“Todo es por el territorio”: Coca, guerrilla y muerte en el Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca se reúne en una multicancha en la pequeña aldea de Las Delicias tras la serie de asesinatos. Foto: Héctor Estepa

En el departamento colombiano del Cauca se está produciendo una matanza de indígenas que se oponen a las plantaciones de coca, en brutal expansión y protegidas por los grupos armados disidentes de las FARC y paramilitares arraigados en la zona. Más de 16.000 hectáreas de cultivos ilícitos plagan la zona. En medio del conflicto, se encuentra la guardia indígena, un grupo de nativos Nasa que intentan evitar el ingreso de la guerrilla y del narcótico en la zona. El narco y la violencia no dan tregua en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.




El verde intenso de los cultivos de coca ilumina los campos de las zonas más recónditas del Cauca. Los cultivos ilícitos han inundado la montañosa región colombiana, convertida en uno de los epicentros del tráfico de drogas del país cafetero. Desde un cerro cercano a la localidad de Buenos Aires se observa el negocio en todo su esplendor: las ordenadas hileras de los campos cocaleros se extienden hasta donde alcanza la vista. Muchos de los sembradíos son indisimulados. Están a la vista de todos, plantados junto a la carretera comarcal. Alguno incluso se atreve a diversificar, y siembra cannabis entre las “maticas” de coca.

El negocio es lucrativo y ha atraído a una legión de oportunistas, filibusteros y buscavidas. Por los caminos rurales del norte del Cauca, situados a poco más de una hora de distancia en auto de Cali, circula todo tipo de personajes. Se les distingue por sus herramientas de trabajo. Algunos son “raspachines”, trabajadores que siegan el piso de las fincas, una labor básica para las plantaciones. Ellos llevan un machete a la espalda. Parte son migrantes venezolanos, que llegan atraídos por el pago. Un raspachín cobra unos 25.000 pesos colombianos (5.200 pesos chilenos) al día en una finca de café. En una plantación de coca se puede llegar a ganar el triple o el cuádruple.

Otros llevan colgada una mochila de plástico a la espalda. Son los fumigadores, aglutinados también en torno a los altos salarios en una región donde la tierra se ha encarecido. Una parcela de una hectárea podía comprarse antes de la explosión de la coca por unos 170.000 pesos chilenos. Hoy no vale menos de dos millones. Raspachines, fumigadores, e incluso los químicos que trabajan en los laboratorios de coca están protegidos por quienes lo que empuñan son los fusiles. El narcotráfico es defendido por los grupos armados, disidentes y paramilitares, que pelean por el territorio y las rutas de la droga, cobrando impuestos a la producción y generando violencia, muerte y zozobra en las comunidades.

En medio están los indígenas Nasa. En el departamento del Cauca -en el suroccidente colombiano- se está produciendo una matanza de nativos que se oponen a esas plantaciones, también arraigadas en la zona debido a las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las extintas FARC y el gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos.

Tumba de Breiner David, niño de 14 años asesinado en enero. Foto: Héctor Estepa

El cementerio de la pequeña aldea indígena “Las Delicias”, profunda en las montañas, da cuenta del drama. Al menos 10 vecinos han sido asesinados recientemente. La mayoría eran jóvenes “kiwe technas”, parte de la Guardia Indígena del Cauca, que desde hace décadas defiende el territorio ancestral y hoy intenta expulsar los cultivos ilícitos de las comunidades. Sobre uno de los humildes sepultos del camposanto está la fotografía del joven Bréiner David Cucuñame, un niño de apenas 14 años asesinado a mediados de enero. Flores deslucidas por el tiempo adornan la sepultura.

