Después de Orpis, ¿qué? La recta final de casos de financiamiento ilegal de la política

Se van a cumplir siete años desde que la Fiscalía descubrió lo que calificó como un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas políticas en que se ocultaban aportes de empresas, no declarados, bajo supuestos servicios que nunca fueron prestados y que permitieron, a quienes obraron como mecenas, rebajar impuestos. En junio comenzarán a cerrarse las causas más emblemáticas que quedan. Después de la condena por delitos de corrupción contra Jaime Orpis, se abrirá el telón para que el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el exsenador UDI Pablo Longueira jueguen sus últimas cartas en la arena judicial.




Fue leído como un triunfo. Al interior del Ministerio Público la condena por fraude al Fisco reiterado y cohecho en contra del exsenador UDI Jaime Orpis, después de más de un año de juicio oral, fue una victoria. El caso Corpesca fue uno de los que estallaron en 2014, junto con el denominado caso Penta, en que se descubrió un mecanismo ilegal de financiamiento de campañas políticas oculto bajo la supuesta prestación de servicios que permitió, a las empresas “donantes”, rebajar sus cargas imponibles. Y pese a que el fundador de la Corporación La Esperanza no fue condenado por delitos tributarios, en decisión dividida, sí lo fue por ilícitos que se enmarcan en el abanico de delitos de corrupción que contempla la ley chilena, convirtiéndose en una sentencia histórica, aunque aún quedan recursos pendientes ante la Corte Suprema.

Un excompañero de filas de Orpis en la UDI también se alista para enfrentar nuevamente a la justicia. Y es que se espera que el 1 de junio se realice la tantas veces pospuesta audiencia de preparación de juicio oral contra el exsenador y exministro Pablo Longueira en el denominado caso SQM, que investiga actualmente la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich. El Ministerio Público buscará probar un presunto cohecho cometido por el exgerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, por las comunicaciones, vía correo electrónico, que sostuvieron cuando se tramitaba en el Congreso el proyecto de ley sobre royalty a la Minería en 2010. En la acusación se pide una pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y la inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos durante el lapso de cinco años y un día.

A fines del año pasado, Longueira, en entrevista con Radio Cooperativa, defendió su inocencia y aseguró que “el correo electrónico (con Contesse) existió porque a mí el gobierno me pidió, cuando se le cayó el royalty -en la ley de financiamiento para el tsunami- que lograra un consenso en una ley del royalty. Y lo logré”.

La fiscal Perivancich buscará llevar la mayor cantidad de pruebas para demostrar, como ha planteado el Ministerio Público, que el exsenador intervino a favor de SQM incidiendo en el aumento gradual de los pagos a mineras de una invariabilidad del impuesto a futuro, tal y como se lo planteó en un correo electrónico el entonces gerente de la minera no metálica -y también imputado en el caso- Patricio Contesse.

La defensa del exsenador UDI, encabezada por el abogado Alejandro Espinoza, de cara a este proceso sostiene que “nuestra posición sigue invariable. Desde el inicio hemos rechazado cualquier salida negociada y hemos reclamado el derecho a tener un juicio en un plazo razonable, juicio que se ha dilatado por las maniobras de la fiscalía de agrupar el proceso contra Pablo Longueira con otras causas tributarias que no tienen ninguna vinculación con mi representado, que está sobreseído definitivamente en la arista tributaria”.

Los vuelos de ME-O

En espera de lo que decida el máximo tribunal con los recursos que buscan anular la condena a Jaime Orpis, la jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, ya se prepara para otro proceso judicial de estos casos que saltaron a la luz hace casi siete años. El 7 de junio, el Cuarto Tribunal Oral de Santiago dará inicio al juicio oral en contra del líder del PRO y ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. El cineasta, a diferencia de Orpis, no es llevado ante la justicia por delitos tributarios -como se le investigó en un primer momento-, ya que el SII nunca se querelló nominativamente en su contra. Sí lo hizo respecto a su tesorero de campaña en 2013, el dueño de Conosur Reserarch SPA, el periodista Cristián Warner. El Ministerio Público pide que sean condenados a 4 años de cárcel. En el caso del exabanderado la Fiscalía y el CDE apuntan al delito de fraude de subvenciones.

Durante el juicio el Ministerio Público deberá probar su acusación en que aseguran que ME-O, el 17 de diciembre de 2013, rindió ante el Servel gastos electorales supuestamente irregulares. Los suyos, de su aventura presidencial por $ 170.800.000 y, por su partido, el PRO, por $ 180.000.000, todas supuestamente justificadas por labores publicitarias de la empresa de su estrecho colaborador, el también imputado Warner. “Tales servicios de publicidad resultan no ser reales, ni efectivos, de tal suerte que, en definitiva, resulta ser que la sociedad Cono Sur Research sólo fue utilizada para triangular pagos por supuestos servicios prestados por el publicista brasilero José Cavalcanti de Mendoca, conocido como Duda Mendonca”, dice la acusación fiscal. Como el Servel devuelve los gastos de campaña con una correlación de la cantidad de votos del candidato, el Ministerio Público plantea entonces que el cineasta habría incurrido en esta figura de fraude al Fisco.

