Evaluación docente: las advertencias y dudas tras la idea del Mineduc de suspenderla

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, anunció ayer que presentará un proyecto de ley para, tal como en 2020 y 2021, no realizar el proceso de forma obligatoria. Los dos años anteriores, eso sí, fue voluntario para los profesores que quisieran someterse, cosa que hasta ahora no es claro que también ocurra. Las interrogantes, además, apuntan a si será una medida definitiva.




“Lo que vamos a presentar en las próximas semanas es un proyecto de ley, una ley que tiene varios temas importantes que creemos que no quedaron muy claros probablemente en los últimos años, y uno de ellos tiene que ver con la suspensión de la Evaluación Docente”.

Así anunció Marco Antonio Ávila el martes la determinación tomada por el Ministerio de Educación en torno al proceso evaluativo, cuyo origen está en 2003, cuando tras una larga negociación entre el Colegio de Profesores, la Asociación Chilena de Municipalidades y el ministerio de Educación -durante el gobierno de Ricardo Lagos- se aprobó a nivel legislativo en el Congreso. Desde entonces que los docentes y educadores de aula que se desempeñan en establecimientos públicos a lo largo del país se someten obligatoriamente año a año al proceso, que consta de cuatro instrumentos.

Las razones que esgrimió el secretario de Estado apuntan a la situación de estrés a la que se verían expuestos los profesores en un contexto ya demandante por el retorno presencial a clases. “Es un compromiso nuestro de campaña y está en nuestro programa de gobierno la eliminación de la doble evaluación (Evaluación Docente y Carrera Docente). Pero mientras, al igual que pasa con el Simce, lo entendemos como un elemento estresor y creemos que las condiciones no están dadas para la implementación de la Evaluación Docente”, justificó el ministro.

El gobierno le daba así un espaldarazo al Colegio de Profesores. Esto porque casi en paralelo, la entidad gremial había acudido a las dependencias del Mineduc para entregar una carta en la que justamente solicitaban suspender la evaluación para el presente año. “Nos parece fundamental, dadas las condiciones en las cuales se ha trabajado y se ha iniciado el proceso escolar, y también por los problemas serios de infraestructura, violencia e implementación de lo que ha sido este retorno a la presencialidad, que se termine una situación concreta de agobio laboral como es la Evaluación Docente”, dijo al respecto Carlos Díaz, presidente de organización, desde donde proponen que el proceso sea voluntario para quienes quisieran rendirlo.

La medida, en todo caso, no es nueva: en 2020 y 2021 la evaluación ya fue suspendida con motivo de la crisis sanitaria y, tal como propone el Colegio de Profesores para 2022, los años anteriores se permitió que quienes quisieron voluntariamente evaluarse podían hacerlo. Esto porque, entre otras cosas, mientras mejores resultados, es posible mejorar los salarios. Los alcances de la suspensión para este año no se conocen. Desde el Mineduc, de hecho, hasta el cierre de esta edición no entregaron detalles.

Raúl Figueroa, ministro de Educación cuando se suspendió en 2020 y 2021, analiza bajo tres aspectos la idea de una nueva suspensión: “La Evaluación Docente ha sido un aporte sistemático de la política educativa en Chile y ha permitido diseñar un mejor sistema y entregar información adecuada para la mejorar continua del sistema”. Por eso, cree, “suspender ese proceso significa alterar un instrumento que hoy más que nunca se hace necesario, sobre todo considerando que las circunstancias actuales son distintas a las de los dos años anteriores de la pandemia, donde sí era justificable”.

Junto con ello, agrega, “la señal que se da al suspenderla hay que vincularla también al anuncio de la eliminación del Simce, lo que se traduce en un evidente impulso de política vinculado más bien a presiones gremiales que a las necesidades del sistema educacional, donde los esfuerzos de todos deben estar enfocados en recuperar las consecuencias de la pandemia”. En este sentido, Figueroa, hoy en la Universidad Andrés Bello, asocia todo lo anterior al plan ‘Seamos Comunidad’, el que cree tiene ejes “correctos”, pero con recursos escasos. “Si se mira el plan y las señales sobre el Simce y la Evaluación Docente, da la sensación que la educación no se está abordando con suficiente urgencia y prioridad”.

Para Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa del Centro UC, la posible suspensión no debería ser generalizada, sino voluntaria. “Hay muchos docentes en situación de recategorizarse, o incluso ingresar al sistema, y no deberían perderse la oportunidad de entrar”. En caso de avanzar la suspensión, añade, “debería ser claro que se debe continuar con esa política al menos hasta que se ajuste o reforme el sistema”. Y cierra: “No se debe suspender para siempre por default”.

Mientras, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, cree que en 2022 se ven “bastantes diferencias con los años anteriores: hoy los colegios están funcionando, la asistencia es alta y si la razón obedece a la pandemia, las condiciones son muy diferentes y llama la atención porque esta prueba no tiene consecuencias negativas para los profesores”. Y añade: “La idea parece radical y si es que se quiere modificar de base, lo más razonable sería hacerla voluntaria para que los profesores que quieran mejorar sus condiciones lo puedan hacer”.

En ese sentido, Rodríguez agrega que no entiende la idea de suspenderla nuevamente porque la evaluación “solo puede traer beneficios a los profesores” y lo encuentra exagerado, toda vez que, argumenta, “hoy las condiciones son mejores que en 2020 y 2021, cuando fue voluntario y esos años participaron primero 6 mil y luego poco más de 10 mil profesores aproximadamente en momentos más difíciles de la pandemia”.

Por su parte, Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana y asesor de José Antonio Kast en materia de educación durante la campaña presidencial, dice: “Entendemos que el ministro está abogando por aquellos docentes que han estado expuestos a elementos estresores y estará buscando una forma de apoyarlos, pero la ley hoy entrega facultades a los sostenedores para postergar la evaluación cuando se trata de casos especiales”. En su opinión, “el gobierno debería aplicar la ley y revisar y acoger los casos que los sostenedores levanten o bien, proponer un plan de apoyo para los docentes, de forma tal que tengan tiempo para preparar sus evaluaciones”.

Además, apunta hacia el futuro y señala que la Evaluación Docente “es un elemento clave consagrado en la ley y es importante mantenerla. Hay muchos profesores que quieren y necesitan ser evaluados para ir progresando en la carrera docente”. En ese sentido, asevera que eliminarla definitivamente “es darle la espalda a las familias que quieren saber y conocer el desempeño de los docentes que tienen bajo su responsabilidad la educación de sus hijos”.

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