Se busca: las frenéticas 32 horas que dieron con el paradero del alcalde prófugo de Algarrobo

Detenido pocos minutos antes de la madrugada, caminando solo en la vía pública a pasos de un motel, la Policía de Investigaciones (PDI) finalmente dio con el paradero del alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, la noche del miércoles 22 de noviembre después de 32 horas inubicable. El edil se encontraba prófugo de la justicia tras una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de San Antonio, y pocas horas después de su detención el ahora suspendido militante de la UDI fue formalizado durante la mañana de este jueves por malversación de fondos públicos, tras la cual quedó en prisión preventiva.

Al edil se le acusa de un desfalco de más de 1.000 millones de pesos que tiene a la Municipalidad de Algarrobo en una tormenta perfecta. Y mientras los concejales preparan el borrador que presentarán el viernes ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TER) para pedir la renuncia de Yáñez por “notable abandono de deberes”, el Consejo de Defensa de Estado (CDE) interpuso una querella en contra de la encargada de Tesorería del municipio, Belén Carrasco, la otra apuntada en este caso. En medio de todo esto, Yáñez se mantuvo prófugo durante algunas horas y la PDI extremó recursos para realizar una búsqueda intensiva para dar con su paradero, puesto que la aún máxima autoridad algarrobina no parecía tener intenciones de entregarse a la justicia, revolucionando a la comuna por largas horas.

Todo se inició cerca de las 15:00 del martes pasado, cuando el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, informaba que se había acogido una orden de detención en contra del edil algarrobino por los delitos de malversación de fondos y un delito de cohecho. Esto, solo horas después de detener a la tesorera municipal y amiga de Yáñez, Belén Carrasco, con quien viajó durante 25 días por Europa. Este hecho es parte de las investigaciones.

Durante esa jornada, diversos concejales aseguraban que la PDI se presentó en primera instancia en Avenida Peñablanca 250, dirección de la Municipalidad de Algarrobo, para detener al alcalde, diligencia que no tuvo éxito. La autoridad se encontraba con una licencia médica por 15 días presentada el viernes de la semana pasada.

“Yáñez no volverá hasta el 7 de diciembre”. Así confirmaba el alcalde subrogante, Cristián Celedón, al Concejo Municipal del miércoles pasado, instancia donde los seis concejales de la comuna costera realizaban las primeras coordinaciones para pedir su salida ante el Tribunal Electoral Regional. Hasta ahora solo faltaría la firma de Luis Núñez (UDI), compañero de militancia con el edil algarrobino.

Poco más de 24 horas después de emanada su orden de detención, las maniobras para dar con el paradero de Yáñez se volvieron más intensas. De hecho, el miércoles a las 17:00 la fiscal regional, Claudia Perivancich, arribó hasta San Antonio para encabezar una serie de diligencias, momentos en que ya se confirmaba la situación de prófugo de la justicia de José Luis Yáñez. A esa altura el caso ya había trascendido el territorio comunal.

Algunos concejales relatan que la PDI se presentó en uno de los domicilios que tiene registrado el edil en Algarrobo, pero sin tener respuesta desde el interior. Así se comenzaron a ubicar otros terrenos registrados a su nombre. Mientras tanto, el equipo investigador tomaba contacto con diversas personas que podrían estar ayudando al jefe comunal en su refugio. Conocedores de la indagatoria aseguran que fue la intensidad de ese cerco el que permitió que Yáñez se viera presionado y le solicitara a su abogado tomar contacto con las policías para coordinar su entrega.

Esta situación fue confirmada durante esta mañana por el subprefecto César Cofré, jefe de la Brigada de Delitos Económicos. “En virtud del trabajo investigativo por parte de esta brigada logramos establecer su red de apoyo y sus domicilios de residencia, lo que provocó que el abogado defensor tomara contacto con el equipo investigativo”, detalló. Según informó la PDI, el jefe comunal era apoyado por dos personas más y su abogado.

Así, a pocos metros de la Autopista del Sol, en el camino viejo a Cartagena, caminando solo en una vereda de tierra y con poca luz, el alcalde fue encontrado por la Bridec cerca de la medianoche frente al exmotel El Cruce -hoy motel El Ensueño-. De prófugo de la justicia pasaba a detenido.

Escoltado por un gran contingente policial, el edil algarrobino fue trasladado al Juzgado de Garantía de San Antonio durante la mañana de este jueves para formalizar su detención por malversación de fondos públicos. En su ingreso fue protegido con un escudo antidisturbios y cerca de las 13:00 comenzó la audiencia de control de detención. Tras ello, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó prisión preventiva para él y fijó un plazo de 150 días para investigar. Yáñez, en tanto, fue trasladado al Centro de Detención Provisoria (CDP) de Casablanca, en la Región de Valparaíso.

La fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió a la formalización del edil. ”Aquí hay que reconocer una grave afectación de los bienes jurídicos protegidos porque se ha defraudado a toda una población que a elegido al alcalde, situación que ha suponido que se trabajaba por el desarrollo de la comuna y en definitiva se ha visto burlada esa confianza”. Junto a eso, la persecutora fue consultada por la renuncia de Yáñez a su condición de alcalde de Algarrobo y asegura que el jefe comunal habría renunciado a su cargo durante esta jornada según información entregada desde el municipio.

Mientras todo esto ocurría, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso una querella criminal en contra de la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Carrasco, en calidad de autora del delito de malversación de caudales públicos, y de todos quienes resulten responsables.

El consejo estimó que los hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023 son constitutivos del delito, el cual sanciona al empleado público que “teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, los substrajere o consintiere que otros los substraigan”. La acción del CDE señala que la querella incluye al menos a cuatro personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia, concertándose Carrasco con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.

La acción agrega que “con el objeto de cumplir con su cometido, la querellada solicitó la aprobación de los apoderados bancarios, quienes autorizaron las irregulares transferencias confiando en los antecedentes adulterados presentados por Carrasco, verificándose de esta manera cada uno de los elementos del tipo que contempla el delito de malversación”.