Aglomeraciones en la embajada de Venezuela: vecinos piden ayuda ante ruidos molestos y gente acampando en la calle

“Como vecino de Providencia he sido testigo de la desorganización del Estado venezolano en Chile y todo lo que sucede en el espacio público a las afueras de la embajada. He visto a personas que orinan y se acuestan a dormir en el jardín del edificio donde vivo, que acampan en la calle y copan los estacionamientos. Es una situación incómoda”.

El abogado Fernando Díaz describe las incómodas escenas que le ha tocado vivir cada vez que entra y sale de su hogar, en Bustos con Pedro de Valdivia, justo a un costado de la sede de la embajada de Venezuela en Chile. Algo que se ha intensificado desde el domingo pasado.

El día no es antojadizo. A través de un post en Instagram, la Cancillería venezolana anunció una jornada de entrega masiva de pasaportes y prórrogas de documentos a la comunidad ubicada en Chile, además de una extensión en el horario de funcionamiento de las instalaciones (8.00 a 22.00). El período va del 6 al 18 de diciembre.

Pero la alta concurrencia ha traído consigo largas filas de espera, ruidos molestos, basura en las calles, además de falta de condiciones sanitarias adecuadas. Hay personas que llegan en la tarde de un día para buscar ser atendidos a primera hora del día siguiente.

Si bien las denuncias se han generado por parte de vecinos de Providencia a través de la aplicación Sosafe del municipio, distintos ciudadanos venezolanos han acusado largas horas de espera para los trámites, además de falta de servicios básicos como baños y agua para hidratarse o lavarse las manos. Y todo bajo un calor abrasador, con temperaturas por sobre los 32° Celsius.

“Junto a mi señora llegamos a la embajada en la madrugada. Tuvimos que dormir en el piso a la espera de que nos atendieran para regularizar nuestros papeles, pero no tuvimos éxito. Llegada la noche no tuvimos respuesta. Uno queda con enojo, porque perdimos un día de trabajo y dinero, porque además de esperar por el trámite hay que pagar US$120 por la visa. No tenemos baño e incluso supimos que los locales cercanos pedían consumir alimentos o pagar para usar el baño”, comenta indignado Rodolfo, ciudadano venezolano.

Con el fin de saber de qué manera se está enfrentando esta situación, La Tercera consultó a la embajada de Venezuela en Chile, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), esta situación deja en evidencia “el maltrato que provoca el régimen de Venezuela en nuestro país y que ha obligado a más de siete millones de personas a escapar de lugar. La embajada anunció la entrega masiva de estos documentos, pero no dejó en claro que esto solo se realizaría con inscripción previa. Es decir, no se iba a atender a gente que no saliera registrada en el sistema. Por eso llegaron miles de personas esperando más de 20 horas por una atención que nunca llegó”.

Como organización, Rojas comenta que desde 2018 han tratado de sostener conversaciones y reuniones con el consulado de Venezuela, pero nunca han conseguido respuesta. Es más, la organización ha generado la entrega de citaciones y documentos para ver de qué forma se puede mitigar el impacto de la falta de comunicación sobre la comunidad venezolana en Chile, pero estos no han sido tomados en cuenta.

“También hemos solicitado los beneficios de la Cancillería del gobierno de Chile para ver si de alguna manera, a través de ellos, la posición de la embajada cambia, porque entendemos que esto no solo nos afecta a nosotros como venezolanos, sino que también al entorno y a los vecinos del sector. Necesitamos que alguien se haga cargo de la situación. De forma interna, es la embajada, pero externamente deben ser el municipio y Carabineros”, sostiene Rojas.

Pese a que las denuncias por aglomeraciones, falta de salubridad e inseguridad en la zona comenzaron a notarse durante esta semana, la Municipalidad de Providencia ya se había pronunciado al respecto en julio de este año. Fue la propia alcaldesa Evelyn Matthei la que a través de sus redes sociales envió un “acto de repudio” hacia el actuar de la sede diplomática, luego de presenciar a mucha gente esperando para ser atendida.

