Jared Genser: “Alguien que haya quemado o destruido cosas no puede ser catalogado como un preso político”

El abogado de DD.HH estadounidense, cuya carrera ha inspirado una serie de Amazon Prime, sostiene que un prisionero político “es alguien detenido por ser quien es o por lo que cree, y que no ha utilizado ni defendido la violencia”. Genser, que recalca la importancia de los mecanismos internacionales de monitoreo sobre derechos humanos, ha sido el abogado de figuras como Liu Xiaobo y Desmond Tutu, y ahora defiende a dos candidatos presidenciales presos en Nicaragua.




“El extractor”. Así definió The New York Times al abogado Jared Genser por su tenaz defensa de presos políticos en distintos países del planeta. Su lista de representados es larga y prominente: va desde el arzobispo sudafricano Desmond Tutu hasta Vaclav Havel, pasando por el Nobel disidente chino Liu Xiaobo, ícono de las protestas de Tiananmen, apresado por Beijing y que falleció en 2017. Hoy, entre otros, representa a dos de los precandidatos presidenciales nicaragüenses apresados por el régimen de Daniel Ortega: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

El estadounidense Jared Genser, a sus 49 años, ha dedicado su intensa vida profesional a pelear por los derechos de prisioneros políticos y disidentes, y su larga carrera, que parece de película, será de hecho una serie de Amazon Prime, actuada y coproducida por Orlando Bloom. Al actor le pareció que la vida de Genser, sobre todo sus casos, merecían ser conocidos por un público amplio, y ya están en el borrador del primer capítulo. Una mujer latina será quien encarne al personaje basado en él, y Bloom será su pareja. “Puedo decir que Orlando Bloom será mi novio”, dice vía Zoom desde Washington, donde vive con su mujer y sus dos hijos.

Hasta ahí el glamour. Porque la vida de Genser es seria y dura. Director de Perseus Strategies, defiende a disidentes en Irán, China, Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros países. Nació en New Haven y estudió en la Kennedy School of Government de Harvard. Luego decidió estudiar leyes y su vida cambió cuando tenía poco más de 20 años, cuando defendió a un joven activista británico preso en Myanmar, James Mawdsley. Por repartir panfletos y protestar, había sido condenado a 17 años de confinamiento solitario en una prisión.

¿Cómo logró liberarlo?

Leí sobre su caso cuando estaba en Londres, haciendo una pasantía en derechos humanos. No tuvo juicio. El juicio pasó frente a sus ojos y él ni se dio cuenta, todo fue muy loco… Por ejemplo, pidió un abogado. El hombre le dijo: yo soy. ¡El mismo personaje era juez, acusador y abogado! Y así quedó con 17 años de confinamiento solitario.

Impactado, Genser le preguntó a su jefe si podía involucrarse. Y así comenzó una verdadera odisea para liberarlo.

Presentó el caso ante la ONU por violación del debido proceso y a la libertad de expresión y asamblea. Habló también con varios congresistas, que escribieron cartas al régimen, con la cancillería británica y el Departamento de Estado de EE.UU. La detención arbitraria y el hecho de que fuera golpeado en la cárcel fueron clave, dice, porque gatillaron que Gran Bretaña y Estados Unidos pidieran su liberación. “El 20 de octubre de 2000 Mawdsley volvió a casa. Yo estaba en el aeropuerto para esperarlo. Me dio la mano y me dijo: “Gracias, me salvaste la vida”.

Esto le mostró a Genser el rumbo para los siguientes años.

De todos sus casos, ¿cuál ha sido el más difícil, del que aprendió más?

Es una buena pregunta… Los casos más difíciles son obviamente de los que más aprendes. El más difícil para mí fue el de Liu Xiaobo. Lo empecé a representar seis meses antes de que ganara el Premio Nobel. Me contrató su esposa, a la que pusieron en arresto domiciliario después de que él ganara el Nobel (2010). Estuve en Oslo cuando le dieron el premio en ausencia: una silla vacía en medio del escenario lo representaba. En la noche hubo un banquete con la reina y el rey de Noruega y muchas celebridades. Denzel Washington y Anne Hathaway eran los anfitriones del concierto del Nobel. Les di un brief de él, les conté de su situación para que hablaran antes del concierto en Oslo. Pensé: todos están aquí para celebrar a un laureado que no está, su esposa tampoco. Pero mañana comienza el trabajo duro, cuando esto desaparezca. Y de hecho, nunca pude conseguir ninguna ayuda ni de Denzel Washington ni de Anne Hathaway para su causa.

Liu Xiaobo

¿Por qué?

