La Corte Suprema de Perú rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa del expresidente Pedro Castillo y confirmó este miércoles la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses.

En la actualidad Castillo es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión mientras ejerció de mandatario del país, motivo por el que tiene vigente una orden de prisión preventiva, aparte de la condena ya impuesta de 11 años y 5 meses por su fallido intento de golpe de Estado que cumple en el Penal de Barbadillo.

De acuerdo a medios locales, como la cadena RPP, la resolución judicial da cuenta que la Sala Penal Permanente de la Corte afirmó que su arraigo domiciliario es “incierto” y el peligro de fuga del investigado se encuentra “vigente” y “agravado”.

“Se valoró que tanto la esposa como los hijos del recurrente se encuentran asilados por el Gobierno mexicano, por lo que el arraigo familiar no está probado”, se lee en la resolución.

En esta además, de afirma que “en cuanto al arraigo laboral expresado, resulta incierto y, en cuanto al arraigo domiciliario, pese a registrarse en Cajamarca, conforme a la ficha de Reniec, este se debilita debido a que, al no contar con los otros arraigos y más bien evidenciar una posible sustracción de la justicia dadas las facilidades de apoyo extranjero, tales arraigos resultan endebles”.

Por ello, declararon infundado el recurso presentado por la defensa del expresidente para invalidar la extensión de la prisión preventiva.

Según el documento judicial, el caso de corrupción por el que está siendo investigado representa una gran complejidad, pues abarca un esquema denominado macroinvestigación que involucra a más de 90 investigados y la revisión de expedientes técnicos en diversos municipios del país.

Dichas investigaciones, de acuerdo al diario La República, comprenden presuntos actos ilícitos cuando Castillo era presidente alrededor de compra de biodiésel por parte de la petrolera estatal Petroperú, presuntos sobornos en la licitación del Puente Tarata III y la emisión de un decreto de urgencia que habría priorizado obras en municipios.

Ante ello, la justicia peruana decidió extender la prisión preventiva del exjefe de Estado por un plazo de 12 meses adicionales, quedando vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.