exfiscal Carlos Gajardo, quien hoy es el abogado patrocinante de la nueva querella presentada por Rojas.

La medida que más preocupa a su gremio, asegura Rojas, es el establecimiento de un precio máximo industrial de venta de los medicamentos y la fijación de un valor único de “dispensación”. En otras palabras, las farmacias ganarán lo mismo si venden un medicamento de alto costo o uno barato.

“Los únicos que podrían sobrevivir en esta nueva situación de regulación de precios, tal vez podrían ser las farmacias de cadena. Afectándonos se va a afectar a gran parte de la población. Piensa tú que nosotros estamos en lugares donde no van las cadenas, estamos en pueblos”, afirma Rojas.

Por el momento, la ley de Fármacos 2 se mantiene en la comisión mixta y no ha sesionado durante todo lo que va del 2023. Al mismo tiempo, las normas de transparencia para el ingreso de asesores “ad honorem” a las comisiones no han sufrido ninguna modificación y no existe obligación de declarar los potenciales conflictos de interés.

El órgano que hoy regula y norma la relación de los asesores con los legisladores es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Su presidente, el exsenador Rabindranath Quinteros (DC), quien también fue el presidente de la comisión mixta de Fármacos 2 hasta marzo de 2022, se excusó de participar en este reportaje por su nuevo cargo.