Esquirlas judiciales de una caída: 42 municipalidades están demandadas por la Asociación de Farmacias Populares que lideró Jadue

En “liquidación judicial”. Ese es el estado en el que actualmente se encuentra la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), organización creada y liderada desde el 2016 por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Autoridad comunal que próximamente será formalizado por cohecho, fraude al Fisco, estafa y administración desleal, delitos que se habrían materializado mientras representaba al proyecto que buscaba agrupar a las municipalidades con el fin de conseguir precios más bajo en medicamentos.

Achifarp, según su acta de constitución, fue formada e integrada por 91 municipios, quienes pagarían cuotas de inscripción y de aportes anuales para permanecer en la asociación liderada por el alcalde comunista. Sin embargo, desde el 2021, y hasta finales del año pasado, la propia asociación ha presentado demandas en contra de 42 municipalidades con el fin de que estas paguen lo que, presuntamente, adeudan por haber integrado la agrupación.

De esas acciones judiciales ha quedado constancia en el proceso de liquidación judicial que se inició en septiembre del 2022 y que es encabezado por José Alfredo Rojas. En esa instancia consta que antes de asumir la enajenación judicial, Achifarp ya había iniciado las acciones civiles. En diciembre del 2022 se encomendó a un estudio de abogados que revisara esas causas que buscan generar los ingresos con el fin de pagar los más de mil millones en deudas que acumula la asociación.

En ese sentido, según el informe del estudio Aranis Espinosa, se detectó que Achifarp ha presentado 47 demandas civiles en contra de 42 municipios. Las cinco acciones judiciales de diferencia corresponden a reiteraciones judiciales a través de procesos de “confesión de deuda”, los cuales buscan acelerar el pago en vez de llegar a un extenso juicio civil.

A fines de julio del año pasado el Ministerio Público, en la investigación por presuntos delitos de corrupción en contra de Jadue, instruyó a Carabineros tomar declaración a los otros 90 alcaldes que formarían parte de Achifarp. Lo anterior, porque una de las líneas de investigación sería que algunos municipios nunca integraron la asociación. De hecho, en aquel entonces algunas autoridades señalaron a La Tercera que jamás habían integrado Achifarp.

Algo de lo que también ha quedado registro en los procesos civiles en contra de los municipios. Y es que del total de municipalidades demandadas, hay cinco de estas que ya han dado respuesta. En todos estos, las municipalidades no han reconocido la deuda que la asociación creada el 2016 les ha imputado. En este listado aparece la Municipalidad de Caldera, la que ante el tribunal civil dijo no deber $1.766.200 que la agrupación decía. Mismo caso que la Municipalidad de Freirina.

En el mismo escenario también se encuentra la Municipalidad de Carahue, la que ante el tribunal no reconoció la deuda de $12.680.458 que supuestamente mantiene con la asociación. De la Región de O’Higgins, Chimbarongo, por su parte, tampoco dijo tener una deuda de $18.262.833 en cuotas a Achifarp.

En la Región de Antofagasta, la comuna del mismo nombre incluso forma parte de los cinco gobiernos comunales a los cuales Achifarp ha vuelto a demandar, en ambos procesos el municipio dirigido por Jonathan Velásquez (ind.) no ha reconocido la supuesta deuda de $76.103.108 que tendría con la asociación de municipalidades.

De hecho, ese municipio en la primera demanda -el 2021- respondió sosteniendo que Antofagasta “nunca ha formado parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, no existiendo tampoco un acto administrativo alcaldicio que ligue a las partes contractualmente (...) por tanto, la demandante carece de legitimación absoluta para cobrar las cuotas de asociación a esta entidad comunal”. En el segundo proceso, iniciado el 2023, la Municipalidad de Antofagasta reiteró que no reconoce el pago que la asociación dice que se les debe.

De las 47 demandas que Achifarp presentó en contra de 42 municipios, 30 de estas se encuentran totalmente archivadas. Lo anterior, según el informe del estudio de abogados que consta en el proceso de liquidación, se debe a que los tribunales lo decretaron debido a que esas acciones judiciales ni siquiera fueron notificadas.

En este listado figuran las comunas de Salamanca y Los Vilos, en la Región de Coquimbo. En la Región de Valparaíso también está la comuna del mismo nombre, la cual pese a estar demandada jamás fue notificada, por lo cual su causa se archivó. En la misma región, Quillota sí inició un proceso, el cual aún está en tramitación sin acuerdos para resolver la deuda que $46.590.767 que supuestamente tiene ese municipio con Achifarp.

En la Región Metropolitana también existen municipios que fueron demandados por Achifarp, pero a los cuales no se les notificó y, por ende, no se inició el proceso. En este listado están las comunas de Puente Alto, Santiago, Lo Prado, Cerrillos, La Reina, San Miguel, San Bernardo y Talagante. Mismo caso, pero en la Región de O’Higgins, para las comunas de Graneros, Peumo, Marchigüe y San Fernando. En la Región del Maule es la de Pencahue.

En la Región del Biobío las comunas demandas por Achifarp, pero no notificadas, son las de Niquen, San Ignacio, San Carlos y Lebu. En La Araucanía, las comunas de Temuco y Renaico. Más al sur, en la Región de Los Ríos, las comunas de Río Bueno y Panguipulli. En Los Lagos están Futaleufú, Frutillar y Puerto Varas. Por último, el municipio de Chile Chico, en la Región de Coyhaique, también fue demandando por la asociación.

Respecto a estas causas, el estudio de abogados que tomó las acciones judiciales ha sostenido en su informe a la junta de acreedores que se ha optado por “posponer su notificación y citar a confesar deuda a los deudores, con la finalidad de ver la posibilidad de generar un título ejecutivo de más fácil cobro”. Pese a eso, también se expone que aquello “no implica que no puedan deducirse nuevamente demandas, pero se ha dado prioridad a las demandas ya en curso y no abandonadas, y a los procesos de confesión de deuda”.

También hay demandas en contra de cinco municipios que fueron decretadas abandonadas. En este listado están las municipalidades de La Unión, Tagua-Tagua, Vallenar, Tomé y Victoria.

Pese a que la mayoría de las causas de Achifarp en contra de los 42 municipios se encuentran archivadas, abandonadas o que sus deudas no fueron reconocidas, hay tres municipalidades que sí pagaron o llegaron a un acuerdo y por ende no siguen en el proceso civil.

Uno de estos casos es la Municipalidad de Copiapó, la cual a través del tribunal en una audiencia de conciliación llegó al acuerdo con Achifarp de pagar luego de que esta rebajara el 10% de la deuda el año pasado. Acuerdo que debía ser ratificado por el concejo municipal y el cual hasta ahora no se ha informado al tribunal.

La Municipalidad de Paillaco, por su parte, acordó también ante tribunales el pago de su deuda de $6.056.400, monto que ya fue depositado a la cuenta del tribunal y se está a la espera de que este sea girado al proceso de liquidación de Achifarp. La Municipalidad de San Javier es otra que pagó una vez iniciado el proceso y, por ende, su causa ya está cerrada.