“Todo es por el territorio”, dice el ‘kiwe techna’ Luis Fabián Camayo en una humilde construcción de ladrillo vivo, erigida sobre un risco, no muy lejos del cementerio. Sus labios apenas aciertan a dejar escapar un tenue hilo de voz. La mirada del joven, sentado al borde de su humilde camastro, está como perdida. Los ojos taciturnos se mueven inquietos cuando recuerda el horror. Bréiner fue asesinado el día en que el mismo Luis Fabián recibió dos disparos y el compañero y amigo de este, Guillermo Chicame, resultó también muerto a tiros. El joven culpa de todo a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que hacen presencia en Las Delicias y las aldeas aledañas.

En la funesta jornada, Luis Fabián asegura haber acudido a una vereda cercana a negociar con el grupo armado la entrega de un comunero indígena que estaba sindicado por varios delitos. Hubo una discusión. Se elevó el tono, y los disidentes lanzaron tiros e incluso una granada, hiriéndolo a él y segando la vida sus dos compañeros.

“Me dijeron que tenían orden de matarme por la oposición que les habíamos puesto mi hermano y yo. No les presté atención. Pensé que era por la calentura. Pero cuando alcancé a zafarme de uno que me tenía agarrado, porque me estaban intentando llevar, sentí que ya me pegaron. Fue como un golpe en el estómago. Ya cuando me caí porque los pies no me respondían, ellos empezaron a disparar contra toda la gente”, rememora Fabián.

Plantación cocalera en la localidad de Buenos Aires, Colombia. Foto: Héctor Estepa

Mientras estaba en el hospital, recibió la terrible noticia del asesinato de su hermano, José Albeiro Camayo, coordinador de la Guardia Indígena. Fue tiroteado 10 días después a manos del mismo grupo al margen de la ley. Había sido acusado por los disidentes de portar armas de fuego, algo negado tajantemente por los ‘kiwe technas’, que reivindican la defensa del territorio armados sólo con sus bastones de mando y sus machetes.

Albeiro no fue el único miembro de la familia asesinado. En noviembre otro comando homicida baleó a otro de los hermanos, Marcos, mientras trabajaba en la plantación de café situada junto a la básica vivienda donde habita la familia.

La firma del Acuerdo de Paz eliminó el elemento de control que las FARC ejercían sobre el territorio, y ahora hay una guerra por el control de las zonas ricas en economías ilegales en todo el país.

Luis Fabián está dispuesto a seguir luchando pese al trauma familiar. “Ser ‘kiwe techna’ es ser cuidadores del territorio. A uno le nace desde el corazón, desde el alma. Es cuidar a mi familia. No podemos dejar que nos quiten la tierra otra vez, y a raíz de eso han venido ocurriendo los asesinatos”, dice el joven, mientras una suave llovizna empieza a colarse por la puerta de la pequeña habitación donde se recupera de sus heridas.

Disidencias de las FARC

El cauca es así. Húmedo y de temperatura amable, un clima perfecto para los cultivos calificados como ilícitos. Según la ONU, en la zona de Buenos Aires, donde se asienta el resguardo indígena de Las Delicias, hay plantadas unas 500 hectáreas de coca. En total, en el departamento del Cauca hay unas 16.554 hectáreas, de acuerdo con cifras de 2020. Se trata de un lugar estratégico por su cercanía a vías terrestres y fluviales por las que transita la droga de camino al Pacífico, desde donde se distribuye en barcos al norte del continente americano. Nadie duda que el registro aumentará cuando sea publicado el estudio de 2021. La Guardia indígena considera que esos cultivos están suponiendo un nuevo expolio de su territorio, que recuperaron hace décadas después de un largo conflicto por la propiedad de la tierra.

La presencia de los grupos armados es fuerte en la zona. Las pintadas en los muros de los caseríos de las carreteras denotan la extensión de las disidencias. En muchas paredes aparecen grafitis de las disidencias de las FARC, una suerte de “estamos vigilando” que se repite en todo el territorio. Más de 10.000 de los 13.000 guerrilleros que integraban las extintas FARC dejaron los fusiles y llevan años reincorporándose a la vida civil después de cinco décadas de guerra. Una parte de los restantes fundaron las disidencias y comenzaron a reclutar nuevos miembros. Las distintas facciones ya suman 5.000 miembros en todo el país.