Nunca me dijeron nada, pero mi suposición es que no querían que sus películas fueran prohibidas en China. Es todo sobre el dinero. Y fue un caso muy difícil... junto a disidentes chinos, testifiqué ante decenas de Parlamentos, escribí decenas de columnas... Pero se transformó en el segundo premio Nobel en morir estando preso. Obligaron a que el funeral fuese en el mar. La ironía es que Liu odiaba el océano.

¿Lecciones del caso?

Las victorias pueden ser extraordinarias, como el ejemplo que di al principio, y ese tipo de momentos son los que hacen que todo este trabajo valga la pena. Pero cuando me convertí en abogado de derechos humanos entendí que iba a haber derrotas y fracasos, y que esos iban a ser especialmente dolorosos cuando tu cliente muere en la cárcel. El día de su muerte fue el peor día de mi carrera. Quedé destruido. Nunca pensé que ese sería su final… Desmond Tutu tuvo palabras que me reconfortaron. Me dijo: no es solo sobre el resultado, sino sobre (dar) la pelea.

Secuestrados en Nicaragua

Usted representa a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dos candidatos presidenciales detenidos por el régimen de Ortega. ¿Es una dictadura la de Nicaragua?

Ortega es un dictador, por supuesto. Antes había elecciones, él ganaba, pero la prensa no podía ser totalmente independiente, los candidatos de los partidos que competían contra él eran descalificados arbitrariamente, pero la gente estaba votando, y todos los votos eran contados. Todo esto cambió en abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas y él dio la orden de abrir fuego contra los manifestantes y mató a 330 personas e hirió a más de dos mil. Cien mil salieron al exilio. (Ortega) perdió todo apoyo, y supo claramente que no había modo de que ganara otra elección, incluso una robada. Y así empezó a apresar a cada vez más prisioneros políticos. Hoy hay alrededor de 150 prisioneros políticos.

Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: AFP

Maradiaga y Chamorro continúan desaparecidos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Siguen en esa situación. Más de 50 días desde que ambos desaparecieron. A Félix lo llamaron temprano ese día a la oficina del fiscal a una reunión. Hablé la noche anterior con él y su mujer, Berta, analizando todos los escenarios y lo que haríamos en ese caso. Y después de la reunión, la policía lo sacó de su auto, lo golpearon y se lo llevaron. Fue la última vez que alguien lo vio. Chamorro estaba en su casa, y llegaron 40 policías armados, derribaron la reja y lo esposaron y se lo llevaron. Fue la última vez que su mujer lo vio. Quisiera enfatizar que la desaparición es aún más preocupante. Por cierto, ustedes en Chile lo saben mejor que nadie, dada la trágica historia de su país, especialmente porque muchos desaparecidos nunca fueron encontrados, que es el peor tipo de tortura que alguien le puede hacer a una familia. La desaparición prolongada es considerada una forma de tortura bajo la ley internacional, y eso es exactamente lo que las personas de Nicaragua están sufriendo ahora, y las familias de ellos. No sabemos si están vivos, no sabemos cómo están. Cuando digo que Ortega es un dictador, lo digo porque se aseguró que para el plazo del 2 de agosto para registrarse como candidato a la Presidencia, todos los candidatos que podrían correr contra él no pudieran hacerlo. Tienes siete de 10 candidatos que están desaparecidos o detenidos. Ellos no están pretendiendo que esta será una elección robada, sino que están transmitiendo al mundo que lo es. El punto es qué hacemos con esto.

¿Qué se puede hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno de Chile, por ejemplo, además de condenar?

Pienso que hay mucho que se puede hacer, el punto es la voluntad política para hacerlo, esa es la pregunta clave. Se puede hacer mucho, bilateral o multilateralmente… Necesitamos el apoyo del gobierno chileno en la OEA, para hablar de los prisioneros políticos, y un llamado a la acción a la OEA.

¿Hasta dónde se puede interferir en otro país?

Soy americano, gringo, soy culpable de eso -dice sonriendo-. Nunca he trabajado para el gobierno de mi país, pero soy bien consciente de la historia de mi gobierno de intervenciones no deseadas al sur de nuestra frontera. Y estoy muy consciente del charter que la OEA tiene de no intervención y no interferencia en los asuntos internos de los países miembros. Como abogado internacional de derechos humanos, apoyo muy fuertemente la no intervención y no interferencia. Pero lo que hablamos aquí no es eso, porque vivimos en un mundo muy distinto al del siglo XX. Y este es el mundo de la ley internacional. Nicaragua es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este provee libertad de expresión, al derecho de asamblea, el derecho a un proceso legal, a no ser víctima de detención arbitraria, ni sujeto a torturas u otras formas de trato crueles e inhumanas que violen los derechos humanos.

Prisioneros políticos

¿Cómo se define a un prisionero político?

