Un año del caso convenios: más de 100 aristas y $ 89 mil millones bajo la lupa de Fiscalía

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El caso que comenzó con un convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, 12 meses después suma más de 60 fundaciones investigadas en todas las regiones del país, sin excepción. La indagatoria, que es descrita como una de las más complejas para el Ministerio Público, tiene en la mira casi $ 90 mil millones en transferencias entre organismos públicos a ONG.


Fue el viernes 16 de junio de 2023 que el medio digital Time Line lanzó el reportaje que cayó como una bomba de racimo en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces comandada por el ex RD Carlos Contreras. Daba cuenta de irregularidades advertidas por los funcionarios y de presuntas negligencias en la adjudicación de convenios con la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, por esos días pareja de la diputada Catalina Pérez.

Pero en la práctica el asunto iba mucho más allá. La publicación sirvió como punto de partida para un caso que hoy tiene repercusiones nacionales y bajo el cual se pesquisa la utilización de miles de millones de pesos.

El 20 de junio de 2023, la Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación de oficio por presuntos delitos circunscritos a transferencias a la mencionada ONG -vinculada a Revolución Democrática- por $ 426 millones, pero un año después ya son más de 60 las fundaciones indagadas en todo el país y los montos involucrados bordean los $ 90 mil millones. Con el progreso de los análisis, además, se advirtió que el grueso de los recursos no había sido transferido desde seremías, si no que más del 85% de ellos fueron entregados por gobiernos regionales.

Por lo mismo, tempranamente el fiscal nacional, Ángel Valencia, le solicitó a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción, que se hiciera cargo de la coordinación de los equipos a fin de que las distintas aristas tuvieran cierta uniformidad.

Y es que como el mismo Campos sostiene, no se tenía registro de un caso de esta envergadura. “Han sido circunstancias respecto de las cuales el Ministerio Público nunca antes enfrentó. No habíamos tenido una investigación respecto de un fenómeno como este, con corporaciones y fundaciones a nivel nacional. En cada una de las regiones tenemos investigaciones, lo que ha significado una coordinación permanente, que ningún caso, salvo este, ha tenido”, comentó.

Ha sido fundamental para este trabajo, destaca, el rol de Contraloría -que ha pesquisado transferencias tanto de seremis como de Gores-, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), del SII y de la UAF.

Destacó, en los mismos términos, el trabajo del Ministerio de Justicia, que ya envió solicitudes para que el organismo, liderado por Raúl Letelier, ponga en marcha la disolución de 16 fundaciones que no cumplían con las normas.

Letelier aseguró que nueve de esas solicitudes ya se ingresaron a tribunales, al igual que se han presentado siete querellas por fraude al Fisco, apropiación indebida y lavado de activos, junto con 14 acciones de restitución de fondos. “Tempranamente hemos coordinado el trabajo de nuestras procuradurías fiscales en regiones para abordar de manera prioritaria el estudio de los antecedentes de cada caso a los que hemos tenido acceso. Cada semana, a través de nuestro Comité Penal, se evalúa el avance de las referidas investigaciones y los nuevos antecedentes que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso”, detalló.

Las más de 100 aristas del caso se indagan junto con efectivos de la PDI, desde donde subrayan que tras asumir el director general Eduardo Cerna se instruyó la creación de una Fuerza de Tarea destinada a investigar de manera exclusiva estos hechos.

Como explica el prefecto Marcelo Romero, jefe Bridec Metropolitano, el equipo especializado que lidera está integrado por 81 oficiales y apoyado por peritos en criminalística y cibercrimen. “Lo anterior ha implicado un aumento considerable en la cantidad de funcionarios policiales que trabajan en las diversas investigaciones que se han generado. Y para todo esto ha sido fundamental la coordinación permanente con el Ministerio Público”, destacó.

Ya han sido cuatro los encuentros de coordinación que se han realizado entre las mencionadas entidades, Campos y los fiscales a cargo de los casos. El último de estos fue la jornada del miércoles 12.

Un año de diligencias

Dada la forma en que estalló el caso, las primeras diligencias instruidas, naturalmente, estuvieron centradas en Democracia Viva.

Con el correr de las semanas, eso sí, aumentaron las denuncias en otras regiones y los allanamientos e incautaciones proliferaron en otras reparticiones y ONG.

Las primeras formalizaciones, en tanto, se dieron en agosto del año pasado en la Región de Los Lagos y La Araucanía, cuando se formalizó a los representantes de Kimün, entre ellos al excandidato presidencial Diego Ancalao, quien permanece en prisión preventiva. En ese caso, el trato lo tenían con el Gore de Los Lagos.

