“Voy con mi credencial colgada”: el modus operandi de un funcionario de gobierno para traficar droga en Antofagasta

La Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS-7 de Carabineros detuvieron a cuatro personas que integraban una supuesta organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína desde Bolivia a Antofagasta, para luego transportarla hasta Santiago. Wladimir Pizarro es el principal imputado, pues era funcionario de la Delegación Presidencial y uno de los encargados del programa de drones en la región.




22 de octubre, mediodía en Antofagasta, y Wladimir Pizarro Baltras (37) llegó en su auto Hyundai Accent, color gris, hasta el patio trasero del Terminal Pesquero, en calle La Cañada. Allí lo esperaban Bernardo Rojas Reyes (45) y Cristián Orellana Baez (37), quienes querían terminar de conversar presencialmente de qué se trataba el negocio. Ese cónclave era clave para fijar las prioridades de una operación que buscaba transportar cocaína y marihuana proveniente desde Bolivia hacia Santiago.

La sospecha de ser seguido o escuchado estaba instalada en el grupo, por lo mismo, decidieron alejarse del lugar y avanzar hacia un sector más tranquilo. Se ubicaron en la playa “El Trocadero”. Pero erraron: policías encubiertos los seguían de cerca y no solo esta vez, sino que desde septiembre de este año.

Ese mes, la Fiscalía Regional de Antofagasta, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, iniciaron una investigación para desbaratar a esta banda, la cual, leído en simple, involucraba a una organización más dedicada al tráfico de drogas. Pero esta vez tenía un componente especial: Pizarro Baltras era funcionario de la delegación presidencial en la región y se desempeñaba como supervisor de operadores de drones, en un programa financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Pizarro había llegado hace dos años a la región, proveniente de Coquimbo. Militante de Renovación Nacional (RN), era considerado como un operador político más en Antofagasta, aunque todos los actores políticos de la zona ahora lo reniegan.

Su caso provocó un terremoto en el partido: durante las últimas horas fue expulsado y despedido de su trabajo. Mientras que tanto desde la UDI como de la oposición local apuntaron a que Pizarro Baltras era un personaje clave para los trabajos territoriales y electorales de la tienda.

En los investigadores había una sospecha: una banda estaba internando drogas y había que intervenirla. Tras lograr las autorizaciones judiciales correspondientes, interceptaron las comunicaciones del grupo, llegando a distintas conversaciones que terminaron por configurar el modus operandi del grupo, en el que el funcionario del gobierno era clave: transportaba la droga en una camioneta con logos del gobierno y portaba su credencial para evitar sospechas en los controles carreteros.

Fue así que los policías y fiscales pincharon una conversación del 19 de octubre, a las 22.08 horas. Allí, el encargado de operar los drones para reducir la delincuencia en la región llamó a su contacto, Bernardo, para avanzar en una “transa” en la que se buscaba trasladar droga desde Antofagasta hasta Santiago.

La reunión

Días después, Bernardo llama a otro integrante del grupo, Christian. Ambos coinciden en tomar contacto con Pizarro Baltras, a quien le manifiestan que “guarde unas cosas”, dando a entender que se trata de la droga, a lo que, según uno de los informes policiales que hay en el caso, “Wladimir Pizarro acepta, pero le hace mención que deberá adelantar el viaje que mantenía, puesto que su padre sufría una enfermedad y solo llevaría lo que le pasaría en ese momento”.

Luego vendría la reunión en el borde costero, pero faltaría acordar más cosas. Es así que Bernardo, el 24 de octubre llega hasta donde antes funcionaba la Intendencia de Antofagasta, actualmente Delegación Presidencial. El vínculo de operaciones de narcotráfico, tratadas y acordadas en dependencias de un ente gubernamental, preocupa a las autoridades regionales, y también a las policías, dado que el grupo pudo haber obstruido una serie de operaciones relaciones al narcotráfico en la región.

Ya para el 25 de octubre la operación estaba cerrada: había que trasladar 23.486 kilogramos de marihuana, envueltos en 22 paquetes rectangulares, y dos paquetes de cocaína, por un peso total de casi dos kilos. La policía y el Ministerio Público estaban cada vez más cerca de atrapar al grupo en flagrancia.

Es entonces que se mantuvo un monitoreo constante telefónico en el cual los policías pudieron deducir que el 25 de octubre, a las 17.56, Pizarro estaba en Alto Hospicio para recibir la carga que llegaría desde Bolivia. “Quédate lejos de los bolivianos, porque están con miedo”, le dijo Rojas a Pizarro a eso de las 18 horas. Quienes enviaban el despacho trabajaban para “Gerardo”, de quien se cree que sería el líder del grupo y que opera desde Bolivia.

La caída en el peaje

Al final todo salió según lo presupuestado. Droga cargada, trato hecho y sin sospechas. Ahora, Pizarro tenía que volver a Antofagasta y seguir con el plan. Antes recibió un llamado de Rojas: “¿Vai con los logos en la camioneta?”, le consulta, lo que, según antecedentes de la causa, se refiere a “distintivos del gobierno de Chile”, a lo cual Pizarro le dice que sí. Además, este le afirma: “Voy con mi credencial colgada al cuello”.

Los investigadores concluyen, a través de otro informe policial, que “va con su credencial colgada al cuello y dando ambos a entender que los controles en la carretera no estaban siendo estrictos, quedando en claro que Bernardo va haciendo la función de punta de lanza en la acción. Conforme a lo conversado por ambos investigados se logra deducir que se encuentran pasando por el Control Aduanero de Quillagua, ya que hablan de concurrir a la oficina de pasavantes”.

Rojas le manifiesta al funcionario del gobierno que “la cosa está tirada”, así que ambos vehículos -separados- avanzan por la Ruta 5 Norte con tranquilidad. Pero no contaban con que el equipo encubierto del OS-7 los esperaba muy cerca.

A las 1.15 horas aproximadamente, el personal que se encontraba apostado en el sector del peaje de la comuna de Baquedano, divisó la camioneta color negro, patente HYPC-12, en la que viajaban Rojas, Orellana y otro imputado, identificado como Pablo García. Estaban casi pillados, pero faltaba el “peso pesado”, como lo denominaron.

A la 1.25, Pizarro fue controlado en el mismo lugar por los efectivos policiales. No mostró resistencia y se entregó de inmediato. Cuando le consultaron si guardaba sustancias ilícitas en el vehículo dijo “sí”, casi derrotado, pero no nervioso, advirtieron fuentes del proceso. También tenía una caja con armas y municiones.

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