Alerta de prescindencia: las primeras bajadas de La Moneda para asegurar que sus ministros cumplan la normativa

La revelación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que votará por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre y la controvertida campaña "Hagamos Historia", fueron parte de los temas que se discutieron en una reunión que encabezaron el jueves los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob) con representantes de todo el gabinete. En la instancia, el gobierno también delineó recomendaciones para evitar incurrir en infracciones al instructivo emitido por la Contraloría.


La primera reunión de la Mesa de Voto Informado -que tiene la misión de coordinar la campaña informativa del gobierno, que se lanzó oficialmente hace unos días- lideraron ayer el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y su par de la Segegob, Camila Vallejo, en La Moneda. Lo hicieron acompañados de las subsecretarias Macarena Lobos (Segpres) y Valeska Naranjo (Segegob) con el objetivo de dar las primeras bajadas formales a los distintos ministerios del gabinete respecto a los límites de prescindencia, que deberán respetar de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

El jueves, cerca de las 15.00, llegaron al Palacio presidencial los enlaces designados por cada cartera para integrar el espacio -coordinado por Margarita Maira- que tiene la tarea de transmitir de forma permanente la información a los gabinetes de sus ministros y sus colaboradores para evitar que incumplan con el instructivo emanado por la Contraloría, el 28 de abril pasado.

En el Ejecutivo explican que, en este primer encuentro, Jackson, Vallejo y las subsecretarias dieron cuenta de las principales instrucciones que el ente contralor ha dado y que -en general- apuntan a que los funcionarios de gobierno no pueden hacer campaña por alguna de las opciones que se plebiscitan durante su jornada laboral y que tienen prohibido usar recursos públicos para esos fines.

“Se realizó una reunión con diversos representantes de todos los ministerios para capacitar sobre la prescindencia que rige el actuar público, tanto de autoridades como de funcionarios, en relación a las campañas políticas en general y en particular en torno al plebiscito de salida de septiembre, en línea con los dictámenes de Contraloría y el instructivo gubernamental de Presidencia”, aseguró la subsecretaria Naranjo.

Pero más allá de las cuestiones formales, fue comentario obligado las declaraciones que vertió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día miércoles. Tras finalizar la cuenta pública, el secretario de Estado aseguró -en entrevista con CNN- que él ya decidió que votará Apruebo en el referéndum. Según presentes en la reunión, el ejemplo del encargado de las arcas fiscales fue citado apuntando a que sus declaraciones no vulneraría lo estipulado por la normativa vigente al enmarcarse dentro de su libertad de expresión.

Pese a eso, las palabras de Marcel no pasaron desapercibidas entre sus pares del gabinete ese día miércoles en Valparaíso. Sobre todo, porque minutos antes, en su mensaje al Congreso Pleno, el Presidente Gabriel Boric había evitado hacer gestos que pudieran ser considerados como un llamado en favor de alguna de las alternativas.

“A pesar de enfrentar una pandemia, con un clima difícil de polarización política y una crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva Constitución. Quiero decir que no es poco. Ha habido tropiezos, ha habido errores y, también, muchos aprendizajes en el camino. Pero si hoy los podemos evaluar, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente, optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos”, dijo en su alocución.

Y para despejar cualquier guiño, recalcó: “El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir, con mucha claridad, que ambas opciones son legítimas, y el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”.

En Palacio aseguran que la decisión del Jefe de Estado no fue al azar y se da en momentos en que la Convención Constitucional aborda las normas transitorias que son críticas para las instituciones como el Congreso, el que será clave para viabilizar sus reformas. De hecho, ante la permanente tensión particularmente con el Senado, La Moneda ha insistido en la necesidad de una transición gradual.

La campaña “Hagamos Historia” que debutó el fin de semana pasada, con ocasión del Día del Patrimonio, también fue parte de la conversación en la cita de la Mesa de Voto Informado.

El video de menos de un minuto -que según explicó La Moneda se financió con recursos y equipos propios sin mediar agencias externas-, fue considerado por la oposición como un gesto de intervención en los comicios de septiembre en favor de la alternativa del Apruebo.

En ese marco, según explican presentes, los representantes del Ejecutivo reiteraron lo que ya había dicho públicamente la vocera Camila Vallejo: que hicieran lo que hicieran la derecha iba a acusarlos de intervencionismo y que, bajo su mirada, la campaña no habría incurrido en ninguna infracción al instructivo de la Contraloría. Pese a eso, sostuvieron que están atentos al pronunciamiento que hará el organismo luego de que Chile Vamos y el Partido Republicano interpusieran dos requerimientos fiscalizadores.

A su vez, el gobierno informó a los enlaces ministeriales que, además de la ofensiva de ese sector, existe un recurso de protección en contra de la campaña impulsada por La Moneda, el que -en todo caso- ya fue declarado inadmisible.

El encuentro del jueves se dio, además, en un contexto en que el gobierno espera pasar a una segunda etapa de la campaña, donde la apuesta es que cada ministerio asuma los temas sectoriales y se desplieguen en todo Chile para informar a los ciudadanos el contenido del texto que propondrá la Convención Constitucional. Para ese siguiente ciclo, de hecho, la Segegob ya puso en marcha dos licitaciones públicas para que agencias externas asuman su realización y despliegue.

Una de ellas, según Mercado Público, asciende a 726 millones de pesos y apunta a contratar “servicios de creación y ejecución de un plan de medios a nivel nacional para informal al electorado sobre el proceso de votación obligatoria”.

La segunda licitación, que tiene un costo de 260 millones de pesos, busca generar un “concepto creativo y producción audiovisual” con el objetivo de informar a la ciudadanía de las características del proceso de plebiscito.

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