Daniel Mas Valdés tiene a su cargo dos de los ministerios clave para el desarrollo del país: Economía y Minería. Por eso, el único biministro de la administración del presidente José Antonio Kast ha puesto gran parte de su foco en reconstruir las confianzas con el mundo privado. Y en el caso particular de la industria minera -que por sí sola representa el 59% de las exportaciones totales del país- su estrategia apunta a acelerar la concreción de una enorme cartera de inversiones de más de US$100 mil millones en proyectos mineros en distintas etapas de evaluación por parte de organismos estatales.

“Si no actuamos con rapidez corremos el riesgo de perder competitividad. Por eso, estamos trabajando con sentido de urgencia para garantizar certeza jurídica, reglas claras, reducir plazos de tramitación y eliminar cuellos de botella. Ser un facilitador de la inversión minera es nuestra prioridad”, sostiene el biministro Mas.

¿Cuáles son las fortalezas que destaca de la tradición minera de Chile?

La minería chilena ha sido y sigue siendo un pilar clave del desarrollo del país: impulsa el crecimiento, atrae inversión, aporta decisivamente a la recaudación fiscal. Pero lo más notable es que crea empleos y mejora la calidad de vida de los chilenos. Chile se ha consolidado como destino minero de clase mundial debido a nuestro gran potencial geológico, infraestructura, conectividad, talento especializado y una cultura productiva que combina escala con crecientes estándares de seguridad, trazabilidad y sostenibilidad. Todo ello en conjunto con un marco institucional adecuado. No obstante, en los últimos años el sector ha mostrado señales de menor dinamismo. Por ello, desde el Ministerio de Minería estamos enfocados en eliminar las barreras que frenan su desarrollo, y en aprovechar el renovado ciclo global ligado a la transición energética. Otros países con recursos similares están agilizando proyectos, modernizando su institucionalidad y captando inversiones de largo plazo.

¿Qué características debería tener la industria y cuáles el sector público para acelerar el desarrollo de la minería?

Chile es una potencia minera. Nuestro país es líder tanto en producción como en reservas de cobre, litio y renio, y ante la creciente demanda global y restricciones de oferta de minerales críticos tenemos la oportunidad de consolidar al país como un proveedor y exportador de minería de clase mundial, que integra conocimiento, innovación y sostenibilidad. Vamos a trabajar junto al sector privado para la siguiente etapa de la minería chilena: una industria más intensiva en tecnología, baja en emisiones, eficiente en el uso de agua y energía, y con una gran capacidad de encadenamiento con proveedores, formación técnica especializada y mayor captura de valor agregado. Ello junto con abordar lo que el gobierno del presidente Kast considera desafíos estructurales, como la disminución relativa de la capacidad de fundición y refinación, el agotamiento de yacimientos superficiales y la transición hacia una minería cada vez más subterránea, entre otros. Estos desafíos requieren no solo adaptación regulatoria, sino también capacidad tecnológica, innovación y gobernanza moderna. Pero, insisto, nuestro foco hoy es facilitar la inversión para que en nuestro país se multipliquen los puestos de trabajo y las oportunidades. Sabemos que para que ello ocurra necesitamos una institucionalidad robusta y con reglas claras.

Más allá de la Ley MAS

¿La implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -Ley MAS- es suficiente para impulsar el desarrollo minero o están avanzando en otros cambios?

Estamos trabajando intensamente en modernizar nuestra gestión para que los permisos no sean una barrera de entrada. La Ley MAS ha sido un primer gran avance en esa dirección, y estamos en la etapa de su implementación. Esto implica la dictación de reglamentos en distintos ministerios y servicios públicos que sustituyen permisos por declaraciones y avisos, facilitando la vida de quienes inician un proyecto. En una primera etapa, la habilitación de esta nueva normativa nos va a permitir facilitar la decisión de alrededor de 200 trámites sectoriales y agilizar en 30% los tiempos de permisos sin bajar los estándares medioambientales. No puede ser que un proyecto que genera miles de empleos quede atrapado por años en el Consejo de Monumentos Nacionales o en trámites ambientales interminables. Nuestra meta es simplificar, racionalizar y dar respuestas rápidas, porque sabemos que detrás de cada proyecto paralizado, hay empleos perdidos y familias que ven frustradas sus expectativas. Para hacer frente a esta parálisis y terminar con esta suerte de statu quo negativo estamos preparando propuestas legales y cambios de gestión, que disminuyen la carga regulatoria en algunos ejes críticos no contemplados por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, pero que son fundamentales.

¿Qué medidas debería implementar el país para enfrentar las consecuencias de la baja ley mineral de los yacimientos?

Es clave agilizar la tramitación de proyectos de continuidad y expansión operacional que forman parte de una cartera de proyectos que hoy superan los US$100 mil millones. Asimismo, una prioridad de este ministerio bajo el gobierno del presidente Kast es fomentar la exploración minera a nivel nacional para encontrar nuevos yacimientos con mejores leyes. Tenemos que considerar que los volúmenes de producción de cobre se han mantenido varios años estancados en torno a los 5,4 millones de toneladas, por lo que en este escenario se hace necesario avanzar en medidas que impulsen la producción con mayor eficiencia operativa junto con la revisión de cuellos de botella regulatorios que hoy retrasan las inversiones. Otro aspecto que tiene prioridad es avanzar en la valorización de relaves y minerales secundarios, con la finalidad de explotar estos recursos, en atención a que antes no tenían valor o que no existía la tecnología accesible para aprovecharlos económicamente.

¿Ha habido un cambio en la inversión minera en este primer mes de gobierno?

Celebramos el ingreso a tramitación ambiental de proyectos mineros por un monto superior a US$17 mil millones ocurrido en las últimas semanas y que coinciden con el inicio del nuevo gobierno, lo que es una clara señal de que ya se está produciendo un cambio en las expectativas de los inversionistas, quienes están recuperando la confianza y la certeza, factores clave para la toma de decisiones de inversión de largo plazo. Ahora nuestra tarea es lograr que la tramitación de estos proyectos no se convierta en una tramitación burocrática y eterna.