El abogado que busca anular el último intento de Gino Lorenzini por ser candidato a constituyente

A la derecha, el abogado Jorge Barrera. A la izquierda, Gino Lorenzini.

Jorge Barrera Rojas, constitucionalista y cercano a figuras del oficialismo como Marcela Cubillos, Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe, solicitó al Tricel rechazar las candidaturas vinculadas a Felices y Forrados, por medio de un escrito denominado “amicus curiae”, que en latín hace referencia a un “amigo del tribunal”. Se trata de una figura legal que suele usarse en el Tribunal Constitucional, ante la Corte Suprema y que tiene consagración expresa en los Tribunales Ambientales. En caso de acogerse, sería la primera vez que se considere en la justicia electoral.




El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) declaró admisible el reclamo del fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, y la lista Futuro Feliz, y ordenó al Servicio Electoral (Servel) remitir en un plazo de 48 horas el acta del consejo directivo que determinó rechazar las candidaturas.

Se trata de un vuelco en el caso, si se considera que el Tricel pudo haber declarado inadmisible la reclamación presentada por la defensa de los postulantes vinculados a la plataforma que recomienda cambios en los fondos de AFP. La resolución se determinó con el voto en contra de la presidenta del tribunal, la magistrada Rosa Egnem, quien junto al ministro Ricardo Blanco se mostraron partidarios de no oficiar al Servel y, más bien, conocer el caso de manera directa.

Por medio de un oficio, ayer, el secretario abogado del consejo directivo del Servel, Álvaro Castañón, respondió al requerimiento del Tricel y envió el acta de la Tricentésima Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral, junto a sus anexos. Sin embargo, apoyándose en el Artículo 75 N° 2 de la ley N° 18.556 solicitó la reserva del documento. En efecto, dicha normativa señala que “todos los antecedentes que se recaben, presentaciones que se formulen y actos administrativos que se dicten en el procedimiento tendrán carácter reservado hasta la notificación de la resolución final”.

Epiro San Martín, abogado de Gino Lorenzini y los otros candidatos objetados, lamentó la resolución del Servel, señalando que “no ha respetado el derecho a defensa de los postulantes. Al solicitar que el acta sea reservada se deja constancia que la investigación no está terminada ni afinada, y a nosotros no nos han notificado de nada. Nos deja sin posibilidad de derecho a defensa”.

En paralelo, el abogado Jorge Barrera Rojas -constitucionalista y cercano a figuras del oficialismo- solicitó al Tricel rechazar las candidaturas vinculadas a Felices y Forrados (FyF), por medio de un escrito denominado “amicus curiae”, que en latín hace referencia a un “amigo del tribunal”. Se trata de una figura legal que suele usarse en el Tribunal Constitucional (TC), ante la Corte Suprema y que tiene consagración expresa en los Tribunales Ambientales. De hecho, en caso de acogerse sería la primera vez que se considere en justicia electoral.

En su presentación, el abogado que reside en Nueva York (EE.UU.), donde realiza un doctorado, sostuvo que si el Tricel “acoge las reclamaciones interpuestas, significaría entregarle la posibilidad a una empresa comercial de que forme una verdadera bancada de convencionales constituyentes, lo cual terminaría por afectar gravemente la legitimidad democrática de todo el proceso constituyente en curso”.

Barrera es abogado, profesor de la Universidad de Chile y exinvestigador de la Fundación Jaime Guzmán. Fue asesor de figuras de la derecha como Marcela Cubillos, Ena von Baer, Andrés Allamand y Jacqueline van Rysselberghe, y militante del Partido Republicano hasta mayo de 2020. Asimismo, ha estado vinculado a diversas ofensivas en el TC en materia de libertades individuales. De hecho, impulsó la objeción de conciencia para la tramitación del aborto en tres causales.

A su juicio, los antecedentes presentados por el Servel respaldan el rechazo a las listas de FyF. Y sostiene que la forma de nominación de los candidatos que componían las listas electorales rechazadas fue realizada materialmente por la empresa Felices y Forrados SpA, registros que fueron conformados sólo entre personas con membresía comercial activa en dicha persona jurídica con fines de lucro, y sólo luego de que ya se encontraban nominados los candidatos por parte de la empresa.

En esa lógica -consignó en su presentación-, “los ciudadanos elegidos previamente por esta persona jurídica procedieron a declarar sus candidaturas e inscribir sus listas, utilizando para ello las formalidades dispuestas por la Constitución y la ley, y quedaría claro que ha sido Felices y Forrados SpA quien ha procedido a declarar materialmente las candidaturas, resultando necesario que este Excelentísimo Tribunal haga primar la realidad por sobre las formas”.

Resulta imposible permitir que una persona jurídica con fines de lucro –como es el caso de Felices y Forrados SpA– se valga de las formalidades del derecho para materialmente declarar candidaturas y conformar listas electorales a convencional constituyente, más tomando en consideración las últimas modificaciones a la normativa electoral, las cuales han tenido como objeto no solo prohibir, sino que sancionar penalmente la participación de entidades con fines de lucro en la actividad política”, remató.

El origen de la disputa

El conflicto comenzó cuando un grupo de candidatos independientes, sin apoyo de partidos políticos, en tres semanas y con estado de catástrofe de por medio, reunió los patrocinios suficientes para postular a los comicios que buscan cambiar la Constitución Política de Chile.

El 11 de enero recién pasado, el empresario Gino Lorenzini junto a un grupo de candidatos inscribió la lista denominada “Futuro Feliz”. El Servel no sólo aceptó la candidatura, sino que, además, los incluyó en el corte a nivel nacional de la letra que llevaría cada pacto o lista en la cédula, correspondiendo la letra “B”.

Sin embargo, 13 días después comenzó la debacle para el fundador de FyF y sus seguidores. Esto, luego de que el 23 de enero el Servel declarara “inadmisible” 15 listas de candidatos independientes a lo largo del país. Todos tenían como denominador común el uso de la palabra “Feliz” o “Felices”.

Entre las listas rechazadas están: Felices Sin Partido (D26); FyF Democracia Digital (D23); Independientes Felices (D21); Felices e Independientes (D9); Independientes por una Atacama Feliz (D4) y Feliz Democracia (D12). Esta última lista el pasado jueves presentó la primera reclamación a raíz del caso. En su presentación, los candidatos aseguraron no tener “ninguna vinculación contractual, de acciones, ni patrocinio político y económico con ninguna empresa que ostente la palabra feliz en su nombre”.

Según trascendió, la votación del consejo directivo del Servel que determinó el rechazo de las listas vinculadas a Felices y Forrados fue dividida (3 a 2). Patricio Santamaría, presidente del Servel; Juanita Gana, ingeniera civil i, y Alfredo Joignant, sociólogo, resolvieron rechazar las listas. Mientras, Andrés Tagle, ingeniero comercial, y José Miguel Bulnes Concha, abogado, socio del estudio Vial y Cía., se mostraron partidarios de aceptar las candidaturas.

Este mediodía, en tanto, se escuchó el alegato de la defensa de Lorenzini en el Tricel y se espera que la causa sea resuelta durante los próximos días, eventualmente el próximo lunes.

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