Los ex FARC no son el único armado que opera en la zona. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora el mayor grupo guerrillero de Colombia, pugna también por el territorio junto al renacido Ejército Popular de Liberación (EPL) y los narcoparamilitares del clan del Golfo, en una región permeada también por los carteles mexicanos de la droga.

Esa multiplicidad de actores espolea la violencia. La firma del Acuerdo de Paz eliminó el elemento de control que el antiguo grupo subversivo ejercía sobre el territorio, y ahora hay una guerra por el control de las zonas ricas en economías ilegales en todo el país. “Antes se sabía con quién dialogar. Ahora no hay un lineamiento político. Los grupos están enfocados en un tema económico, en proteger los cultivos y todo lo que eso genera. Usted ve un muchacho de 13 o 14 años diciendo que es mando del grupo. Al otro día ve otro muchacho diciendo que él es el mando. Ya perdieron el enfoque del tema revolucionario”, asegura Luis Fabián.

En la carretera que lleva desde Santander de Quilichao -el centro económico del norte del Cauca- a Corinto, otro de los municipios más afectados por la violencia, vuelven a sucederse las pintadas alusivas a los grupos armados. Allí se han producido varios atentados con autos y motos bomba en las últimas semanas, dirigidos contra líderes comunitarios y también contra la policía y el Ejército, instituciones acusadas por los pobladores de acantonarse ante la violencia, algo que los altos mandos niegan tajantemente.

Los ataques van dirigidos a todos los pobladores de la zona. Más de 1.300 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz, según datos de la organización Indepaz. Cauca es el departamento donde más se ha sentido la violencia, con mucha diferencia, superando los 309 homicidios entre indígenas, afrodescendientes y mestizos. El reclutamiento forzado es otro de los flagelos que viven las familias de los pueblos originarios. Los grupos armados ofrecen a los muchachos dinero, motocicletas, celulares, y demás regalitos, para atraerlos y hacerlos formar parte de sus filas. Muchos caen.

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“Nosotros hacemos un acompañamiento para ir a buscar a los jóvenes y que los entreguen. Una vez aquí hacemos el apoyo psicosocial, el apoyo a la familia, para que el joven no retorne. Es un trabajo duro. Hay que darles mucho seguimiento porque la forma en que los gestionan allá es muy diferente. El joven vuelve queriendo imponer sus normas y es él quien tiene que plegarse a los de su casa”, describe Albanely Trompeta, del territorio ancestral San Pedro. Ella tuvo que exiliarse de su comunidad debido a las amenazas que ha recibido por intentar sacar a los jóvenes indígenas de los grupos armados.

Las críticas en la zona se lanzan especialmente contra el Estado. “Necesitamos más presencia de las instituciones. Que nos ayuden a que nuestros jóvenes estudien y se formen. Que haya garantías para que el estudiante se alimente y se hospede en la universidad, para que no dejen de estudiar. No es sólo darles un cupo, sino todo ese espacio, porque muchos padres no tienen la solvencia para garantizarles eso”, reclama Trompeta.

Muchos de los líderes indígenas han tenido que abandonar sus comunidades debido a las amenazas. “Es muy duro vivir escondiéndose. Uno quisiera llegar a casa. Donde jugaste, tu niñez, tu adolescencia. Donde te vieron crecer. Pero no poder hacerlo es la impotencia”, clama Joana Dagusnas, coordinadora del resguardo Páez de Corinto.

Cabildo en Las Delicias. Foto: Héctor Estepa

Los indígenas Nasa se refieren al entierro de un ser querido como a su “siembra”. Su vuelta a la madre tierra. Dicen estar dispuestos a continuar luchando por su territorio mientras sea necesario. “Por cada indio muerto otros miles nacerán”, reza el himno de la Guardia Indígena, en un país que vive su peor clima de violencia desde la firma del pacto de paz y que el próximo domingo celebra unas elecciones presidenciales clave para su futuro.

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