“Estoy en la embajada de Venezuela, donde diariamente llegan más de dos mil personas. Hay filas enormes, y el trato de funcionarios hacia sus compatriotas es repugnante. Vecinos no pueden salir de sus casas. Urge que consulado venezolano respete derechos humanos de sus compatriotas”, sostuvo en un tuit.

Debido a los emplazamientos que también han hecho otros vecinos del sector, desde el municipio señalan que actuar frente a estas circunstancias “es complicado”, dado que “el recinto cuenta con inmunidad diplomática”. Además, explican que esta es una situación que “se repite cada vez que la embajada venezolana entrega un número acotado de documentos, con llamados públicos que están por sobre la demanda. Es un choque de expectativas que hace que llegue gente desde el dia anterior”, sostienen.

Sin embargo, el municipio informa que han tomado acciones dentro de sus facultades para poder mitigar la situación: en lo que va de diciembre se han cursado tres infracciones por comercio ambulante en el sector, 80 partes de tránsito, además de la limpieza de fecas y orina en los barrios cercanos a la embajada.

También anunciaron que se están “estudiando acciones legales ante organismos nacionales y de derechos humanos. Esto, con el fin de poder colaborar con la situación humanitaria que se vive en el lugar y velar por los vecinos del sector”.

Pero para la concejala Macarena Fernández (Convergencia Social), tales acciones desde el municipio no han sido suficientes.

Para la autoridad, la aglomeración de personas en las afueras de la embajada es un tema que se ha presentado desde hace más de un año, pero que se ha ido agravando pospandemia. Esta situación la motivó a generar un plan articulador en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Municipalidad de Providencia y las autoridades competentes para enfrentar el problema de raíz.

“Las conversaciones comenzaron el miércoles 30 de noviembre. Ya se ha logrado instalar el tema para ponerle urgencia, porque esto es algo que se ve hace tiempo, pero ahora es urgente ocuparse de la situación. No basta con repudiar. La semana pasada me reuní con vecinas que no ven esto solo en calle Bustos, sino que en todo el barrio, donde se han juntado todos los problemas: ruidos molestos, personas que hacen sus necesidades en la vía pública, delincuencia, incluso prostitución”, manifestó la concejala.

Aun cuando la regularización de los documentos de los ciudadanos venezolanos se ha generado en la sede ubicada en Providencia, parte de esta problemática se ha trasladado a la comuna de Recoleta.

Esto, luego de que el Estadio Municipal Leonel Sánchez fuese dispuesto por el municipio para el proceso de regularización de visas para ciudadanos venezolanos, el pasado sábado 3 de noviembre.

Frente a esto, la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Andrés Longton y Sofía Cid, solicitaron al contralor Jorge Bermúdez instruir un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad por parte del municipio a cargo del alcalde Daniel Jadue (PC).

En el oficio enviado a la CGR, los parlamentarios afirman que la actividad llevada a cabo en el recinto deportivo fue “organizada por el gobierno de Venezuela con la evidente participación de la Ilustre Municipalidad de dicha comuna (Recoleta), cuyo alcalde es un reconocido adherente al régimen autoritario de Nicolás Maduro”.

Los diputados de RN denunciaron que el alcalde Jadue facilitó “bienes municipales y presuntamente personal comunal” para la apertura, limpieza y posterior cierre del Estadio Municipal.

Los parlamentarios piden al contralor que requiera la información necesaria, por un lado, al alcalde Jadue, “como de otras personas que estime conveniente…, por el presunto uso irregular de recursos y bienes municipales, así como del ejercicio de atribuciones sin base legal”.

Suman en el documento la solicitud de instruir un sumario administrativo que aclare y determine la veracidad de lo sucedido, “aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.

Al ser consultados sobre su versión de los hechos, la Municipalidad de Recoleta comentó que no se referirían al tema.