En noviembre fue el turno de la imputación por la denominada arista manicure, en la Región de La Araucanía, y a las semanas, la formalización de Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción implicada en un cuestionado convenio con el Gore de esa región.

A los protagonistas de Democracia Viva, en tanto, se les formalizó cargos el 14 de diciembre, y a la concejala Paz Fuica, en enero.

En abril de este año, además, el fiscal Cristián Aguilar volvió a formalizar a Carlos Contreras, esta vez por convenios que se suscribieron con fundación TomArte, arista por la que también resultó imputada Kelly Betancourt.

Y el mes recién pasado, el Ministerio Público llevó la primera arista política a la justicia, luego de que decidiera solicitar el desafuero del diputado Manuel Ojeda para formalizarlo por su presunta implicancia en el caso manicure.

En paralelo a todas estas diligencias, Contraloría hacía lo propio junto a sus investigadores y ya en noviembre dieron a conocer informes que daban cuenta de graves irregularidades en prácticamente todas las regiones.

Zoom a las fundaciones

Actualmente, el Ministerio Público indaga cientos de convenios que suman $ 89.961.933.591 en las 16 regiones del país (ver infografía).

De ese total, $ 77.740 millones corresponden a convenios entre gobiernos regionales y 67 fundaciones en 12 regiones. El Gore del Biobío es el que concentra el mayor número de tratos investigados con 21 fundaciones, mientras que el gobierno regional de La Araucanía es el organismo investigado por los mayores montos.

La indagatoria en contra de las seremis de gobierno suman $12.221 millones por convenios con 40 fundaciones. De estos, las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso son las que concentran la mayor cantidad de tratos con fundaciones pesquisadas, con seis ONG cada una, siendo la denominada “Perla del Norte” en la que se indaga la mayor cantidad de recursos: $ 3.173 millones.

Ver mapa interactivo por región:

A juicio del fiscal regional Juan Castro Bekios, quien tiene a su cargo el mayor número de indagatorias, a un año de que se iniciaran las pesquisas “se han logrado notables avances, lo que se evidencia en la apertura de nuevas investigaciones de otras regiones”.

En ese sentido, destacó que hasta ahora existen cuatro personas formalizadas bajo sus causas, dos de ellas en prisión preventiva.

Producto del análisis realizado, destacó, se han evidenciado “patrones comunes de conducta que, en definitiva, permitieron defraudar al Estado y que los convenios no se cumplieran satisfactoriamente. De esta forma, los objetivos de estos convenios -destinados en su mayoría a beneficiar a aquellas partes más vulnerables de nuestra sociedad- fracasó, y la gente no pudo obtener los beneficios que el Estado pretendía otorgar”.

La Fiscalía Regional de Aysén, en tanto, es la que se hizo cargo de la indagatoria en contra de ProCultura, la cual es investigada en ocho regiones por convenios que superan los $ 5.400 millones.

Y ante ella, el fiscal regional Carlos Palma reconoce que es una causa “compleja”. “Pone a toda la institucionalidad en una posición delicada, hay que investigar lo más prontamente posible, lo más eficaz posible para obtener resultado y así dilucidar si ocurrió o no delito y quiénes serían eventualmente los responsables”, dijo. En esa línea, el persecutor sostuvo que el desafío es acreditar las conductas y que la dificultad es encontrar evidencia.

“El hecho de que la investigación se llame caso convenios y que haya distintas aristas nos dan cuenta de que pudieran existir modus operandi muy similares y que, por lo tanto, nos encontramos bajo una misma lógica”, concluyó.

Si bien las indagatorias podrían tomar años, Eugenio Campos tiene una visión optimista y espera durante este 2024 iniciar juicios.

El Ministerio cuestionado

A pesar de que el grueso de los dineros investigados provenían de gobiernos regionales, el caso golpeó con fuerza a la cartera encabezada por Carlos Montes (PS). De hecho, el ministro declaró ante el fiscal regional de Antofagasta en abril pasado, en calidad de testigo.

Sin embargo, desde la repartición son firmes en sostener que desde el día uno pusieron todos los antecedentes a disposición e instruyeron investigaciones administrativas.

Desde el Ministerio destacan que no sólo se removió a los seremis de Antofagasta, O’ Higgins y el Maule, sino que también se puso término anticipado a convenios con incumplimientos.

“Nos ha apoyado el CDE, organismo que ha ejercido las acciones judiciales y solicitado las medidas precautorias correspondientes para resguardar el patrimonio fiscal. Así también, hemos presentado una querella y cuatro denuncias”, afirman desde Vivienda.

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