Un prisionero político es alguien detenido por ser quien es o por lo que cree, y que no ha utilizado ni defendido la violencia. Están presos básicamente por quienes son: sea porque son defensores de derechos humanos o activistas para alguna comunidad, por ejemplo. O por lo que creen, o por haber expresado sus creencias, o haber estado en protestas, pero que no han usado ni defendido la violencia. Una de las cosas que casi siempre se ven en el caso de los prisioneros políticos es que no son simplemente detenidos, sino que sufren abusos en el debido proceso también. Incluso en dictaduras que manufacturan leyes (que pueden estar en violación de leyes internacionales), no pueden dejar que un proceso con un poder judicial independiente e imparcial, porque la evidencia (contra ellos) no existe.

En Chile hay un debate en torno a esto, por el estatus o no de prisioneros políticos de algunos de quienes están encarcelados -algunos condenados, otros en prisión preventiva- en el contexto del estallido social de 2019.

La ley internacional provee respuestas muy claras en estas materias, aunque, por cierto, entiendo que hay un contexto político doméstico. Pero alguien que haya quemado o destruido cosas se exime de poder ser debidamente catalogado como preso político. No tienes derecho a destruir propiedad, ni tienes derecho bajo la ley internacional de usar la violencia… De nuevo: puedes ser un prisionero político y participar en (actos de) desobediencia civil, por ejemplo. Pero no se puede violar una ley que cualquier persona en el mundo consideraría una ley válida.

Foto: AGENCIAUNO

¿Cómo se distingue una ley válida, en ese caso?

Por ejemplo, en Nicaragua o Venezuela pasa que criminalizan que alguien llame o pida que haya sanciones (internacionales). Lo mismo en Cuba. Representé allí a un prisionero político que fue detenido por haber defendido que Estados Unidos imponga sanciones a Cuba. Lo acusaron de corrupción y lo encarcelaron. Él es un prisionero político y la razón es que a pesar de que hay una ley (contra lo que él hizo), esa misma ley es una violación de la ley internacional. Cuba es parte del pacto internacional de derechos civiles, y ello incluye el derecho a la expresión y opinión. Solo puedes limitar el derecho de expresión y opinión bajo la ley internacional con excepciones muy estrechas, por ejemplo, amenaza inmediata a la seguridad nacional. Entonces, como esas leyes en sí son inválidas, la detención de la persona es ilegal bajo la ley internacional y, por tanto, lo puedes caracterizar como prisionero político.

¿Qué debe hacerse para evitar que ocurran violaciones a los DD.HH. y proteger a las personas de ello? En Chile, después del estallido social, hubo centenares de personas con heridas y trauma ocular, incluidos varios que quedaron con ceguera debido al abuso policial.

Esa es la pregunta de nuestro tiempo. El siglo XX, después de la muerte de 70 millones de civiles en la Segunda Guerra Mundial, incluidos los millones que murieron en el Holocausto, llevó a la creación de Naciones Unidas, para prevenir, y ello llevó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Luego vinieron tratados de derechos humanos, como los que hemos hablado. La mayoría de los países los han firmado y ratificado. Entonces lo que hablamos para el siglo XXI es cómo cerramos el espacio que hay entre los compromisos de los Estados y su implementación en la práctica.

¿De qué modo se puede hacer?

Hay muchas maneras. Mecanismos internacionales de monitoreo de la ONU, por ejemplo, en que se debe reportar qué se hace. A nivel nacional, el tener institucionalidad de derechos humanos, independiente del gobierno, que sea capaz de reportar lo que pasa en Chile. Y hay un rol crítico de la sociedad y el público en general. Sobre Chile, he escuchado un poco lo que ha pasado en este aspecto y, en este tipo particular de casos, se debe hablar no solo de responsabilidad para con las víctimas si hubo uso excesivo de la fuerza, sino que también de un diálogo nacional. Estados Unidos tiene una necesidad gigante de diálogo en esta materia, dado lo que pasó en enero (asalto al Capitolio). Hay que unir a la gente, de derecha a izquierda, a tener una base compartida en nuestra humanidad común y en tratar a las personas con la dignidad fundamental que todas las personas merecen. Y, finalmente, los gobiernos deben entender que las protestas populares contra las políticas gubernamentales son un elemento clave de una democracia vibrante. No debería haber nada malo en tener gente protestando. De nuevo, si las personas están empleando la violencia, es otra historia, así como si están violando leyes válidas es un problema. Pero aún así, los gobiernos deben usar enorme moderación, incluso si están bloqueando la calle. Los oficiales clave que tomaron esas decisiones que resultaron en esos trágicos daños deben ser responsabilizados.

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