A esto se suma que el SII sigue adelante con la acusación a Warner por el caso de la Constructora OAS S.A. Chile, vinculada a la firma brasileña indagada por corrupción, y a la que Cono Sur Research emitió facturas. “Se pudo determinar del proceso de recopilación de antecedentes realizado por este Servicio y de la investigación desarrollada por el Ministerio Público, que durante los periodos comerciales de enero y febrero de 2013, el acusado Cristián Warner, actuando en su calidad de representante legal de la sociedad Cono Sur, facilitó dos facturas falsas, por servicios que jamás se prestaron, por un monto total de $ 59.071.000, a la sociedad constructora OAS Chile”, sostiene el SII.

Si bien este caso partió cuando La Tercera develó que OAS había facilitado a Enríquez-Ominami el uso de un avión para su campaña, lo cierto es que al no haberlo declarado como gasto electoral, no entra en los hechos que serán discutidos en su juicio, aunque estará presente, ya que en la prueba pericial se presenta información relacionada a la utilización de esta nave. Ya en septiembre de 2019 la propia fiscal Chong en una audiencia aclaró que la mención al avión sólo tiene objetivos de contexto y no de imputación penal.

La defensa de ME-O, por su parte, irá por su absolución total, no estimando nunca el buscar otra salida judicial más allá de establecer en un juicio de fondo y ante tres jueces de la República que el cineasta nunca incurrió en los delitos que se le imputaron.

El análisis de lo que viene

El exfiscal Carlos Gajardo que investigó los casos Penta y Corpesca, y que fue uno de los primeros en levantar esta hipótesis de que tras un supuesto delito tributario de entrega de boletas y facturas falsas se escondían aportes ilegales de empresas a políticos, apunta a que el fallo del caso Corpesca es valioso desde varias perspectivas. “En primer término, en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, es el primer fallo que se dicta en esta materia en un juicio oral y permite extraer conclusiones de la manera en que la judicatura entienda que se cumplen los requisitos para tener por establecida dicha responsabilidad penal y, en segundo término, es una sentencia relevante porque por primera vez establece una condena de cárcel efectiva a un exparlamentario por delitos de corrupción, habíamos tenido sentencias condenatorias antes por estos delitos, pero a penas remitidas. Es relevante porque guarda proporción la pena que se ha dictado con la gravedad del delito por el que fue acusado y condenado Jaime Orpis”, sostuvo.

En esa misma línea argumentativa el otrora jefe de Alta Complejidad Oriente plantea que el fallo del caso Corpesca es relevante para los casos que aún no han finalizado. “Especialmente me parece que puede dar luz de lo que pasará con Pablo Longueira; este es el otro caso pendiente respecto del cual la Fiscalía ha imputado delitos de cohecho y que tiene bastantes similitudes en cuanto a la acusación que se ha efectuado, podríamos decir que el fallo condenatorio a Jaime Orpis es una mala noticia para Pablo Longueira y su defensa, y puede dar una señal, una luz de la manera en que debiera resolverse también ese caso”, analiza.

Una de las cosas que aún sigue pendiente en el caso Penta, pese a que los propios controladores y varios de los políticos imputados ya recibieron condena, es la imputación por la responsabilidad penal de la empresa. “La condena a Corpesca como persona jurídica debiera ser un aliciente para que la Fiscalía busque también la condena de la empresa Penta”, apuntó.

Consultado si el caso Orpis demuestra que no existen delitos tributarios en estos aportes ilegales, tal como sostiene el voto de mayoría del Tercer Tribunal Oral, ya que se plantea que los políticos se querían financiar y no buscaban con ello rebajar impuestos a sus mecenas, al respecto el abogado sostuvo que “esto ratifica que es un tema en que hay bastante disenso en la judicatura, los propios desafueros a políticos que fueron acogidos y rechazados lo fueron en votaciones muy divididas, dando cuenta que es una materia donde no existe para nada unanimidad o cierta postura común entre los jueces”. En ese sentido, aseguró, “son situaciones que deberán seguir siendo analizadas caso a caso e intentando sobre todo profundizar en la configuración del dolo. Hay que señalar en todo caso que en el caso Orpis era más complejo establecer una condena tributaria por cuanto los mismos hechos también formaban parte de la imputación por cohecho y por lo tanto era un tema de doble incriminación que debía ser importante y considerado por los tribunales para condenar a la vez por ambos ilícitos”.

Al interior del Ministerio Público se reconoce que ya están en tierra derecha para cerrar los casos que estallaron a partir del 2014 denominados de financiamiento irregular de la política. Estos generaron cambios en el Código Penal: se amplió la hipótesis de cohecho, se creó la figura de financiamiento ilegal de campañas políticas y se aumentaron penas a ciertas conductas, figuras penales que serán probadas ante la justicia una vez Penta, SQM y Corpesca ya sean pasado.

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